La esencia antidemocrática del PP

Ya no es una cuestión política. Es judicializar la política. El PP no se da cuenta, pero está metiendo a los jueces en un agujero del que les va a costar mucho salir si es que llegan al poder. A ver cómo arreglan esto.

Ahora han metido a la judicatura en un verdadero lio debido a la ignorancia legal de una de sus candidatas, Isabel Díaz Ayuso, que o no calcula muy bien las repercusiones de sus actos y declaraciones o bien lo que pretende es aquello que la leyenda señala que dijo Atila: “por donde pisa mi caballo no vuelve a crecer la hierba”. Y a ello hay que añadir la reflexión de un ex presidente de gobierno, como es José María Aznar, que debería estar al corriente de la normativa, y que ahora se descuelga señalado que la ley de partidos está perfectamente habilitada para ilegalizar a Bildu.

Existe un decreto-ley de 1977 mediante el cual se regulan las elecciones en este país. Esa ley, que ha sido modificada, mantiene los principios fundamentales en la que se inspiró. Y, entre otros, está el de que la autoridad electoral en este país la forman jueces y magistrados, la mayoría de los miembros que componen las juntas electorales. Son los que deciden. Los que aplican la ley. Y, hasta ahora, nadie en este país cuestiona su buen hacer. Se podrán decir muchas cosas del poder judicial, pero de las juntas electorales muy poco, por no decir que nada, se puede cuestionar. Y menos de la limpieza electoral existente en esta España desde que Franco murió y desde que se convocaron elecciones constituyentes.

Ahora resulta que el Partido Popular a través de una de sus mas cualificadas dirigentes, Isabel Díaz Ayuso, esa que todos estamos de acuerdo, quiere dar un manotazo al pusilánime Alberto Núñez Feijóo para ser la lideresa a partir de los resultados que se obtenga a finales de esta semana, pide a la Junta Electoral Central que ilegalice las candidaturas de Bildu porque, según ella, en sus listas hay asesinos de ETA.

Independientemente de las razones de tipo ético que puedan argumentar cada uno de los ciudadanos de este país, existe un “fundamento de hecho” que se diría en una resolución judicial: los candidatos (que, por cierto, han dicho que si salen elegidos renunciarán) han cumplido sus condenas, incluidas las accesorias para ejercer cargo público. Así pues, no están inhabilitados.   

Esos condenados están en la calle. Trabajan y viven como cualquier ciudadano. El régimen penitenciario español lo tiene claro: las penas que se imponen es de tipo rehabilitatorio. Es verdad que esos presos no han mostrado su arrepentimiento. La mayoría, tampoco han pedido perdón. Y es verdad que cuestionan la tan traída y llevada “unidad de España”. Igual que ocurre en Catalunya y los soberanistas obtienen el respaldo de casi la mitad de los ciudadanos que viven allí. Son candidatos de una coalición que tiene la mayoría de izquierdas en Euskadi.

Pues aún así, se pide que a Bildu se les ilegalice por incluir en sus listas a unos ciudadanos que gozan de todos sus derechos, independientemente de que sean mas o menos reprobables. Es como si a todos los condenados por corrupción del Partido Popular se les exigiese su retirada de las candidaturas en las que están participando. Que alguna hay. Y, por tal motivo, se pidiese la ilegalización del PP.

La Junta Electoral Central se ha pronunciado. También la Fiscalía General del Estado. Pero esta institución no cuenta para los afiliados del Partido Popular que en unos panfletos que se distribuyen por todo el territorio dicen de ella que “se la apropiado Pedro Sánchez”, como si no se supiera en este país quien nombró a Consuelo Madrigal para ocupar ese cargo cuando gobernaba Rajoy. O Jesús Cardenal, en la época de Aznar.

La fiscalía lo ha dejado claro. Bildu es “una organización democrática que rechaza la violencia”. Nadie puede cuestionar su estrategia en esta legislatura. Decir que, porque llegó a un acuerdo con el gobierno progresista en torno a la ley de la vivienda, “esta norma se ha aprobado bajo las cenizas de Hipercor” es desconocer la historia. Es decir una barbaridad que sólo es capaz de insinuar la derecha mas reaccionaria de este país.

Pero es normal porque en el PP están convencidos de que todos los ámbitos sociales: el ejército, las fuerzas del orden, las comunidades religiosas, la banca, los empresarios y los jueces, son suyos. Su concepción patrimonialista del Estado llega hasta tal extremo que no son capaces de entender que es necesario renovar un órgano tan fundamental para el funcionamiento del estado de derecho de este país como es el CGPJ para, posteriormente, acometer su reforma. Incluso a sabiendas de que se están situando al margen de la Constitución. Esa que ellos proclaman defender.

Pues lo mismo está sucediendo ahora con la Junta Electoral Central. Acusan a este organismo de “estar al servicio del PSOE”. También lo hicieron con la empresa que tendrá que controlar informáticamente el recuento electoral a la que la derecha judicial llegó a acusar de “querer manipular el proceso” al más puro estilo trumpiano.

¿Qué es lo que le falta al PP para salirse del sistema democrático ese que tanto dicen defender? Lo que están defendiendo en realidad, son sus privilegios.