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La Fiscalía archiva la causa que acusaba a Aragonés, Pontón y Rodriguez por criticar a los Borbones: es libertad de expresión

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Los dirigentes del BGA, ERC y Adelante Andalucía, Ana Pontón, Pere Aragonés y Teresa Rodriguez habían sido denunciados a comienzos de esta semana por injurias a la corona. Había sido presentada por la Asociación Concordia Real Española.

El motivo habían sido distintas declaraciones públicas realizadas por estos dirigentes políticos. Concretamente, Pere Aragonés dijo que «los Borbones son una organización criminal», «la Monarquía sólo puede ser corrupta por definición» y «hay que hacer caer este régimen y esta Monarquía». Teresa Rodriguez afirmó que «Juan Carlos I es un ladrón, pero su hijo Felipe VI también», «los ricos nos roban y la Monarquía puede hacerlo impunemente» o «la Monarquía es corrupta hasta el tuétano». Ana Pontón dijo que «no hay incienso ni botafumeiro que tape la podredumbre de la Casa Real y no vamos a parar hasta que juzguen a los Borbones por ladrones y por ocrrupción».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado hoy el archivo de la causa, al considerar que las declaraciones insultantes entran en el terreno de la crítica y no revisten carácter delictivo. Señala que una crítica agria e incluso rechazable en este caso no tiene recorrido penal.

Señalan para el archivo la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y del Tribunal Constitucional, en la que se impone una especial protección a la libertad de expresión.

Estrasburgo ya condenó a España a indemnizar a Otegi

El tribunal de Estrasburgo condenó a España a que indemnizase a Arnaldo Otegi: fue condenado cuando era portavoz de su formación política en el Parlamento Vasco y dijo que el rey «era el jefe de los torturadores». Una condena que no tuvo respaldo en Europa.

El Tribunal Constitucional también defiende de manera especial la libertad de expresión. Lo ha hecho incluso en un caso en el que se había condenado por negar el genocidio en el holocausto nazi contra los judíos, según recuerda El Confidencial. Concretamente, en dicha sentencia se señala inconstitucional el castigo penal de la negación de estos actos, expresiones que para el Constitucional no constituyen delito. La libertad de expresión es válida, también, para las ideas que «contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte de él».

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