La guerra del taxi contra las empresas VTC es, en realidad, la lucha entre el pueblo contra las multinacionales, un conflicto que trasciende al propio sector puesto que es el reflejo de la pugna entre el servicio público contra la privatización que pretenden imponer desde los poderes económicos con la complicidad de los partidos políticos que sólo creen en la democracia si ésta es gestionada por las élites empresariales y financieras.

Sin embargo, cuando esa guerra ha pasado de las calles a los juzgados y éstos han empezado a admitir las demandas y querellas de los taxistas, se está produciendo una división interna en la que tiene mucho que ver la figura de Alberto «Tito» Álvarez, uno de los activistas que lideró la huelga de taxistas desde la asociación Élite Taxi de Barcelona, quien no está de acuerdo con las condiciones económicas y la estrategia legal del ex juez Elpidio Silva. No obstante, esa guerra abierta entre Silva y Álvarez puede romper la unidad que necesita el pueblo para poder hacer frente al poder económico y de influencias de las multinacionales.

Tal y como publicó Diario16, el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid admitió a trámite una de las muchas demandas del sector del taxi dirigidas contra cinco compañías de VTC: Cabify y Uber, que actúan como plataformas de intermediación, y Ares Capital, Cibeles Comfort Car y Gesstaxi Gestión, que son las verdaderas tenedoras de licencias.

Los demandantes eran más de mil taxistas profesionales representados por el ex juez y abogado Elpidio Silva. La demanda se fundamentaba en la acusación a estas compañías de competencia desleal. Los demandantes pedían el cese de su actividad y una compensación económica por daños y perjuicios. La admisión a trámite de esta demanda provocó que fueran interpuestas más en todo el territorio nacional que tuvieron, en gran medida el mismo camino, es decir, fueron admitidas a trámite.

Lo mismo sucedió con la querella criminal interpuesta por más de 2.000 profesionales del taxi contra diversas plataformas de vehículos de alquiler con conductor, entre ellas Uber y Cabify, por ocho delitos que van desde la estafa masiva hasta el blanqueo de capitales, pasando por la alteración de precios mediante engaño, administración desleal, contra la Hacienda pública y contra el derecho de los trabajadores, que ha sido admitida por el Juzgado Central de Instrucción número 3 de Madrid.

Este primer éxito profesional de los abogados del taxi, no obstante, se ha visto oscurecido por una guerra fratricida desatada en el sector para la gestión de unos posibles beneficios que no se esperaba que llegarían tan rápido.

Nada más saberse que la querella fue admitida a trámite por la Audiencia Nacional, Tito Alvárez, uno de los líderes que encabezó la huelga del pasado mes de febrero abandonó una de las asociaciones profesionales, bajo acusaciones de presunto fraude, para embarcarse en lo que él mismo calificó como un «proyecto personal». Lo cierto es que semanas después, el antiguo líder del taxi publicó una serie de tuits en los que cuestionaba, a veces entre líneas o de forma expresa, la labor de sus abogados y procuradores, poniendo en entredicho sus honorarios, y terminando por reconocer que ya se había puesto en contacto con otros profesionales.

El mismo despacho de Elpidio Silva renunció a la defensa de Tito Álvarez por el evidente conflicto de intereses que ha supuesto una noticia desvelada estos últimos días por la prensa, acerca de que “Tito” Álvarez podría haber simulado su condición de ex taxista, de lo que resulta entonces que podría tratarse de un fraude el papel que el activista habría desempeñado ante los medios de comunicación, y que incluso podría haber engañado a sus propios compañeros, y también a los abogados que defienden al sector en los distintos procedimientos judiciales.

A principios de este año se supo que unos compañeros suyos habían iniciado un  ‘crowdfunding’ para comprarle a “Tito” una licencia de taxi que no tenía. Meses más tarde se supo que el dinero obtenido se desvió para montar una empresa de intermediación que le sirvió al ex activista para abandonar la emblemática Élite Taxi (todo ello bajo acusaciones de fraude),  embarcándose en un proyecto personal que denominó, no sin cierta ironía, “Taxiproject”.

Este hecho provocó que ACODAP, una de las asociaciones de lucha contra la corrupción, denunció a Tito Álvarez por hechos que pudieran ser constitutivos de dos delitos de estafa y un delito de blanqueo de capitales.

Los hechos guardan relación con una información periodística aparecida hace escasos días, sobre los motivos de la renuncia de Elpidio Silva a la defensa del que hasta entonces era uno de sus clientes más emblemáticos, y que según la denuncia de ACODAP puede tener por motivo “el evidente conflicto de intereses que ha supuesto para el despacho de abogados una noticia recientemente desvelada también por la prensa, en la que se tacha al ahora denunciado poco menos que de ser un farsante, un embaucador que habría simulado una condición de taxista que no tiene, a pesar de lo cual estaría reclamando ante los tribunales de justicia unos perjuicios que en su caso serían inexistentes”.

Según la denuncia de ACODAP, «Tito» Álvarez “tiene antecedentes penales, y nunca tuvo licencia de taxi. Tampoco podía obtenerla al tener embargados todos sus bienes, de lo que resultaría entonces que la demanda que el ahora denunciado habría formulado ante los juzgados de lo mercantil reclamando indemnizaciones (haciéndose pasar por víctima de los VTC -Vehículos de Transporte con Conductor-), sin tener la condición de perjudicado, podría constituir un delito de estafa procesal del artículo 250.1.7º del Código Penal”.

Tito Álvarez, por su parte, declaró al diario El Español, en referencia a esta denuncia, que estaba a la espera de recibirla y que «pero cuando golpee no se van a levantar», declaraciones por las que Acodap se está planteando presentar una querella por amenazas contra el ex líder del taxi. Además, Álvarez, en una carta abierta, ha afirmado que «he cometido muchos errores en mi vida, pero JAMAS me aproveché de nadie, la dignidad se mide por tus actos y algunos que vais de abanderados de los derechos sociales y luchadores contra la corrupción se os va a caer la careta muy pronto».

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