La Fundación Fundación Internacional de Derechos Humanos de Canarias ha emitido un comunicado en el que pide la implementación de una serie de medidas para la protección de los colectivos más vulnerables, comunicado que publicamos a continuación:

La situación de excepcionalidad por el COVID 19 exige una respuesta amplia y responsable. Mantener la mesura y ser conscientes de nuestra aportación al interés general, haciendo un uso responsable de la información que recibimos y que divulgamos, no difundiendo bulos ni noticias falsa, asegurándose que las fuentes que consultamos son fiables y verificables, y que siguen las recomendaciones de los organismos públicos y oficiales.

Desde el primer caso confirmado de Covid 19 en España que tuvo lugar el día 31 de enero de 2020 en la isla de La Gomera, un paciente ingresado en el Hospital Insular y que se había contagiado tras mantener contacto en Alemania con un enfermo por el virus de Wuhan, la pandemia se ha propagado con tal rapidez y virulencia en todo el territorio nacional que ha sido imposible establecer medidas de control eficaces para detener su avance. El Gobierno de España y las diferentes administraciones autonómicas ha realizado en estas últimas semanas un esfuerzo titánico, junto con los profesionales sanitarios, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas y todos los profesionales de los diferentes sectores primarios, secundarios y servicios que han hecho posible qu e el Sistema Sanitario no haya colapsado y haya podido estar a la altura de las exigencias, dentro de las circunstancias excepcionales que vivimos.

Sin duda alguna, estamos asistiendo a una situación excepcional en la que, en su mayoría, el conjunto de la sociedad española está siendo responsable y está comprometida con el Estado de Alarma que se ha impuesto; y que, gracias al arrojo y al esfuerzo de muchos ciudadanos y ciudadanas, vamos a poder superar. Pues, la ciudadanía unidad es más fuerte, más democrática y efectiva. Saldremos de esta, no hay ninguna duda. Pero lo que tenemos que ir anticipando es cuáles van a ser las medidas más adecuadas para poder resurgir como sociedad y reincorporarnos a la normalidad con las máximas garantías de seguridad y estabilidad. No podemos permitirnos una recaída, pero tampoco podemos permanecer impasibles indefinidamente.

Según datos del último informe del Estado de la Pobreza 2019, que ha presentado la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, existen en España más de un millón de personas en situación de especial vulnerabilidad, economía sumergida y exclusión social. A esta previsión hay que añadirle que más de la mitad de la población vive al límite de sus capacidades económicas y que, según las investigaciones aportadas, tampoco tiene solvencia suficiente para imprevistos un total de 12.188.288 personas el 26,1 % se encuentra en riesgo de pobreza.

La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ha explicado que a medida que el virus se propaga y se refuerzan las medidas sanitarias para frenar la propagación del virus, existen muchas formas en que el sistema alimentario mundial será puesto a prueba y sometido a tensión en las próximas semanas y meses. Con carácter internacional aún no se ha evaluado los posibles resultados que pueda tener la pandemia en la producción de productos de primera necesidad. Sobre todo, en aquellos países productores en los que se desconoce la incidencia de la pandemia en la población y, por lo tanto, en la posible producción a medio y largo plazo de alimentos.

Estos datos nos pueden mostrar la importancia de establecer, sin demora, una serie de medidas para asegurar el abastecimiento de productos de primera necesidad. Ya sean, a través del autoconsumo, primando esa vía por la posible incertidumbre que se pueda ocasionar en el mercado, a posteriori; como de procedencia exterior. Actualmente, el Ministerio de Agricultura cifra en más de ciento cincuenta mil puestos de trabajos los que se necesitan para cubrir de manera efectiva las necesidades de mano de obra en el campo español.

El paro total de la economía española supone un reto de carácter nacional y regional, más aún después de los datos publicados por el Ministerio de Trabajo. En primer lugar, porque el abandono histórico progresivo por parte de las diferentes entidades privadas y públicas de la innovación, desarrollo y valor industrial, ha convertido un país que no ha sido capaz de aguantar ni 15 días en una situación de valle económico y que arrojan unas cifras inciertas. Y por otro lado, porque la falta de generación de estímulos comerciales puede provocar a medio y largo plazo un quebranto en los presupuestos generales, regionales y locales que incidirán negativamente en la capacidad para prestar servicios sociales, por parte de las instituciones públicas, así como en la actividad económica, en el empleo, en la deuda y en el déficit del Estado y en el de las Comunidades Autónomas. El Gobierno, a su pesar, ha asumido la decisión más correcta y más razonable que podía tomar. Pero deberíamos ir previendo, en aquellos sectores y actores sociales más desfavorecidos, los posibles escenarios que se podrían suceder y que pueden implicar una inestabilidad en el sistema democrático, social y de derecho, así como en las diferentes estructuras que lo constituyen. Según la OCDE, por cada mes de confinamiento, las economías sufrirán una pérdida de unos dos puntos de PIB.

Este marco que a priori se establece, generado por la actual coyuntura estacional que estamos viviendo, nos hace prever que el resto de los países tendrá una situación social y económica parecida a la nuestra.

Sobre todo, en el plano básico y en el concerniente a la destrucción del estado de bienestar y en la producción y generación de riquezas por parte de los Estados. Teniendo en cuenta los parámetros ya mencionados, el espacio que se puede estar fraguando al calor de la crisis del COVID 19, nos hace predecir los diferentes escenarios a los que nos podemos enfrentar.

En un primer momento, antes de que las familias más desprotegidas empiecen a sufrir sus diferentes situaciones de desamparo y desprotección social, se debería empezar la distribución de productos de primera necesidad, siendo prioritaria su ejecución tan pronto sea posible, a fin de evitar escenarios más extremos en los hogares. La tramitación de las ayudas sociales establecidas por el Gobierno, bien encauzadas, deben seguir la tramitación administrativa correspondiente. Pero mientras que se dan curso a las solicitudes, se debería prever dar respuestas a las posibles situaciones de indefensión social que más se acusen: familias con hijos y/o con personas a cargo, migrantes, personas en situación de exclusión social sin ingresos ni atribuciones posibles, etc.

En caso de que, como los últimos datos confirman, estemos ante el cambio de tendencia de contagios en España y las Comunidades Autónomas vayan depurando a mejor la situación de emergencia nacional, es posible que se pudiese valorar aplicar el Estado de Alama parc ial, contemplado en el marco jurídico y con validez legal, y siempre siguiendo las indicaciones del Ministerio de Sanidad y de los órganos competentes. Existen regiones como Asturias, Canarias, Baleares, Cantabria, Murcia, Melilla y Ceuta, cuya incidencia son menores y muestran una tendencia al control del virus, antes que en el resto del territorio nacional. Pudiendo incluso recibir, sus sistemas sanitarios, enfermos de otras comunidades, a fin de aliviar la presión sobre los otros sistemas sanitarios auto nómicos y, aún más, sobre el personal sanitario que está involucrado en la erradicación de la pandemia.

La apertura parcial del territorio podría ofrecer también oxígeno a la economía del país, puesto que estas Comunidades podría empezar a dejar el paro t otal de la industria y reincorporarse al panorama económico, lentamente, pero con paso firme. Sería factible la apertura de los sectores primarios, secundarios y servicios, siguiendo las indicaciones de los organismos públicos habilitados al efecto. Se podría vincular a un proceso progresivo de apertura de la libertad de circulación y de confluencia de la ciudadanía, en lugares públicos y privados. A la vez que se amplía la movilidad de la ciudadanía, de manera gradual. Primero, aumentando el espacio de movimiento de las personas, paulatinamente, desde el lugar de residencia; pasando a realizar algún tipo de actividad deportiva de forma individual, hasta llegar, como última instancia, a la reactivación de los eventos públicos, deportivos y agrupaciones, como una prioridad postrera.

En aquellos núcleos de población que se dediquen al turismo, podría evaluarse absorber el flujo turístico, integrando como medidas de protección los test de detección precoz del COVID 19 en los aeropuertos, puertos y estaciones de trenes y manteniendo un protocolo de cuarentena estricta atendiendo a la observación de síntomas como lo son la tos seca, fiebre y dificultad respiratoria. Junto con las medidas ordinarias de protección: metro y medio de distancia, higiene de manos, elementos de protección cara, cuerpo y manos, desinfección y esterilización de las zonas comunes y de trabajo.

En este sentido y, una vez resueltas las necesidades más prioritarias, sería muy importante considerar indispensable el refuerzo económico y humano en la Sanidad, Educación e Investigación pública, así como considerar como primordial, una mayor valoración e incremento en la formación humanística. Necesitamos una sociedad crítica que sea capaz de afrontar los retos de las nuevas sociedades, una vez terminado este periodo encomioso, para construir una ciudadanía ética y moral que fundamente sus principios y sus valores en la Carta de Declaración de los Derechos Humanos y que sea encarar un futuro más sostenible, justo y respetuoso.

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