Hasta en tres ocasiones la magistrada que instruye el casa del accidente del metro de Valencia lo archivo. Han pasado doce años del siniestro, y es ahora cuando la jueza de Instrucción número 21 de Valencia, Nieves Molina, ha dado por finalizada de nuevo la investigación sobre el accidente de la Línea 1 del Metro de la capital del Turia,  que el 3 de julio de 2006 causó la muerte a 43 personas y provocó heridas a otras 47.

Procesa a la que fuera gerente de Ferrocarils de la Generalitat Valenciana (FGV), Marisa Gracia, y a otros siete directivos de la empresa en ese momento. Ha tomado esa decisión por orden de la Audiencia Provincial, que ordenó reabrir la causa, y de seguir adelante con la investigación con la toma de declaración como investigados de los exdirectivos.

En el auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la jueza hace un repaso a todas las actuaciones que ha llevado a cabo. En el escrito señala “que el accidente ocurrió como consecuencia de un exceso de velocidad” y que todos “los parámetros de seguridad eran los correctos y no se infringió normativa laboral alguna”. Alude  a informes periciales para “indicar que, cualquier tren de las características del accidentado, a 80 km/h, en el tramo en el que aconteció el accidente, volcaría cualquiera que fuese el estado de la vía».

La magistrada señala que “irremediablemente no puede atender las peticiones de sobreseimiento que han solicitado las partes a pesar de no haber hallado indicios de delito durante su instrucción”. Y descarta que “FGV incumpliera la normativa de seguridad laboral o que existieran deficiencias en la formación del maquinista que conducía los trenes y que falleció en el siniestro”. En el auto sostiene “que no se han detectado problemas en las dos unidades de tren articulado (UTA) implicadas en el accidente” e insiste en la ausencia “de normativa que obligara a instalar sistemas de seguridad en el metro de Valencia en los años previos”.

Los procesados, además de Marisa Gracia son Manuel Sansano, director de Operaciones; Juan José Gimeno, responsable de Auditoría para la Seguridad y Circulación; Luis Miguel Domingo Alepuz, jefe de Talleres de València Sud; Sebastián Argente, jefe de la Línea 1; Vicente Contreras, director adjunto de la Explotación; Francisco García, director técnico y miembro del Comité de Seguridad y Francisco Orts, responsable de estudios y proyectos, en esa fecha.

En el auto se detalla que en la citada resolución “queda excluido de declarar el jefe de talleres, que no era miembro del Comité de Seguridad”, aunque en la parte dispositiva del auto sí que se acuerda “que sea oído en declaración como investigado”.

En la resolución se indica que “las deficiencias detectadas en el material móvil (bogies, balonas y ventanas) pudieran ser indiciarias de la existencia de factores que podían aumentar por su propia naturaleza el riesgo del accidente, de lo que parece desprenderse que el procedimiento también debe continuar para el jefe de talleres”.

La juez da diez días al fiscal y a las acusaciones personadas a fin de que soliciten el sobreseimiento o apertura de juicio oral formulando escrito de acusación. Contra la resolución de la magistrada cabe recurso.

 

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