La acusación particular había pedido a la juez del 8M, Carmen Rodríguez-Medel, la imputación del director del Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias (CCAES), el doctor Fernando Simón, por los delitos de desobediencia y denegación de auxilio en la autorización de la manifestación feminista que se celebró aquel día en Madrid. Sin embargo, la titular del Juzgado de Instrucción Número 51 de la capital concluye en una providencia acordada en las últimas horas que “en relación con don Fernando Simón Soria, hágase saber al denunciante que este procedimiento no se dirige frente al citado denunciado y, por el contrario, una consulta en la aplicación informática de estos mismos Juzgados de Instrucción de Madrid –véase la diligencia de constancia que antecede de la Letrada de la Administración de Justicia– evidencia que al menos dos juzgados diferentes tienen asuntos ya registrados en trámite contra el señor Simón indiciariamente por los mismos delitos recogidos en la ampliación de la denuncia que nos ocupa, debiendo en consecuencia presentar la ampliación ante dichos órganos jurisdiccionales y no ante este”. 

La jueza del 8M había recibido en las últimas horas una solicitud formal de imputación de Fernando Simón. Los abogados de las asociaciones de afectados pedían a la magistrada que solicitara los correos electrónicos que intercambió el Centro de Coordinación de Alertas Sanitarias con el Ministerio de Sanidad antes del estado de alarma.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid informan además de que el Juzgado de Instrucción número 51 de Madrid ha señalado para el próximo 11 de junio, a partir de las 15.30 horas, la declaración en sede judicial de siete testigos en el marco de la investigación por las concentraciones del 8M. Por otra parte, en la misma providencia de declaración, que se acompaña en archivo adjunto, admite la personación como acusación popular de la Asociación de Consumidores y Usuarios José María Mena, “si bien condicionada a la presentación de poder especial y prestación de mil euros en concepto de fianza”.

Además, deniega tener por ampliada la denuncia en relación con el conjunto de funcionarios de la Delegación del Gobierno a los que “sin identificar, imputa una serie de delitos contra la vida, la integridad física o contra el ejercicio de los derechos y libertades, toda vez que no hay indicios de que hayan cometido ninguno de los delitos enunciados”. Cabe recordar que la jueza ha acordado la citación como imputado del delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, para el próximo 5 de junio.

Por último, la instructora deniega la personación en la causa de Javier Fernández Torres, al no cumplir el escrito de personación con los requisitos exigidos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como de la asociación Derecho a Decidir por no cumplir tampoco con los requisitos exigidos en la ley para personarse como acusación popular y por dirigir su acusación contra Fernando Simón Soria, “que no ostenta la condición de denunciado en este procedimiento”.

La jueza Rodríguez-Medel investiga la posible incidencia que tuvo la manifestación del 8M en Madrid en la propagación de la pandemia por covid-19. En las últimas horas esta causa ha sido objeto de polémica a raíz de la filtración de los informes de la Guardia Civil, en la que se apunta a la posible existencia indicios de delito en la celebración de aquella concentración feminista. Los dosieres, plagados de errores, recortes de prensa amarillista y otros bulos, han desembocado en ceses y dimisiones de altos cargos de la Benemérita, como la del coronel Pérez de los Cobos, una decisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que está siendo aprovechada por las derechas para tratar de derribar al Gobierno de Pedro Sánchez.  

Rodríguez-Medel es la misma juez que investigó a Pablo Casado por la causa del máster que realizó en la Universidad Rey Juan Carlos durante el curso 2008-2009 y que el Tribunal Supremo terminó archivando al no apreciar “indicios consistentes” de su participación delictiva.

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1 Comentario

  1. ¿A estas alturas alguien duda de una actuación al unisono de sectores de extrema derecha de la judicatura las fuerzas armadas y de seguridad y con la base política de VOX y PP con la intención no ya de conseguir por la fuerza lo no conseguido en las urnas sino directamente de provocar una asonada golpista?

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