Jesús Santos Gimeno (Madrid, 1981), actual teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón por Unidas Podemos – Ganar Alcorcón y portavoz de Podemos Comunidad de Madrid, es un joven trabajador que está en política para cambiar el mundo. Fue activista en diferentes movimientos sociales en Alcorcón, así como en centros sociales. A pesar de haber cursado estudios de Administración y Dirección de Empresas y Trabajo Social, comenzó a trabajar pronto, como muchos jóvenes de nuestro país, concretamente con 16 años en el sector de la hostelería. También trabajó en el sector de la construcción hasta lograr entrar en Esmasa, la Empresa de Servicios Municipales de Alcorcón, de la que hoy es presidente. Está casado y tiene tres hijos.

Diario16 ha hablado con él para repasar la actualidad que se vive por la pandemia del Covid19, tanto a nivel municipal, como autonómico y nacional.

¿Cómo catalogaría la gestión que está haciendo Díaz Ayuso de la crisis sanitaria?

En primer lugar, me gustaría romper una lanza en favor de toda persona que haya tenido que enfrentar esta crisis desde un puesto de responsabilidad política. Ya sea en el Gobierno de España o ya sea en cualquier municipio. Estoy convencido de que, con sus aciertos y sus errores, todo el mundo está dando lo mejor de sí para superar una crisis imprevisible y que no tiene precedentes en nuestra historia reciente.

Creo que habrá tiempo para juzgar de manera integral la gestión de la Comunidad de Madrid una vez hayamos superado la crisis sanitaria. Sin embargo, sí es cierto que hay algunas actitudes que son incomprensibles. Yo destacaría la falta de lealtad y la falta de escucha.

La falta de lealtad con el Gobierno de España me parece inaceptable. En un momento de emergencia nacional, Ayuso ha visto la oportunidad de hacer campaña política contraponiendo la administración autonómica a la estatal. Es una irresponsabilidad. Con las cifras de fallecidos, especialmente en la Comunidad de Madrid, era el momento de cerrar filas y aparcar las disputas partidistas. Creo que, donde la mayoría de los españoles vimos una crisis que exigía unidad, el PP ha visto una oportunidad para hacer campaña. Se equivocan.

Por otro lado, me parece grave la falta de escucha. El ejemplo lo tenemos en Alcorcón. El propio Gobierno municipal intentó solicitar la medicalización de las 4 residencias de mayores y no obtuvo respuesta. Hasta se intentó contactar con el propio consejero sin éxito. Finalmente, tuvimos que recurrir a la justicia que ha ordenado al Gobierno de Ayuso a proteger a los mayores.

¿Mucha propaganda en redes sociales y pocos hechos?

Creo que la discreción, en esta situación, es una virtud. El trabajo que necesitamos no es el que más se vende, sino el que mejores efectos reporta sobre la ciudadanía.

No voy a valorar si hay pocos hechos, pero sí que, en esa línea de construir una campaña contra el Gobierno de España, se ha exagerado la parte mediática buscando la confrontación permanente. Creo que esto ha sido imprudente. No era el momento del protagonismo de los políticos ni de la guerra contra la administración central, sino del trabajo útil y efectivo de las instituciones.

Una denuncia del Ayuntamiento de Alcorcón ha provocado que la Justicia ordene al gobierno de Díaz Ayuso a que medicalice las residencias de mayores de Alcorcón. ¿Es normal que tenga que ser un juzgado el que obligue a una Administración Pública a hacer lo que el mínimo sentido común habría indicado como necesario?

No es de recibo que haya que obligar judicialmente a una administración a proteger a los mayores de las residencias en un momento como este. Insisto, que la callada ha sido la respuesta de la Comunidad de Madrid frente a las reclamaciones del Ayuntamiento de Alcorcón. ¿A alguien le parece normal que, en plena crisis sanitaria, un Gobierno autonómico no le coja el teléfono a un Ayuntamiento?

Me gustaría aprovechar, además, para agradecer a todo el equipo de Gobierno de Alcorcón y, en especial, a Natalia de Andrés, la determinación y valentía para enfrentar esta cuestión. Los Ayuntamientos son la institución más cercana a las vecinas y vecinos, además de la mejor valorada durante esta crisis. No podemos llegar a todo, pero es de agradecer que, cuando algo escapa de las competencias locales, se pelee donde haga falta para que se haga justicia.

Ahora nos toca poner la vista en el presente y el futuro más inmediato. La orden judicial debería ser un mandato general. Es el momento de que el Gobierno de Ayuso asuma su responsabilidad y medicalice todas las residencias de la región. Esto no va de ideologías o de partidos, va de proteger la vida de nuestros mayores. Es una urgencia y debe actuar ya.

Viendo lo que está ocurriendo en las residencias madrileñas, ¿es el momento de revertir el modelo privatizador de las mismas?

El modelo de privatización de las residencias ha sido un fracaso. Esta crisis lo está evidenciando, pero no sólo por el Coronavirus que, insisto, nadie preveía, sino porque está destapando un modelo de gestión precario, que dota de insuficiente personal y medios para el cuidado de nuestros mayores.  

Las plataformas de residencias llevan años denunciando que este modelo no funciona, poniendo el acento en las carencias, insuficiencias y condiciones laborales precarias. Hay un puñado de financieros, los mismos que vivieron el “boom” de la construcción, que han encontrado en los servicios públicos una arena de negocio.  Este modelo ha colocado la rentabilidad por delante de cualquier garantía, tanto para mayores, familias o trabajadores.

Tenemos que darle la vuelta. Hay que reformar el modelo de residencias para volver a colocar las garantías sanitarias, la dignidad de los mayores, los cuidados y los derechos laborales en el centro.

Para ello, necesitaremos una nueva ley de residencias. Podemos presentó una propuesta durante la legislatura pasada y fue abortada por el PP. A principios de marzo de este año, el grupo de Unidas Podemos ha vuelto a hacerlo. Es un primer paso que, visto lo que ha ocurrido durante estos meses, debería ser prioritario.

Se habla mucho de las residencias de ancianos y muy poco de las residencias para personas con discapacidad, donde, según nos consta en Diario16, también se han producido muertes, ¿ha hecho algo Díaz Ayuso al respecto? Lo pregunto porque la presidenta de la CAM no habla del tema…

En general, nos estamos enterando más las batallas entre el PP y su socio en el Gobierno autonómico que de muchos temas de interés como este.

Es cierto que el desborde de previsiones puede haber generado determinadas carencias. Creo que el Gobierno autonómico debe escuchar las demandas y reclamaciones en estas residencias y actuar. La orden judicial relativa a las residencias de Alcorcón no es un caso particular, es un mandato que implica una carga ética: la Comunidad de Madrid debe responsabilizarse de la salud y el bienestar de las personas que se encuentran en las residencias.

¿Qué diferencias aprecia en la gestión que está haciendo la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento? Desde fuera parece que están dirigidos por dos partidos diferentes…

Entiendo que se refiere al Ayuntamiento de Madrid. Me gustaría recordar, en este momento, que nuestra región está compuesta por 179 municipios. Me consta que en todos los equipos de Gobierno municipales, sin importar el color político, se están dejando la piel para atender esta situación y dar respuesta a las vecinas y vecinos. Por ejemplo, hay cosas que no se cuentan tanto, como que Pedrezuela garantizó, nada más empezar la crisis, una comida gratis al día a todos los alumnos que se podían acoger a la beca comedor o que en Alcorcón se ha creado una red de comercios de hostelería que han acordado un precio reducido para ofrecer comida a domicilio durante la crisis.

Esto tiene que ver bastante con su pregunta. Creo que la política municipal es más cercana y, por lo tanto, tiende a ser más empática. Siempre habrá excepciones, pero cuando la gestión es concreta y afecta diariamente a las familias que te encuentras en el parque o al comercio en el que compras diariamente, hay una mayor tendencia a pensar más en las personas que en los bloques ideológicos.

Cuando tu obligación es que los servicios de limpieza desinfecten las zonas comunes, que ninguna familia se quede sin comer o dar una respuesta al comercio local para que sobreviva al impacto económico de esta crisis, los ánimos tienden a relajarse.

Esto no disuelve las diferencias, pero las encauza de una manera más constructiva. Es la razón por la que, según Metroscopia, los Ayuntamientos eran la institución mejor valorada durante esta crisis. Tal vez, la política autonómica debería aprender más de la municipal en este aspecto.

El Partido Popular, sobre todo el de Madrid, intenta reconocer su responsabilidad en los recortes en Sanidad, ¿cómo han incidido estos recortes en la saturación que ha sufrido el sistema sanitario madrileño?

Los 25 años de políticas de recortes, privatizaciones y regalos a la privada del Partido Popular, tienen consecuencias. Debemos tener memoria, esto es algo que tanto la Marea Blanca como diferentes colectivos vinculados a la sanidad pública llevan denunciando muchos años.

El Coronavirus lo que ha hecho es poner en evidencia que nos encontramos frente a un modelo fallido. Este modelo falla en la sanidad, pero también en el resto de áreas de nuestro sistema de bienestar. Es el que nos ha llevado a ser una de las regiones más desiguales de España a pesar de ser la que tiene mayor PIB.

Necesitamos un gran pacto para blindar lo público en la Comunidad de Madrid.

Creo que este pacto tiene que ser el motor de la política progresista en el escenario autonómico que se conformará tras el Coronavirus. Un reconocimiento de que los últimos 25 años de políticas de recortes y privatizaciones han fallado, y que hace falta que el consenso que ya se expresa mediante aplausos en los balcones, se traslade a la política en forma de blindaje, cuidado y financiación de lo público, en especial de la sanidad.

¿Hubiera sido necesaria la apertura de hospitales de campaña, como el de IFEMA, si el PP no hubiese mantenido cerradas más de 3.000 camas hospitalarias?

Es difícil saberlo, debido al impacto tan imprevisible que ha tenido el Coronavirus.

Lo que sí es incuestionable es que esas camas hospitalarias nos hubieran dado muchísimo más margen de actuación. Esto, lejos de ser un reproche, debe poner en valor la necesidad de un gran pacto para blindar nuestra sanidad pública. Nunca más recortes o privatizaciones. La salud debe ser la prioridad.

¿El sistema de salud madrileño privatizado ha dado la misma respuesta que el sistema público?

El sistema público de salud es universal y gratuito. Esto significa que, en la gestión de esta crisis, ha tensado al máximo su capacidad material y humana para derrotar al virus atendiendo a todo el mundo.  Una de las razones por las que se ha subordinado la sanidad privada al mando único durante la crisis era este.

Por su propia constitución, lo privado busca la rentabilidad mientras que lo público busca salvaguardar el interés general. En la sanidad es igual, de ahí nuestra insistencia en blindarla, cuidarla y financiarla. En momentos como este es la única garantía de tener una comunidad que no cuide y nos proteja.

¿Está actuando el gobierno de Díaz Ayuso de manera desleal con el pueblo madrileño?

Yo quiero partir del supuesto de que todo el mundo, a pesar de la distancia ideológica que le pueda separar de mí, ha actuado frente a esta crisis con la intención de resolverla. Dicho esto, reincido en lo comentábamos al principio de la entrevista, creo que sí le ha faltado lealtad con el Gobierno de España y capacidad de escucha con los municipios.

También hay medidas que me parecen imposibles de justificar, como el debilitamiento de la Atención Primaria, los recortes en plena crisis mediante la suspensión de los convenios de las Escuelas Infantiles municipales o proveer de comida basura a las 11.500 alumnas y alumnos que tienen RMI cuando existen alternativas saludables.

Desde Podemos Comunidad de Madrid hemos colocado siempre las soluciones por delante. Pedimos que no se desatendiera la Atención Primaria, escuchando las reivindicaciones de la FRAVM y otros colectivos, pedimos que se paralizara la suspensión de los convenios de las Escuelas Infantiles municipales y apostamos por menús saludables para las alumnas y alumnos que apuesten por los productores locales.

Este momento exige prudencia y ánimo constructivo por parte de las fuerzas de oposición, como es el caso de Podemos en la Comunidad de Madrid. Pero, sobre todo, exige responsabilidad por parte de las fuerzas de Gobierno, como es el caso del PP. Esto supone enfrentar la crisis con las medidas necesarias para resolverla, no aprovechar el contexto para implementar recortes, suspender contratos y agilizar las concesiones a empresas amigas. Esto es irresponsable.

¿A quién debe lealtad Isabel Díaz Ayuso, a los madrileños o a Pablo Casado?

Creo que el Partido Popular se equivoca cuando, a nivel estatal, practica una oposición fuera de las coordenadas patrióticas. Tal vez debería cruzar la frontera y aprender del ejemplo portugués. No sé si a nivel de cálculo partidista le iría mejor o peor, pero es indudable que España lo agradecería.

Creo que cuando Ayuso intenta arrastrar a la Comunidad de Madrid a este juego comete un gran error. Cuando se ejercen responsabilidades de Gobierno se va más allá del espacio ideológico que se representa en el marco de los partidos. La gestión de una institución pública requiere de una vocación de representación general y, sobre todo, de centrarse en la gestión de los asuntos que conciernen a su ámbito.

La Comunidad de Madrid, de todas las madrileñas y madrileños, está para resolver los graves problemas a los que nos enfrentamos, no para servir de arma arrojadiza del PP contra el Gobierno de coalición de España. Es una irresponsabilidad.

¿Cómo valora la gestión del Gobierno central de esta crisis? ¿Ha podido hacer más o simplemente está marcando los tiempos que le marcan los expertos sanitarios?

Creo que es muy positivo que el Gobierno de coalición haya colocado como prioridad la protección de las personas. Las consecuencias del Coronavirus eran imprevisibles pero, a pesar de las circunstancias, el Gobierno de coalición ha suspendido los desahucios, ayudado a los autónomos, protegido a los asalariados, prohibido los cortes de suministros, prohibido los despidos, ha financiado prestaciones extraordinarias tanto para desempleados como afectados por los ERTES en una gran variedad de casos…

Este Gobierno está respondiendo como se espera: colocando la vida y el bienestar de las personas en el centro. Y no lo demuestran sólo las políticas puestas en marcha, sino también las rectificaciones. Un Gobierno que escucha no se cree poseedor de la verdad absoluta, sino que va mejorando sus políticas a medidas que diferentes actores de la sociedad canalizan sus demandas.

Es de agradecer que, en una circunstancia como la que atravesamos, sepamos que tenemos un Gobierno que trabaje por protegernos.

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