Vox quiere abolir las formaciones políticas independentistas y que “devuelvan las subvenciones públicas que han recibido”. Ayer, su presidente, Santiago Abascal, presentó su delirante propuesta para modificar la Ley Orgánica 6/2002 de 27 de junio de partidos políticos. En el grupo de los “proscritos”, los líderes de la extrema derecha incluyen a ERC, JxCat y Bildu y de momento dejan fuera al PNV “porque ahora tiene la sartén del Gobierno agarrada por el mango”. Sin embargo, Abascal no descarta que los nacionalistas vascos “puedan estar dentro de esas categorías en el futuro, puesto que van cambiando de opinión”.
¿Pero cuándo un grupo político debe ser declarado ilegal? Según Vox, “cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático, así como cuando persiga deteriorar o destruir la soberanía nacional o la indisoluble unidad de la nación española”.
En realidad, Abascal no ha hecho otra cosa que describirse a sí mismo y describir la esencia del partido que dirige. Lo que persigue Vox, sin duda, es destruir el régimen de libertades que conquistamos en 1978, la democracia en definitiva, aunque se disfrace de partido constitucionalista. La trampa de Abascal no es nueva. En el siglo XX los líderes fascistas llegaron al poder desde dentro del sistema, enfundándose el traje de piel de cordero y haciéndose pasar por un partido democrático al uso. Luego, una vez usurpadas las instituciones, llegó el momento de imponer el programa totalitario de Gobierno, anulando el Estado de Derecho e implantando un sistema dictatorial donde uno toma las decisiones en nombre de todos, que es con lo que en realidad sueña Abascal.
La propuesta que Vox pretende llevar al Parlamento, según ha explicado el dirigente ultra, responde a la “progresiva degradación” de los partidos políticos y de sus funciones, a la que asistimos en los últimos tiempos porque algunos grupos “atentan directamente contra la unidad de España y el propio fundamento de la Constitución. Partidos que expresan en sus estatutos su voluntad de romper España y el orden constitucional y partidos que han incitado a la violencia, a la desobediencia a los tribunales y las leyes y que han propiciado ataques”. Abascal incluye también a las formaciones que han justificado el terrorismo de ETA, a los diputados que en lugar de acatar la Constitución “se han conjurado contra ella” y a los que, a pesar de eso, se les ha concedido el acta de diputados. “Nosotros proponemos límites claros para que los partidos sean herramientas de participación política y expresión del pluralismo político pero no un peligro para la unidad de España y la convivencia entre españoles”, ha explicado. Por supuesto, como el mesiánico Abascal se cree ungido con el poder de repartir carnés de buenos y malos españoles enemigos de la patria, implícitamente subyace también la idea de acabar con el socialismo, con el comunismo y con todo “ismo” que vaya contra los ideales ultraderechistas y reaccionarios. De hecho, ya ha iniciado una agresiva campaña para acusar a Pedro Sánchez de estar al frente de un “Gobierno ilegítimo”.
El problema es que, una vez más, le guste o no a Abascal, sus propuestas van directamente contra el espíritu de la Constitución, que garantiza el pluralismo político, es decir, la defensa democrática de todas las ideas, incluso las independentistas. Ahora bien, ¿cómo piensa el líder de Vox llevar a cabo su reforma constitucional unilateral para convertir las Cortes Española en una cámara uniforme donde todos sus diputados piensen de la misma manera, vistan igual y digan las mismas cosas, tal como ocurría con los procuradores franquistas durante los 40 años de dictadura? Evidentemente, a fecha de hoy no dispone de mayorías parlamentarias y tampoco del consenso necesario con las demás fuerzas políticas para acometer tan descabellado propósito, que supondría la liquidación del Estado de Derecho en España. Como tampoco puede, de momento, acometer la demolición del Estado de las Autonomías, segundo paso en el retorno a la España anterior a 1975.
Vox asegura que en su diana tiene a aquellos que “han incitado a la violencia, a la desobediencia a los tribunales y las leyes”. Y aquí cabría preguntarse si no es también incitar a la violencia propagar ideologías de odio contra el inmigrante, contra los homosexuales, contra las mujeres feministas y en general contra todos aquellos que no profesan el pensamiento único ultra. En esa línea, negar a los niños el derecho a una escuela pública de calidad donde se aborden cuestiones fundamentales como la educación en igualdad, tolerancia, respeto y el conocimiento de la sexualidad supone también un atentado en toda regla contra los principios fundamentales de nuestra Carta Magna.
A Vox se le llena la boca de constitucionalismo pero es claramente un partido inconstitucional. Siendo coherente y realista, Abascal también debería incluir a su proyecto político en esa lista negra. Porque su fin último no es otro que destruir la democracia.
