La imagen del Colegio de Arquitectos de Madrid sufre un daño irreparable con el “caso Monasterio”

El “caso Monasterio” ha provocado una profunda fractura y un daño irreparable en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM). Tras el escándalo, los titulares espectaculares y las horas de tertulias televisivas, lo que queda es que el asunto se ha terminado cerrando deprisa y corriendo, en falso, sin indagar demasiado en si, entre los años 2000 y 2009, la líder de Vox Madrid, Rocío Monasterio, firmó proyectos de obra sin tener la titulación, tal como asegura el diario El País. Es cierto que el COAM no puede actuar contra la diputada y portavoz del partido ultraderechista en la Asamblea de Madrid. Los estatutos del colegio establecen claramente que la Junta Directiva de la organización colegial solo es competente para sancionar una conducta determinada cuando se trata de un colegiado y la diputada de Vox no estaba dada de alta cuando se produjeron los hechos. Como también es cierto que de haberse producido alguna conducta irregular ya habría prescrito, según consta en los estatutos de la institución. De ahí que el resultado de la investigación interna abierta por el COAM no podía ser otro que el archivo del asunto, tal como ha ocurrido finalmente.

Sin embargo, el “caso Monasterio” deja en la opinión pública española –muy atenta a este asunto por la relevancia política de la afectada y por el auge que ha adquirido la extrema derecha en los últimos años−, un cierto regusto amargo, una extraña sensación relacionada con el hecho de que, una vez más, los poderosos controlan los resortes del poder y más tarde o más temprano terminan saliéndose con la suya. A esa impresión generalizada de que se ha echado tierra encima prematuramente, y de que se podría haber hecho mucho más para aclarar si Monasterio firmó aquellos proyectos arquitectónicos sin estar en posesión del título oficial, ha contribuido la cuanto menos insuficiente y tibia gestión del COAM, dirigido por la decana Belén Hermida, que el viernes trataba de sofocar el incendio al convocar una rueda de prensa urgente para decir que ella siempre ha defendido a sus colegiados del “intrusismo” (como no podía ser de otra manera) y para acabar reconociendo (quizá ya algo tarde) que firmar planos sin ser arquitecto es una “irregularidad”. No obstante, algunas dudas quedaron sobre la mesa, sin resolver, como si es cierto que la “hemeroteca revela al menos 11 artículos en los que la dirigente de Vox se presentaba en esas fechas como titulada sin serlo y que el COAM tuvo ya noticia en 2005 de que no era colegiada”, según revelan los periodistas del El País.

El intrusismo es una práctica que se da en todos los oficios y que compromete gravemente el principio de seguridad jurídica y el derecho de los consumidores a ser atendidos por profesionales con su debido título académico y su respectivo número de colegiación. El Código Penal tipifica como delito de intrusismo la siguiente conducta: “El que ejerciere actos propios de una profesión sin poseer el correspondiente título académico expedido o reconocido en España de acuerdo con la legislación vigente, incurrirá en la pena de multa de doce a veinticuatro meses”.

Firmar proyectos de obra sin la preceptiva titulación en una actividad tan compleja y delicada como la arquitectura es una grave irregularidad que supone una quiebra del sistema en todos sus niveles. Piénsese, por ejemplo, las consecuencias que podría acarrear que un edificio se viniera abajo y se descubriera que las licencias del inmueble no estaban en regla o que los arquitectos firmantes del proyecto no eran tales, sino intrusos. De ahí que cualquier Colegio, en este caso el de arquitectos, deba intervenir, hasta sus últimas consecuencias, para aclarar cualquier hecho que tenga que ver con un supuesto caso de intrusismo profesional. Y ahí es donde surge la gran pregunta: ¿Ha hecho el COAM todo lo que estaba en sus manos en el “caso Monasterio”? Quizá a nivel interno y administrativo sí, pero no a nivel judicial. Lo que pedían los arquitectos madrileños colegiados y la ética deontológica profesional, recogida en los estatutos, era que la propia decana hubiese actuado de oficio, instando a sus equipos jurídicos a llevar el caso a los tribunales, si es preciso, para que sean los jueces quienes diriman si ha habido alguna conducta reprochable con el consiguiente perjuicio para la imagen de la institución colegial. Una demanda, denuncia o incluso querella, en la que el COAM se personara como parte afectada o como acusación particular en defensa de los intereses de los profesionales, era lo que pedía este asunto. Ni más ni menos. Sin embargo, el equipo directivo de la decana (ellos sabrán por qué) ha preferido limitar el expediente a la esfera corporativa, privada, interna, extendiéndose la idea de que el COAM ha querido quitarse la patata caliente de este oscuro episodio que huele mal desde el principio.

No hace falta recordar que en los últimos tiempos se han dado abundantes casos de políticos implicados en falsificación de másteres y títulos universitarios y que algunos de ellos han terminado en los juzgados. El “caso Monasterio” debería haber seguido cuanto menos el mismo camino, aunque finalmente se demostrara que la diputada de Vox era inocente o que los hechos habían prescrito. En ese procedimiento se podría haber aportado como prueba el vídeo de una comparecencia judicial en la que Monasterio reconoce que no tenía la titulación cuando firmó aquellos certificados, tal como asegura El País.

En la rueda de prensa, la decana ha tenido que dar explicaciones no solo de por qué se ha archivado el asunto, sino de las últimas dimisiones que se han producido en su Junta Directiva, compañeros sin duda indignados con la gestión que el colegio profesional ha hecho de este caso. Al ser preguntada sobre cómo definiría la actitud de alguien que firma planos justificando que es arquitecto cuando no lo es, la decana solo ha podido responder que el Colegio defiende “a diario a sus colegiados del intrusismo” y que para ella Monasterio es “una colegiada más”. Con todo, ha terminado por comparar el caso con un médico o un abogado que ejerce sin serlo para calificarlo de “una irregularidad” (una irregularidad que va a quedar sin castigo, habría que añadir).

En cuanto a las dimisiones que se han producido a raíz del escándalo, la decana confirma que han sido tres los cargos que han decidido dejar sus puestos: el del secretario y dos vocales. Hermida recuerda que, según los estatutos, la Junta puede funcionar hasta con un mínimo de cinco personas, “y ahora son seis”. Pero que la organización colegial pueda seguir funcionando, aunque sea en cuadro, no significa nada. Lo más grave de todo es el “desprestigio” y la imagen del COAM, que queda por los suelos, por culpa de una gestión que no ha sido ni todo lo eficaz ni todo lo contundente que cabría esperarse de una organización seria y respetada como esta.