La Fiscalía del Tribunal Supremo estaría estudiando la posibilidad de recurrir el escrito de procesamiento del juez instructor, Pablo Llarena, para investigar al president Puigdemont por delito de desórdenes públicos después de que haya desaparecido la sedición como delito del Código Penal. El escrito de calificación de Llarena propone la investigación del president por delito de desobediencia y malversación, pero no ya por el de desórdenes públicos, que sería el que habría quedado vigente tras la eliminación de la sedición.
Según ha informado Elnacional.cat, la Fiscalía estaría analizando si los hechos del 1 de octubre de 2017 encajarían con el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, para no dejar la actuación de Puigdemont «despenalizada», como criticaba el propio juez instructor, Pablo Llarena, en su escrito.
El nuevo tipo delictivo está castigado con penas de prisión de 3 a 5 años de prisión, y hasta 8 de inhabilitación para los autores y autoridades que, con multitud u organización actúen para afectar gravemente al orden público.
Llarena argumentaba en su escrito que no cabía aplicar este delito porque la intención de los encausados «fue de desbordar el orden constitucional y conseguir, directa o indirectamente, pero fuera de las vías legales, un nuevo orden territorial y político».
Fuentes jurídicas consultadas por Diario16.com consideran que, además, iría contra los principios fundamentales del ordenamiento jurídico español el hecho de aplicar un nuevo delito por unos hechos cometidos cuando dicho delito no estaba redactado de esta manera. Es decir, que la ley nueva no puede penar hechos cometidos antes de su entrada en vigor.
