Las purgas son tan antiguas como el ser humano. Ya existían en la Roma de Julio César. Durante la Revolución Francesa, Robespierre las practicó a conciencia contra los enemigos de la República. A aquello se le llamó El Terror, una etapa negra y cruel de la historia de Francia y de la humanidad. La más célebre de todas fue la gran purga de Stalin de los años 30, aunque los nazis no se quedaron cortos en su Noche de los Cuchillos Largos. Afortunadamente, las purgas sangrientas fueron desterradas de España con la llegada de la democracia, tras cuarenta años de represión y torturadores como Billy el Niño.
No sabemos qué purga histórica será la favorita de Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, aunque conociendo el programa ultraderechista del partido verde podemos imaginarnos que allí son más del método del Tío Paco, o sea de la Brigada Político-Social. Serrano parece que añora los tiempos de las purgas, ya que ha reclamado al Gobierno andaluz los nombres y apellidos de todos los trabajadores destinados en las diferentes Unidades de Violencia de Género entre los años 2012 y 2019.
El diputado de Vox ha llegado a exigir una “relación detallada con nombres, apellidos, número de colegiados en sus respectivos colegios profesionales, si estuvieren dados de alta en ellos con la reseña de dichos colegios profesionales, y si no también, de todos los psicólogos, trabajadores sociales y médicos forenses que han integrado las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género”. También ha pedido los nombres de los miembros de los “equipos psicosociales de los juzgados de Familia y equipos de menores” en las ocho provincias de Andalucía en esos siete años. Según ha asegurado Serrano en una red social, estos funcionarios y empleados públicos “estarían violando sentencias” y además los jueces dictan sus resoluciones judiciales en base a informes de estos profesionales “no cualificados y altamente ideologizados”. El delirio del exjurista Serrano (que no es precisamente un juez de paz) se ampara en el artículo 7 del Reglamento del Parlamento andaluz, que según él obliga al Gobierno autonómico a facilitar la información personal de los empleados de la Administración, aunque respetando la ley de Protección de Datos.
No hace falta ser un avezado politólogo para intuir qué cosas haría Vox con esa información reservada: despedir a todo aquel sospechoso por feminazi; poner de patitas en la calle a cualquier servidor público que practique ese feminismo tan pernicioso para las mentes de los españoles; erradicar de las instituciones andaluzas toda ideología igualitaria que trabaje para lograr algún día la plena equiparación de derechos entre hombres y mujeres. Institucionalizar, en fin, el machismo como forma de poder político.
Susana Díaz ha sido la primera en denunciar la “purga, la persecución y las listas negras” que pretende poner en marcha la formación de “extrema derecha”. También ha dicho que Vox sabe “perfectamente” que esos trabajadores y trabajadoras –gente que está “currando para proteger la vida de otras personas”–, cuentan con una ley que les protege y ampara, además de una Constitución que está de su lado. Sin embargo, el partido de Abascal puede hacer mucho daño a los funcionarios señalándoles con el dedo para que cada uno empiece a avergonzarse de lo que hace y a ocultar a lo que se dedican.
Obviamente cuando la ‘Gestapillo’ de Vox localice a los proselitistas del feminismo no los pondrá delante de un pelotón de fusilamiento, como hicieron los dictadores de regímenes totalitarios con la disidencia. Hoy las cosas no se hacen así. En el siglo XXI el fascismo es mucho más sutil y refinado y no necesita mancharse las manos con la sangre de judíos, árabes, feministas, homosexuales, intelectuales o bolcheviques. Basta con arrebatarles el trabajo, basta con despedirlos, basta con condenarlos a la miseria, al gueto marginal y a la muerte civil. La cola del paro, el desahucio del hogar y la indigencia pueden ser castigos tan desmoralizantes y letales como el más lóbrego campo de concentración. Despedidos los funcionarios que deben aplicar las leyes de género ya solo quedará sustituirlos por otros acólitos y afines a la ideología ultra de Vox con sus respectivos comisarios políticos al frente de cada unidad. Y así es como, amputando los brazos al cuerpo de la ideología de género, liquidando a los vigilantes que trabajan día y noche y velan por el cumplimento de la ley de igualdad y contra la violencia machista, el corazón terminará parándose. El siguiente paso será derogar la normativa que sitúa a hombres y mujeres en pie de igualdad e implementar los antiguos testamentos patriarcales. Todo hasta fulminar un hermoso sueño: el de conseguir una sociedad mejor donde no quepa la discriminación por razón de condición sexual.
Finalmente, la “Gestapillo” que Vox pretende instaurar en la Administración Pública para detectar a los peligrosos opositores se implantaría también en otros departamentos, consejerías y ministerios. Dosieres secretos sobre trabajadores sociales que trabajen por los derechos de los inmigrantes, mayormente de los islamistas que buscan contaminar la pureza de la sangre española; expedientes equis sobre los médicos, psicólogos y sanitarios que se atrevan a pasar consulta con las promiscuas abortistas; informes concluyentes sobre todo aquel maestro o profesor que propague el adoctrinamiento contra la unidad de España en las escuelas y universidades. Toda una compleja y nutrida red de policía secreta al servicio del Estado totalitario. Ojos en cada oficina, oídos detrás de cada puerta y cada pared, bocas que delatan en cada despacho de las altas esferas. Y así hasta construir una negra pesadilla que todos creíamos felizmente superada.
No sólo le asiste el Derecho a VOX de solicitar esa lista por la Ley de Transparencia en relación con la actividad financiada con fondos públicos, sino que además, la Ley del Procedimiento reza que todos los empleados públicos deben estar identificados en sus actuaciones en procedimientos frente a los ciudadanos. Por lo tanto, el Juez Serrano obtendrá esa lista. Ahora bien, después de leer el artículo me surge la duda de si es la Gestapo la que aconsejó hacer esas leyes. Porque ambas son claras y se tienen que aplicar.