La economía española sigue intervenida por la UE

El equipo económico de la vicepresidenta Calviño es totalmente continuista con el de Luis de Guindos, es decir, predispuestos a evitar el endeudamiento público, aunque sea fundamental para la aplicación de las políticas de justicia social con las que resarcir al pueblo del austericidio neoliberal con el que Europa sometió a España, y potenciar el equilibrio del déficit en base a las imposiciones de la UE sin mirar en ningún momento las necesidades reales del pueblo. Por tanto, el equipo de Calviño no es otra cosa que un intruso neoliberal dentro de un gobierno progresista, una especie de Torquemada que terminará planteando una política económica que favorece a las clases dominantes en vez de a las clases medias y trabajadoras, entre las que se encuentran los pequeños empresarios y los autónomos.

Por otro lado, el Partido Popular, además de una supuesta aliada dentro de un Ejecutivo de progreso, tiene el control de los principales organismos de control económico del país, puesto que se siguen manteniendo al frente de los mismos los mismos que nombró Mariano Rajoy. Es incomprensible que desde julio de 2018 Calviño no haya decidido relevar a estas personas que, llegado el momento, se pueden convertir en el brazo armado de las élites contra las políticas de justicia social. En algunos aspectos ya lo han hecho, como, por ejemplo, en la oposición del Banco de España a medidas tan justas como el incremento del salario mínimo o en la derogación de la reforma laboral.

En la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) continúa como presidente Sebastián Albella, nombrado por De Guindos en el año 2016. La supervisión de los mercados es fundamental para proteger no sólo a los especuladores sino a los pequeños accionistas que, en la gran mayoría de los casos, utilizan la inversión para obtener una mayor rentabilidad a sus ahorros que la que obtendrían con una cuenta corriente. Albella es un personaje peligroso y se descubrió a sí mismo con el Caso Popular, donde, después de apoyar la ampliación de capital de 2016, un año después se posicionó con quienes, en contra del Banco de España, siguen defendiendo que las cuentas de la sexta entidad de España no reflejaban la realidad del banco. Por otro lado, Albella defendió las sicavs porque, según el presidente de la CNMV, son vehículos de inversión transparente cuando, en realidad, no son otra cosa que una herramienta de evasión fiscal para las grandes fortunas y las grandes empresas.

Al frente del Banco de España está Pablo Hernández de Cos, nombrado en los últimos días del gobierno de Rajoy. El organismo supervisor es quien debe controlar a las entidades bancarias para que no cuelen al pueblo cláusulas abusivas como el IRPH, las cláusulas suelo, las preferentes, las hipotecas multidivisa o para que no comercialicen productos usurarios como las tarjetas revolving, por citar algunas. Hernández de Cos ha sido uno de los oponentes económicos más duros con el gobierno de coalición progresista. Quiso meter miedo entre el empresariado y los trabajadores sobre el impacto de la subida del salario mínimo, afirmando que se iban a destruir cientos de miles de empleos, algo que no ha ocurrido. Por otro lado, como hombre del Partido Popular, el gobernador del Banco de España se convirtió en el paladín de la defensa de la reforma laboral que tanto daño ha hecho a las clases medias y trabajadoras y que tantos beneficios dio a las grandes empresas y grandes fortunas.

Otro de los restos del PP que queda en el aparato económico del Gobierno es Jaime Ponce, presidente del FROB, organismo encargado de la resolución de las entidades bancarias, una institución que, además de favorecer al Santander aceptando la venta por un euro del Popular fuera de plazo, no ha conseguido ni presionado a las entidades bancarias para que devuelvan el rescate de Europa que De Guindos afirmó que no iba a tener coste alguno para las arcas públicas pero que, a día de hoy, ya supone 65.725 millones de euros. No se espera que ese dinero se recupere.

Finalmente, uno de los órganos fundamentales para el control ético de la economía es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que debería tener el control de las empresas para defender a la ciudadanía de los abusos relacionados con el consumo. Esta institución está presidida por José María Marín Quemada desde la primera legislatura de Rajoy. El presidente de la CNMC, por ejemplo, ha sido muy crítico con el Gobierno respecto a las adjudicaciones a Correos, un servicio público esencial y que da empleo a decenas de miles de personas. ¿Pretendía que el Ejecutivo le diera los servicios que ofrece Correos a multinacionales como Fedex o UPS? El relevo de la cúpula de la CNMC está paralizado por la crisis sanitaria.

Sin embargo, en los casos del Banco de España, la CNMV y el FROB no están previstos relevos. Un Consejo de Ministros es un órgano colegiado y, por tanto, si Nadia Calviño no tiene intención de cesar al legado de Luis de Guindos, no tiene más que hacerlo otro de los ministros o ministras. Hay que ser coherente. Si la acción de este gobierno está basada en la justicia social, en la igualdad real y en la priorización de las necesidades del pueblo frente a las élites, no hacerlo sería incoherente y, en la izquierda, la incongruencia de la ideología con los hechos tiene consecuencias fatales, como bien pueden dar fe los socialdemócratas.

«A la incoherencia y la arbitrariedad, responderemos construyendo con justicia nuestra nueva vida, teniendo como base la responsabilidad de cada uno, verdadera garantía de la libertad y de la justicia social». Precisamente, la incongruencia es uno de los peores males que puede tener un político. Mucho más un gobierno de corte progresista, sobre todo en lo referente a las políticas económicas que tanto afectan al pueblo.