La dignidad y la prosperidad del pueblo: objetivo principal de quien gane hoy las elecciones

En estos días de campaña ha habido mucha gente que ha desconectado, en todo lo posible, de todas las grandilocuencias y eslóganes que han lanzado los partidos políticos, en muchos casos por salud mental ya que la gran mayoría de la ciudadanía está cansada de llevar casi 5 años en contienda electoral sin que sus representantes logran soluciones para sus problemas reales.

Muchos ciudadanos han realizado esa desconexión por diferentes motivos. En primer lugar, porque cuando se anteponen la egolatría y los personalismos a los intereses del pueblo son los políticos los que se descalifican a ellos mismos para cualquier tipo de acción política. Ésta, en su acepción literal, no es otra cosa que el cuidado o atención de los asuntos de la ciudadanía. Por un lado, hay bloques políticos, la oligarquía, que siempre antepondrán sus propios intereses a los de los ciudadanos. Por otro, hay grupos en los que priman la egolatría y el culto a la personalidad a sus líderes para culparse mutuamente de la falta de acuerdos que han provocado el actual bloqueo o la consecución de objetivos gubernativos que mejoren la vida del pueblo. Cada uno de estos dos grupos tienen partidos que se muestran pulidos y abrillantados ante la ciudadanía pero que tienen una carcoma interna que va pudriendo sus estructuras ideológicas, partidos que, aunque carcomidos por el paso del tiempo, son a los que no les importa o les interesa que sigan gobernando en la sombra las élites financieras que saben que esas formaciones siempre les van a defender y mantener sus privilegios e intereses. El caso lo tenemos en la actualidad cuando el Estado español defiende y defenderá a la banca ante la Justicia europea en diferentes casos como el Banco Popular o el IRPH, una defensa tan a ultranza de los intereses de los grupos financieros españoles que es muy superior a la defensa que realizan dichos grupos de los verdaderos intereses del pueblo.

En segundo término, hay que reconocer la grandeza democrática depositada en el derecho al sufragio. A pesar de que muchas personas se han desconectado en estos días de unas propuestas electorales que no se transformarán en hechos, esos mismos ciudadanos acudirán hoy a votar porque es su deber y por respeto a quienes dieron la vida u ofrecieron su libertad para lograr que en la actualidad tengamos la posibilidad de elegir a nuestros representantes. Lo que tiene claro la ciudadanía es que, por encima de la defensa de nacionalismos absurdos o de unidades patrias antediluvianas, esperan de los políticos que busquen soluciones para que no sea una odisea encontrar trabajo y salir del paro de larga duración; para que se hagan efectivas las ayudas a aquellos que están en sus casas con un derecho reconocido por la ley de dependencia y que ese dinero que debería estar destinado al mantenimiento de estas personas no se gaste en la defensa de los intereses de las élites; para que se den las condiciones idóneas para que los jóvenes puedan independizarse con un salario digno; para que los migrantes encuentren solución a la situación que les obligó a huir de sus países de origen y no se encuentren con dirigentes, organizaciones y asociaciones que los criminalizan; para que no haya diferencias entre las promesas y los hechos y, de este modo, la ciudadanía no tenga que sufrir más la hipocresía de los dirigentes de organismos públicos y privados que sólo beneficia a las élites. El pueblo no es una estadística y merece que los representantes elegidos por los ciudadanos conozcan su verdadera situación y sus necesidades reales para actuar en consecuencia.

El mayor problema con que se encuentran los ciudadanos es que la parálisis ha prolongado los efectos de la crisis y la cronificación de la situación límite provocada por los efectos de la misma. Esto ha provocado un pesimismo ciudadano que sólo favorece el crecimiento de los populismos, de la demagogia y de aquellos que, con buenas palabras, dicen ser los protectores del pueblo pero que, en realidad, sólo protegerán a las élites financieras.

Ese pesimismo se intensifica cuando la ciudadanía no ve ninguna voluntad de entendimiento ni de diálogo entre los partidos, sino las ansias de poder de aquellos grupos que anteponen el mero ejercicio del poder a los intereses de la gente y, con ello, denigran la verdadera democracia que es la que se fundamenta en la soberanía popular.

La democracia está siendo mancillada porque las mejoras a la ciudadanía prometidas por los partidos se convierten en prebendas para que los más ricos acumulen más riqueza y fuerza para seguir sometiendo al pueblo. El mejor ejemplo de ello lo tenemos en las reformas fiscales que prometen bajada de impuestos para todos y que, en realidad, sólo hacen que personas como Ana Patricia Botín o Amancio Ortega paguen una mínima parte de lo que, por ley, les correspondería. Eso sin contar con la permisividad a que estos ricos tengan su dinero en Suiza, Luxemburgo, Islas Caimán o en las Islas Vírgenes.

Si se comprueban los datos de evolución del Producto Interior Bruto de España se observa que hay un incremento excesivo de la riqueza en España. Sin embargo, estas estadísticas sólo hablan de medias, y eso es lo que tiene que hacernos entender que esa media es el valor que debería disponer cada persona en nuestro país. Para que se alcancen estas condiciones tiene que darse una política de redistribución de la renta que, solo a través de las políticas fiscales, se posibilitará dicha redistribución. Todo lo que sea reducir impuestos, alejándonos de la media europea en carga impositiva y presión fiscal, se está siendo insolidario con las clases más desprotegidas.

Sociedades es otro de los impuestos directos en donde, en los últimos diez años, ha caído casi un 50 % la recaudación, a pesar de la recuperación económica.

Según los datos de la Dirección General de Tributos, de la Secretaría General de Política Tributaria, la merma en la recaudación en el Impuesto de Sociedades en esta última década no va acompasada con el ritmo de crecimiento de la actividad económica y los beneficios generados por las empresas en nuestro país. Este dato supone una caída de más de 7.000 millones de euros que las empresas están deduciéndose fiscalmente, así como las diversas compensaciones que tiene por activos fiscales diferidos que incluyen en balance para compensar en ejercicios futuros o bien dejar de pagar en los sucesivos impuestos de sociedades.

Como conclusión, España tiene medios y capacidad para que todas las personas tengan la posibilidad de tener las condiciones mínimas exigibles para vivir dignamente cosa que, en estos momentos, no existe en su totalidad puesto que hay muchas personas que siguen excluidas de toda inclusión social y económica.

Mucha gente tiene en cuenta estos factores a la hora de depositar su voto hoy, porque sigue habiendo hombres y mujeres que piensan, más que en la andanada propagandísticas de estos días, en la solidaridad y en buscar opciones que siguen buscando soluciones reales para que los españoles y españolas puedan tener un futuro con unas condiciones mínimas para alcanzar una vida digna.