La Justicia ha zanjado la cuestión: las competencias en Sanidad y asuntos sociales están transferidas a las comunidades autónomas, que son las responsables de la gestión de hospitales, centros de salud y residencias de la tercera edad. Para que lo entiendan Isabel Díaz Ayuso y Pablo Casado, entre otros muchos: el fiasco de los geriátricos españoles, donde han perdido la vida 19.400 personas, es atribuible única y exclusivamente a los Gobiernos regionales. La teoría de que el culpable de las muertes masivas por coronavirus es Pablo Iglesias, como cabeza visible del mando único en la pandemia, no se sostiene por mucho que se empeñe el Partido Popular. Hoy mismo la ex ministra de Sanidad, Ana Pastor, insistía ante los micrófonos de la Cadena Ser en esa falsa tesis. La reciente sentencia de un Juzgado de lo Social de Teruel que condena al Gobierno de Aragón por vulnerar los derechos laborales de los sanitarios durante la plaga de coronavirus, al no proporcionarles el material de prevención de contagios necesario, echa por tierra el gran montaje de las derechas.
La resolución judicial resuelve de esta manera la demanda presentada por la Federación Aragonesa de Sindicatos y Asociaciones de Médicos Titulares y de Atención Primaria (FASAMET). Como nota curiosa, el juicio se celebró en plena pandemia mediante videoconferencia. La Justicia condena a la Diputación General de Aragón (DGA), al Servicio Aragonés de Salud y al Instituto Aragonés de Servicios Sociales “por haber vulnerado los derechos de los trabajadores y empleados públicos de Teruel en materia de prevención de riesgos laborales al no proporcionarles los equipos de protección individual (‘epis’) adecuados para protegerse contra el SARS-Cov-2 y ante el riesgo de contagio e infección ante la enfermedad del covid-19”, según informa el diario Heraldo de Aragón.
De esta manera, el Juzgado de lo Social obliga al Gobierno aragonés a facilitar al personal sanitario del Grupo A (médicos y enfermeros) medios para prevenir contagios al personal de los centros sanitarios o asistenciales públicos, concertados o intervenidos por la DGA. Además, especifica el material que deberá proporcionar, que incluye mascarillas FFP2 o FPP3, protección ocular, guantes, gorros, calzas y gel hidroalcohólico. En conclusión, son las comunidades autónomas las que deben responder de la gestión sanitaria, ya que son ellas las que tienen transferidas las competencias.
El fallo se produce en medio de la ofensiva del PP y Vox contra el Gobierno de Pedro Sánchez, a quien las derechas consideran responsable último y directo de la propagación de la epidemia tras la manifestación del 8M y de la gestión en las residencias de ancianos. El portavoz del Grupo Popular en el Senado, Javier Maroto, ha señalado directamente al vicepresidente segundo del Gobierno como principal culpable, ya que ostenta el mando único durante el estado de alarma. A juicio de Maroto, fue el propio Iglesias quien se adjudicó las competencias en las residencias de mayores, de modo que fue “un irresponsable” por no “adoptar una sola medida”. En la misma línea acusatoria se ha movido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o Teodoro García Egea, secretario general del Partido Popular.
En realidad, el Real Decreto de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del covid-19 y la orden SND/265/2020 del Ministerio de Sanidad del 19 de marzo nada dicen acerca de que Iglesias desposeyera de competencias a las administraciones autonómicas. En la rueda de prensa convocada para presentar las medidas sanitarias del estado de alarma, el vicepresidente social dijo que “para el Gobierno es una prioridad absoluta responder a la situación que se está originando en los centros de mayores y este fondo de 300 millones de euros va a emplearse para este fin. Es urgente medicalizar estos centros reforzando a las plantillas con personal y elementos sanitarios con más recursos y muy importante, insisto, con equipos de protección individual para los profesionales de estos centros que van a adquirirse con este fondo. Ya estamos trabajando con el Ministerio de Sanidad para que los equipos lleguen cuanto antes”. Es decir, en ningún momento el vicepresidente asumió competencia sanitaria alguna de las autonomías, tal como denuncia la oposición.
Por si fuera poco, el Real Decreto del estado de alarma del 14 de marzo especifica en su artículo 6 que “cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma”. Es decir, las comunidades autónomas han mantenido sus atribuciones en la gestión de servicios sanitarios y sociales durante toda la crisis, aunque tuvieran que estar a lo que dictaran las medidas u órdenes ministeriales que se fueran emitiendo.
Pero es que además la mentira queda desmontada desde el mismo momento en que, en medio del brote epidémico y del desastre en los geriátricos, la propia Díaz Ayuso decidió retirar la gestión de las residencias de la tercera edad que recaía en la Consejería de Políticas Sociales dirigida por su socio Ciudadanos y encomendarla a la Consejería de Sanidad (en manos del PP). ¿Qué mayor prueba que esa para demostrar la falacia de las derechas y para acreditar que la política de residencias en Madrid, responsable de la muerte de miles de ancianos, correspondía al Gobierno de la señora Ayuso?
¿Queda claro «señores» fascistas?
No hay fascistas por aquí, vamos que ni los he visto, si le va la respuesta de alguien, yo le respondo, me sabe mal que se quede usted sólo. La respuesta: NO
Sabía que el Presidente era una mentira con patas conocido por toda España, lo que no podía imaginar es que también un diario soltase Fakes o mentiras igual. ¿La Justicia? que desinformativo e impreciso queda eso ¿Verdad? Pues ala, sois los únicos porque el resto de diarios no atribuyen esto a las CCAA. ¿Qué Justicia? ¿Qué sentencia ha dicho eso? Por lo menos ¿Qué Tribunal? No pueden ¿Verdad?. Ahora bien si se referían al Ministro de Justicia, podríaiss afinar más la información. En fin, todo un bulo.
Con lo que le cuesta a la justicia concluir el caso Popular
Es to más claro gua quien lleva la Sanidad
Las residencias de ancianos Y colegios Guarderías son las autonomías es muy fácil hecharles laculpa al último que llega
La recomiendo que lea el Boe, así se informará un poquito mejor y de paso puede aprender a escribir. Que hace daño a los ojos leerla.
El BOE está más que leído, no tienes razón y lo sabes.
El coleta comunista que se vaya ya ,no sirve para nada,se rie en la cara de todos los inutiles que le apoyaron,pobre gente que le apoya ,este se coloco bien y a los demas que sigan en la miseria.
Lamento mucho que algunos sean «ciegos».
Sebas7, no quieras tener la representación del pueblo español, muy y decidir por ellos, muy clasico de los fachas, rebate con datos lo que dice le articuló, el cual dice clarito un juzgado de Teruel, asi que como dice el refran a «Llorar a Cangas que es puerto de mar»
Vaya invent de artículo. Pura basura
Quién te ha visto y quién te ve Diario16…
Esto es más que claro loque pasa en mi comunidad la responsavilidad es para mí comunidad pero hay algunos asabiendas no quieren reconocer laberdad
Sebas 7. Desgraciadamente la mitad de este país sigue siendo fascista o lo que es lo mismo, franquista. La prueba la tienes en que la derecha sigue sin condenar el golpe de estado del Dictador Franco y sigue sin condenar los cientos de miles asesinatos franquistas, que a fecha de hoy siguen impunes y enterrados como perros en cunetas. La derecha sigue considerando a España y su bandera de su propiedad y no admite que sea gobernada por nadie que no sean ellos. Les guste o no, tenemos un gobierno legítimo elegido democraticamente por el pueblo.