La Fiscal General del Estado decidida a acabar con las corruptelas en las fiscalías

La Fiscalía General del Estado ha abierto un expediente disciplinario nada menos que al fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzas, la máxima representación del Ministerio Fiscal en esa Comunidad Autónoma, y al fiscal jefe de Ourense, Florentino Delgado.

Lo que se dirime es una denuncia de la abogada Elena Díaz Valverde, que actuaba en defensa de la ex concejal socialista de Ourense , Áurea Soto,  contra el ex alcalde ‘popular’ Manuel Cabezas, regidor de esa ciudad hasta 2007, al que se le acusaba de no exigir a promotores la cesión urbanística del 10%.

En marzo de 2018, la abogada de Soto, Elena Díaz Valverde, denunció ante la Fiscalía Superior de Galicia la “inactividad” del fiscal sobre esa denuncia de 2014, y el organismo gallego remitió el expediente al propio fiscal jefe de Ourense para que “se investigase a sí mismo”, y entonces éste como represalia decidió arremeter contra la propia abogada de la denunciante, por un supuesto delito de desobediencia.

Según ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el Juez Fernando Presencia, “con esta nueva investigación se pretende desmantelar definitivamente desde la Fiscalía General el entramado de relaciones sospechosas de los fiscales con la corrupción urbanísticas en algunos territorios del Estado”, como ya ocurrió con la destitución del que fue desde el año 2013 fiscal jefe de Toledo, Luis Ibáñez Cuesta, por supuestamente encubrir al fiscal decano de Talavera de la Reina, Ángel Demetrio de la Cruz Andrade, que construyó su chalet en el cauce de un río perteneciente al dominio público hidráulico, todo ello “bajo la sospecha de sobornos y blanqueo de capitales” según podía leerse en la denuncia que le fue  presentada, y que terminó con la orden de demolición del chalet en el año 2009 por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Después, según la misma asociación, “le tocó el turno al fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, por tratar de encubrir la responsabilidad civil del ex fiscal coordinador de Arrecife, Miguel Pallarés, que tiene construido parte de su chalet (en concreto unos 250 metros cuadrados) en suelo rústico de protección ecológica en la Urbanización ‘La Bufona’, lo que ya ha provocado una primera condena, que luego fue anulada, por un delito contra la ordenación del territorio”.

Según el Juez Presencia “el error del juzgado de instrucción de Arrecife habría sido inducido por la propia fiscalía, que pidió la responsabilidad civil subsidiaria y no la directa –como partícipes a título lucrativo- de los actuales propietarios de las viviendas afectadas por la demolición, que en definitiva son los únicos que podían cumplir la sentencia” y que en ese sentido, sigue diciendo la asociación que es experta en delitos de corrupción urbanística “podría decirse que la actuación cuando menos negligente del fiscal jefe de Canarias, Vicente Garrido, al tratar de encubrir la responsabilidad civil directa de su compañero, el ex fiscal coordinador de Arrecife Miguel Pallarés, enmascarándola como responsabilidad civil subsidiaria, habría sido la causante del embrollo judicial de ‘La Bufona’ que lleva sin resolverse la friolera de casi 20 años”.

Por lo que respecta al fiscal jefe de Ourense, lo que se dirime ahora en el expediente disciplinario es una falta disciplinaria grave por “retraso injustificado”, una falta disciplinaria muy grave de “abuso de la condición de Fiscal para obtener un trato favorable e injustificado de profesional”, una falta muy grave “de inobservancia del deber de abstención” por “tener interés personal” en ese expediente, así como una falta grave de “desconsideración respecto de la abogada”.

En el caso del fiscal superior de Galicia la apertura del expediente se produce por “una falta muy grave de desatención, o alternativamente una falta disciplinaria grave de infracción de deberes inherentes a la condición de fiscal”, por un “muy grave descuido” al dejar de atender las quejas por “abuso de autoridad” o “por no ejercer las facultades de dirección e inspectoras del cargo de Jefatura”.