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La Fiscalía pide prisión permanente revisable para la asesina del pequeño Gabriel Cruz

El fiscal solicita que Ana Julia Quezada abone una indemnización de 300.000 euros para cada uno de los padres, en concepto de reparación por el daño moral causado y por el mismo delito la cantidad de 160.000 euros a la abuela paterna

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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La Fiscalía de Almería ha solicitado la prisión permanente revisable por el delito de asesinato con alevosía para la acusada Ana Julia Quezada Cruz, autora confesa de la muerte del menor Gabriel Cruz el 27 de febrero de 2018 en la pedanía nijareña de Rodalquilar, en Almería.

El asesinato del pequeño causó una gran conmoción, mientras Almería se volcaba en su desaparición y la asesina confesa, pareja del padre, participaba en las labores del búsqueda y siempre se mostraba entregada a la causa del padre del malogrado niño.

El escrito provisional de la calificación del Ministerio Público ha sido remitido al Juzgado de Instrucción número 5 de Almería, previo a la apertura del juicio oral en la Audiencia Provincial ante un tribunal con jurado, según ha informado la Fiscalía Superior de Andalucía.

El escrito del Ministerio Fiscal también formula acusación por dos delitos de lesiones psíquicas producidas a los padres y pide diez años más de prisión, cinco por cada uno de ellos, y la prohibición de comunicación o aproximación a una distancia de un kilómetro durante 30 años.

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Indemnización

Como responsabilidad civil, la Fiscalía solicita que la acusada Ana Julia Quezada abone una indemnización de 300.000 euros para cada uno de los padres, en concepto de reparación por el daño moral causado y por el mismo delito la cantidad de 160.000 euros a la abuela paterna.

También incluye el pago a los progenitores Patricia Ramírez y Ángel Cruz en la cantidad de 170.000 euros, 85.000 euros por cada uno de ellos, en concepto de lesiones psíquicas y secuelas y por los gastos médicos-farmacéuticos acreditados.

OPERATIVO DE BÚSQUEDA VALORADO EN 200.000 EUROS

La fiscal también solicita el pago de 200.203 euros por los gastos generados en el amplio despliegue operativo que se puso en marcha en la búsqueda del menor desaparecido durante once días, según consta en el escrito consultado por Europa Press.

El escrito del Ministerio Fiscal también formula acusación por dos delitos de lesiones psíquicas producidas a los padres

El escrito de calificación fiscal indica que el asesinato se produjo el mismo día de la desaparición por asfixia mecánica por sofocación al obstruir los orificios respiratorios de boca y nariz utilizando una «fuerza desproporcionada» con respecto a la del menor hasta vencer la resistencia de la víctima.

«Con la finalidad de encubrir su actuación criminal –señala el escrito fiscal– la acusada ocultó el cuerpo en una pequeña fosa que cavó en la zona exterior de la finca y lo cubrió de tierra y piedras» y «trasladó, posteriormente, las prendas de vestir de la víctima hasta un contenedor de vidrio de la barriada de Retamar siendo localizadas por la Guardia Civil en su investigación».

La calificación del Ministerio Fiscal alude a la aptitud mantenida por la acusada durante el periodo de búsqueda del menor, de «aflicción, compungida y apesadumbrada, involucrándose en las batidas de búsqueda en una clara actitud de simulación, fingimiento y farsa, pública y notoria con absoluta frialdad de ánimo», todo ello destinado a disipar cualquier duda o sospecha sobre su implicación en la desaparición del menor, según ha apreciado.

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