La Proposición de Ley de «bebés robados» en el Estado español es fruto de un largo proceso que se inició en 2017. La impulsa y promueve la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAqua) a propuesta de «Todos los niños robados, son también mis niños», asociación integrante de la entidad. En estos momentos cuenta con la participación activa de un gran número de organizaciones de víctimas por el robo de bebés de diferentes zonas de España y el apoyo de asociaciones tanto estatales como internacionales en defensa de los Derechos Humanos, como la Asociación Pro Derechos Humanos de España (APDHE), Amnistía Internacional y la Red Argentino Europea por el Derecho a la Identidad, representantes de las Abuelas de la Plaza de Mayo en España. A ellas se han sumado, a lo largo de estos años de lucha, numerosas entidades memorialistas, feministas y académicas, que este domingo se han concentrado frente al Congreso de los Diputados.
Debido al dolor que ha causado el drama del robo de bebés en nuestro país y que todavía permanece, la CeAqua considera que es necesaria «una respuesta unitaria, común, colectiva y decidida». Por eso ha exigido a los grupos políticos del Congreso «y especialmente a aquellos que conforman y apoyan al actual Gobierno de coalición», la finalización inmediata del trámite de enmiendas para que la Proposición de Ley continúe sin más demora su proceso parlamentario «hasta la aprobación definitiva en esta legislatura».
Al tiempo reivindican que la Ley que resulte aprobada respete y no desvirtúe el texto original de Proposición de Ley sobre «bebés robados» en el Estado español, «puesto que es el que ha recabado un enorme consenso social y político tanto en su elaboración como en el inicio del procedimiento parlamentario para su tramitación».
Dos años de bloqueo en el Congreso
Una vez registrada y tomada en consideración la Proposición de Ley por el Congreso de los Diputados, el 17 de septiembre de 2020 se inició el trámite de enmiendas. Más de dos años después continúa «completamente bloqueada, sometida a sucesivas prórrogas para la presentación de enmiendas, lo que evidencia una inequívoca falta de voluntad política para la aprobación definitiva de la Ley», denuncia CeAqua.
En palabras del abogado Jacinto Lara, «estamos hartos y hartas de palmaditas en la espalda, de fotografías en la escalinata del Congreso de los Diputados, de que se creen comisiones en el Senado absolutamente inefectivas, cuando lo que tienen que hacer es darle un impulso definitivo a la tramitación de la Proposición de Ley».
«Déjense de ejercicios de cinismo político»
Lara ha instado a todos los partidos y al Gobierno a que «se dejen de ejercicios de cinismo político» y ha confesado que, a pesar del cansancio, éste «no se va a traducir en dejación. El compromiso va a seguir. La demanda va a continuar. Nos van a tener enfrente»
La necesidad de que se apruebe la Ley aparece incluso en el Preámbulo de la Ley de Memoria Democrática de 2022 en la que específicamente se afirma, respecto al robo de bebés, que «dada su extensión y complejidad, al necesario tratamiento integral que merece este fenómeno desborda tanto el ámbito temporal de esta ley como su objeto, a pesar de lo cual se les incluye en las medidas que la ley contempla para las víctimas».
La importancia de esta Proposición reside en la gravedad que alcanzan los crímenes de robo de bebés en España, que se suceden en un espacio temporal de más de 50 años por todo el territorio del Estado. Por ello, esta Proposición de Ley tiene como objetivo garantizar el derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición -pilares del Derecho Internacional de los Derechos Humanos- a las víctimas del delito de robo de bebés.
Naciones Unidas y el Parlamento Europeo
De hecho, son varios los organismos de Naciones Unidas que se han visto compelidos a intervenir, como el Comité de la Desaparición Forzada, el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, el Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la Relatora Especial sobre la trata de personas, especialmente mujeres y niños, y el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.
De igual forma, el Parlamento Europeo mostró interés por el asunto y envió la Misión de la Comisión de Peticiones, cuyo resultado fue la elaboración de un informe con 31 recomendaciones, publicado en noviembre de 2017.
La aprobación de esta Proposición supondría que España «cumpliría por fin los criterios y las recomendaciones de Naciones Unidas y el Parlamento Europeo, al establecer criterios y mecanismos homogéneos de actuación en todas las Comunidades Autónomas, crear y coordinar distintas instituciones y organismos que puedan impulsar y desarrollar las investigaciones y procedimientos necesarios para el efectivo esclarecimiento de los delitos», afirma Maite Parejo, abogada y encargada de dar lectura al manifiesto.
Contenido de la Ley
Las medidas más importantes que recoge el texto de la Proposición de Ley se relacionan con la consideración del robo de bebés como delito de lesa humanidad; el reconocimiento de la condición de víctimas para los afectados por este crimen, hasta cuarto grado de vinculación familiar; el derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados, entre ellos los de clínicas y hospitales y los de la Iglesia Católica; la creación de una fiscalía especializada; la creación de una unidad de policía judicial; exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia; la creación de un banco único de ADN, cuyas pruebas serán gratuitas; una base de datos de víctimas; una Comisión Estatal por el derecho a la Identidad; la atención médica, jurídica y psicológica gratuita, y campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos para que este crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse.
Muestras de apoyo
Entretanto, la Proposición de Ley y el acto convocado en Madrid han recibido muestras de apoyo de La Ronda de Madres de la Plaza de Mayo; Claudio Capuano, coordinador de la Cátedra Libre de Salud y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires; Alicia Borrachero, actriz; Esteban Beltrán, presidente de Amnistía Internacional España; Julieta Bandirali, integrante del equipo jurídico de CeAqua en Argentina; Luciano Hazan, miembro del Grupo de Trabajo de Desapariciones Forzadas e Involuntarias de la ONU; Estela Barnes de Carlotto, presidenta de la Asociación Abuelas de la Plaza de Mayo; Carlos Olalla, actor; Ximena Vera, directora teatral; Aitana Sánchez-Gijón, actriz; Paco Lobatón, periodista y presidente de la Fundación QSD, Javier Ríos, actor y director, o Carla Antonelli, política y activista por los derechos LGTBIQ+.
Mi querida España
Durante su intervención, Antonelli se ha dirigido a los asistentes para afirmar que «¡este país tiene que cerrar estas heridas ya!». Tras recitar los versos de la canción «Mi querida España» de Cecilia, «esta España mía, esta España nuestra/ De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta», ha dicho: «Esta Ley es sobre las carnes abiertas. Es una cuestión de orgullo, de dignidad, pero sobre todo, de decencia política. Este Congreso de los Diputados de todos, de todas y de todes los españoles tiene que devolveros vuestra dignidad. Qué esta pesadilla se acabe hoy, de una vez por todas. Y lo vamos a pelear por todas aquellas personas que también se fueron».
