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Las revoluciones ya no se hacen en barricadas y campos de batalla, sino en el territorio virtual del ciberespacio. También el ‘procés’, como movimiento social de insurrección popular, se ha librado tras las pantallas de los ordenadores. Unidades de delitos telemáticos contra hackers indepes; claves secretas, virus, bots y contraseñas en lugar de las armas convencionales. Así se desprende de los testimonios de los guardias civiles que pasaron por el Tribunal Supremo la pasada semana para declarar como testigos en el juicio al ‘procés’ y que han apuntalado aún más la teoría de la Fiscalía de que los 12 acusados cometieron un delito de rebelión.

Los agentes han desmontado el perfecto mecano que la Generalitat había construido a través de sistemas de financiación digital, conexiones con las asociaciones cívicas catalanas y sofisticados canales de comunicación para alentar a las masas en las calles. Todo ello culminó con la gran manifestación de protesta ante la Conselleria de Hacienda y la jornada electoral del 1-O.

Los guardias civiles han prestado declaración sin que trascienda su identidad –mediante sus números de placa− para garantizar su seguridad. Los agentes confirmaron que durante el día 1 de octubre, fecha de la consulta ilegal, un grupo de WhatsApp independentista publicó al segundo todas las noticias que se iban sucediendo en aquella convulsa jornada electoral, como la clausura de las páginas web que debían registrar el censo electoral y los resultados de la votación. En ese chat se llamaba a la ciudadanía para que “no se marchara nadie” de los colegios, aunque ya hubiesen votado, con el fin de “seguir impidiendo el paso a las fuerzas de seguridad” y “poder hacer el recuento” de papeletas al final de la jornada.

“Vamos a defender las escuelas”, arengaban los soberanistas en el foro digital, donde según uno de los guardias civiles se hablaba de levantar “barreras” para impedir la entrada de los antidisturbios. Los dos días previos al referéndum, explicó el guardia, también se movilizó a miles de manifestantes a través de ese grupo para que acudieran a los centros de votación de madrugada y evitaran así que los Mossos d’Esquadra pudieran cerrarlos a primera hora de la mañana, cuando se iniciara la jornada electoral. Según manifestó el testigo, entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre se enviaron numerosos mensajes de WhatsApp a través de ese grupo.

También se llamaba a la “movilización” allí donde los agentes llevaban a cabo registros policiales con mandamiento judicial, haciendo ver a los usuarios que “la Guardia Civil estaba atacando” a las instituciones catalanas. Sobre ‘cridaperlademocracia.cat’, una web que fue clausurada por la Guardia Civil el 27 de septiembre de 2017, un agente indicó que hizo un análisis del enlace de la página, que servía para adherirse a un grupo de WhatsApp con el objetivo de que los soberanistas pudieran “estar pendientes de todo”. Ese grupo era gestionado por Òmnium Cultural, una de las asociaciones civiles catalanas con mayor peso específico en el movimiento separatista. Entre los contenidos de los mensajes había uno que aludía a “las vías del tren”, que hizo sospechar a los guardias que aquello era un llamamiento a cortar las comunicaciones ferroviarias. “Todos los enlaces iban a diferentes dominios de la Generalitat”, apuntó el testigo.

En cuanto a ‘referendum.cat’, otra página de Internet, el agente explicó que se creó en 2006 pero estuvo inactiva hasta el 7 de septiembre de 2017, cuando se volvió a poner en marcha con motivo de la convocatoria del 1-O. Sobre ‘pactenacionalpelreferendum.cat’, el agente explicó que con toda probabilidad la creó un experto informático, pero en enero de 2017 pasó a ser de titularidad del CTTI (Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de la Generalitat). Un mes después, el dueño del dominio ya era la entidad soberanista Òmnium Cultural.

Este mismo agente, que forma parte de la unidad de la Guardia Civil contra la delincuencia económica en Cataluña, desmenuzó el análisis que realizó de diferentes páginas webs relacionadas con la convocatoria del referéndum. En concreto, mencionó tres: ‘pactenacionalpelreferendum.cat’, ‘referendum.cat’, y ‘cridaperlademocracia.cat’. Por otro lado, el agente afirmó que los líderes de las asociaciones cívicas avisaban a votantes y manifestantes de las “precauciones” y medidas de “seguridad extraordinarias” que debían adoptar, debido al “momento político” que se estaba viviendo. El clima era de auténtica revolución. Y eso se notaba en las conversaciones digitales entre cientos de personas.

Al menos 30 mensajes guardaban relación con “movilizaciones, reuniones, cuestiones económicas, algo que tuviera que ver con fraude o malversación o de interés para la investigación”, añadió otro testigo de la Benemérita. Uno de los agentes analizó hasta 3.000 correos electrónicos que se encontraban en las cuentas de los organizadores de la consulta. Un auténtico trabajo de chinos, una faena artesanal de ciberpolicía.

A su vez, otro agente confirmó que tuvo conocimiento de las investigaciones iniciadas en 2016 contra la Agencia Tributaria catalana, que estaba siendo investigada por recaudar fondos para la celebración del referéndum. Según el investigador, su función principal consistía en centrarse en “buscar un posible delito de malversación” entre los sofisticados entramados, circuitos informáticos y archivos de la Generalitat. El agente asegura que para registrar el despacho de Francesc Sutrias, director de Patrimonio de la Generalitat, se decidió entrar por el parking “por motivos de seguridad”. El testigo no recuerda si había documentos relacionados con la creación de nuevos cuerpos de seguridad en Cataluña, un paso previo imprescindible antes de la declaración de independencia y la constitución de la nueva república. Tampoco halló nada relacionado con un hipotético nuevo sistema judicial. Sin embargo, en los ordenadores se encontró abundante documentación relacionada con la creación de futuras estructuras de Estado.

Uno de los miembros de la Benemérita asegura que vio “muy nerviosa” a la secretaria de la comisión judicial que participaba en los registros en la sede de la Conselleria. Fuera, miles de manifestantes rugían contra la operación de la Guardia Civil, reclamando la independencia de Cataluña. “Vino muy nerviosa. Las manos le temblaban. Nos contó que previamente había tenido un hecho bastante violento”, explica uno de los agentes. Un cabo de la Guardia Civil asegura que les dijeron que si tenían problemas con los manifestantes “podían llamar a emergencias”.

Aquellos registros en el edificio oficial del Govern sirvieron para incautar tres correos electrónicos cruzados entre altos cargos de la Generalitat en los que se solicitaba fuertes aportaciones económicas a las asociaciones cívicas para financiar la campaña institucional en prensa denominada Civisme, que llamaba a los catalanes a votar el 1-O. El dinero para la revolución no debía salir de las arcas públicas o podían incurrir en un delito de malversación de caudales, de modo que la nueva República tendría que ser sufragada necesariamente con el bolsillo de los sufridos catalanes. Y todo ello a través de Internet, el arma más poderosa del Ejército de Puigdemont.

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