El desempleo es, quizá, el principal problema estructural que hay en España, sobre todo si va acompañado de unos niveles salariales más propios de un país subdesarollado o del tercer mundo que de la cuarta economía de la Eurozona. Las elevadas tasas de paro han provocado una dura reprensión por parte de la Comisión Europea, sobre todo porque ni desde la política ni desde los sectores empresariales se da una solución real y efectiva que termine con una precariedad propia de épocas de posguerra.

La tasa media de desempleo en España está situada 7 puntos por encima del umbral fijado por Europa, un 10%. «El desempleo es muy alto y está por encima de los niveles de antes de la crisis, especialmente entre los jóvenes y las personas menos cualificadas», indica la Comisión Europea.

La estrategia empresarial de conseguir más beneficios a costa de un modelo de competitividad basado en precios low cost, está llevando a España a ser un ejemplo de lo que no hay que hacer para mejorar la situación económica, mucho más cuando, según todos los expertos, la próxima recesión está más cercana de lo que se esperaba, una nueva recesión provocada, además, por movimientos geopolíticos que han llevado a la declaración de guerras comerciales que afectan directamente al empleo y a la calidad del mismo.

Sin soluciones, sin la derogación de una reforma laboral pensada para que las empresas obtengan mayores beneficios a costa de la derogación de facto de los derechos de los trabajadores e, incluso, de la explotación laboral, es imposible que el mercado de trabajo se ajuste al equilibrio en que haya dignidad en el empleo y los salarios y que no afecte al rendimiento de las empresas.

En los últimos meses estamos siendo testigos de cómo grandes empresas, como el Banco Santander, han despedido a miles de empleados dando beneficios. Esto sólo es posible porque hay una ley que lo permite.

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