La falta de Gobierno no es beneficiosa para el país, pero por lo visto sí puede serlo para los imputados por corrupción. El fiasco en la negociación entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y la consiguiente repetición de elecciones, supone un balón de oxígeno para los abogados defensores, que podrán seguir acogiéndose al plazo máximo de seis meses de instrucción de los sumarios establecido en el 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), un artículo que fue diseñado a la carta por el PP en tiempos de Mariano Rajoy y su ministro de Justicia Rafael Catalá.
La semana que entra podría haber sido decisiva para la futura derogación de aquella polémica reforma acometida en 2015, ya que según fuentes de Europa Press el próximo martes Unidas Podemos volverá a llevar al Pleno del Congreso de los Diputados una proposición de ley para tumbarla. El Parlamento ya aprobó en mayo de 2017 (con el voto en contra de los populares) la toma en consideración de esa propuesta, pero la iniciativa sufrió hasta 67 ampliaciones de los plazos de presentación de enmiendas sin que llegara a tramitarse. Posteriormente, la disolución del Congreso con motivo del adelanto electoral condenó su tramitación. Y ahí ha quedado, durmiendo el sueño de los justos por el bloqueo institucional, como tantas otras leyes paralizadas en los últimos años.
Fuentes políticas aseguran a Diario16 que la iniciativa de Podemos “bien puede que no tenga recorrido parlamentario si finalmente no hay un acuerdo que permita la investidura del líder del PSOE, Pedro Sánchez, como presidente del Gobierno, evitando así la repetición de las elecciones generales”. Es decir, de nuevo nos encontramos ante un proyecto de ley fundamental (en este caso para la lucha contra la corrupción) que casi con toda seguridad volverá a meterse en el cajón por la falta de acuerdo entre Sánchez e Iglesias. Con todo, lo más grave es que reformas similares, tan importantes o más que la necesaria derogación del artículo 324 de la Lecrim, probablemente también caerán en saco roto en las próximas semanas de consumarse la ruptura entre ambos líderes políticos.
El país necesita con urgencia todas esas iniciativas reformistas, como también necesita unos nuevos presupuestos generales del Estado mucho más sociales que los de Rajoy, que se irán prorrogando mientras no se constituya un Gobierno estable. De haberse alcanzado ya un acuerdo entre los dos principales partidos de la izquierda española −bien para formar un Gobierno de coalición PSOE/Podemos, bien para que gobiernen los socialistas en solitario con apoyos puntuales de la formación morada−, la situación sería muy distinta, ya que ambos partidos podrían empezar a trabajar juntos en la derogación de todas aquellas leyes lesivas para los derechos y libertades de los españoles que puso en marcha el autoritario gabinete Rajoy. Piénsese por ejemplo en la retrógrada ley de reforma laboral del PP; en la represiva ley mordaza del ministro Jorge Fernández Díaz más propia de un país dictatorial que de un Estado democrático de Derecho; o en el incomprensible bloqueo a la ley de eutanasia.
Lamentablemente, Sánchez e Iglesias siguen instalados en el cortoplacismo y en la estrategia electoral y ambos serán responsables de que, en lugar de que el país vaya restableciendo las parcelas de democracia perdidas tras años de nefastas políticas populares, vayamos a unas nuevas elecciones de incierto resultado que podrían dar oxígeno a la hoy noqueada derecha española.
De momento, tal como se preveía, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de Mariano Rajoy que limitó a seis meses el plazo de instrucción para los casos penales ha permitido que decenas de escándalos políticos por corrupción no hayan podido ser investigados hasta sus últimas consecuencias. El último bochorno para la Justicia española, que incluso ha provocado las airadas críticas de las asociaciones de jueces, fiscales y funcionarios, ocurría hace solo unos días en la Comunidad Autónoma de Murcia a cuenta del turbio caso de la desaladora de Escombreras (Cartagena), una adjudicación que dejó un supuesto agujero de 600 millones de euros en la que tomó parte ACS, la constructora del presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, tal como informó Diario16 en su edición del 8 de septiembre.
Gracias a esa polémica medida, la reforma del 324, el Ministerio de Justicia que entonces dirigía el popular Rafael Catalá benefició a numerosos altos cargos del PP, que ya no tendrán que dar las explicaciones pertinentes sobre sus decisiones políticas en sede judicial. Uno de ellos es el expresidente regional Ramón Luis Valcárcel, hoy aforado como diputado del Parlamento Europeo. Valcárcel ha quedado libre de cualquier investigación judicial y todo porque se ha superado la frontera legal de seis meses de instrucción. Ese límite temporal también posibilitó que el expresidente de Murcia Pedro Antonio Sánchez, del PP, fuera absuelto del caso Pasarelas porque el magistrado dejó pasar los plazos y la Fiscalía pidió tarde la “declaración de causa compleja” para poder ampliarlos, añade Europa Press.
A nadie se le escapa ya que el acortamiento de los procesos en fase de instrucción de la reforma Catalá, unido a la falta de inversión en medios humanos y materiales en la Administración de Justicia, ha sido un buen paraguas que ha beneficiado a decenas de imputados por delitos patrimoniales, fraudes, corrupción y crimen organizado, una herramienta impagable que además de introducir gran “inseguridad jurídica” en los juzgados y tribunales españoles ha entorpecido la investigación de sonados escándalos. Ahora entendemos lo que quería decir la ex fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, cuando alertó en su día de que la reforma del PP planteaba importantes “zonas de penumbra”.
