El pasado 22 de diciembre de 2022 el Congreso de los Diputados aprobó la Ley Trans de Pedro Sánchez e Irene Montero y, por tanto, borró a las mujeres. Sorprendió la sumisión a la «dictadura de voto» impuesta desde Moncloa de las mujeres del PSOE que, en su gran mayoría, estaban en contra de esta ley.
Aquel día todas las miradas estaban puestas en la exvicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y la política egabrense demostró que la dignidad, la ética y el respeto a la ideología defendida durante toda su vida está por encima de esa dictadura que pretende confundir la lealtad con la sumisión absoluta a los intereses del líder.
La socialista se abstuvo, no votó en contra, por no confluir el sentido de su voto con el de la extrema derecha y los conservadores. Carmen Calvo jamás se colocaría en el mismo lado que Vox o el PP porque estos partidos niegan los cimientos de lo que ella defendiendo durante toda su vida: el feminismo y la igualdad real.
La exvicepresidenta justificó su abstención en que «estoy de acuerdo con que haya una ley, pero no esta ley.» Las mujeres feministas no niegan que el colectivo trans deba tener una legislación para igualar sus derechos. Sin embargo, esta ley, con elementos como la autodeterminación de género, lo que hace es borrar a las mujeres. Por ahí Carmen Calvo no pasó porque se ponían en peligro derechos que el feminismo ha necesitado décadas conseguir.
Sanción máxima
En parte, Isabel Díaz Ayuso tiene razón cuando califica a Pedro Sánchez de autoritario. Evidentemente, la presidenta de la Comunidad de Madrid se equivoca en plantear ese totalitarismo como un reflejo de los regímenes bolivarianos que, según Ayuso, el gobierno pretende imponer en España. Sin embargo, sí que tendría razón si aplicara esos términos al modelo de liderazgo impuesto en el PSOE.
En Diario16 ya hemos analizado y expuesto numerosos casos de purgas, la aprobación de reglamentos o las reformas estatutarias que no tenían otro objetivo que apuntalar el poder absoluto de Pedro Sánchez. Por ejemplo, un militante o un cargo público que haga críticas directas al secretario general puede ser expulsado del partido. Eso, según publicamos en estas páginas, se llegó incluso a plantear con Carmen Calvo por sus críticas a la Ley Trans.
La abstención de la exvicepresidenta del Gobierno, el saltarse la «dictadura de voto» para seguir manteniendo su dignidad, para defender sus convicciones, ha tenido como represalia la imposición de la sanción máxima: 600 euros de multa.
Esto no es inhabitual en el PSOE de Pedro Sánchez, puesto que ya lo han hecho con otros diputados que han priorizado su ideología y por lo que llevan luchando décadas, poniendo incluso su vida en peligro, como es el caso de Odón Elorza, quien fue sancionado con la misma cantidad por, por ejemplo, votar en contra del nombramiento de Enrique Arnaldo como magistrado del Tribunal Constitucional.
El hartazgo de Elorza llegó a tal punto que el pasado 30 de enero anunció que entregaba su acta de diputado porque había constatado que sus aportaciones e iniciativas ya no eran de utilidad para el Grupo Parlamentario Socialista. «Por ello, y para evitar desencuentros, es el momento vital para hacerme a un lado. Esta renuncia pretende ser un gesto de lealtad al partido socialista y, a la vez, de coherencia con mis ideales. Deseo disfrutar de la vida con más tiempo y libertad, sin otra disciplina que la dictada por mis convicciones».
El PSOE no anda muy sobrado de figuras como Carmen Calvo u Odón Elorza como para estar constantemente sancionando la lealtad, la dignidad, la coherencia y la defensa de convicciones que jamás deberían ser puestas en duda por un partido que se sigue llamando «socialista», a pesar de que Pedro Sánchez esté imponiendo el abandono del socialismo por otros inventos que le benefician en su liderazgo, como, por ejemplo, la socialdemocracia, tal y como se pudo ver en el Congreso Federal de Valencia.
Sanciones «a la carta»
La sumisión a Pedro Sánchez tiene premio, como en todos los regímenes totalitarios. Esto es así porque dentro del partido hay comportamientos de determinados dirigentes que deberían ser causa de expulsión inmediata.
Diario16 tiene información de cómo un diputado con un importante cargo orgánico dentro del PSOE obtuvo beneficios penitenciarios para un hermano que estaba encarcelado por delitos relacionados con el tráfico de drogas nada más acceder Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno y a través de uno de los nuevos delegados del gobierno.
Este comportamiento, tanto del cargo orgánico como de quien ocupaba entonces una importante Delegación del Gobierno, es, según los Estatutos Federales del PSOE, una falta muy grave que hubiera conllevado la expulsión inmediata del partido. En concreto, según el artículo 86I, es falta muy grave la «mala conducta cívica o ética que contradiga los principios del Partido, el Código Ético y de Conducta o el Código de Comportamiento y Buenas Prácticas en Redes Sociales, que sea considerada muy grave por el daño causado a la imagen o los intereses del PSOE».
A pesar de que el asunto era conocido, no se sancionó a dicho cargo orgánico ni al entonces delegado del Gobierno. Más bien se le premió por irreconocibles méritos que nadie se explica. Sin embargo, a Carmen Calvo y a Odón Elorza, dos históricos del socialismo español, se les impuso la sanción máxima.
Esto demuestra que en el PSOE actual, la vergüenza no la ha perdido sólo Pedro Sánchez, sino que la estulticia se ha extendido. ¿Dónde están ahora los presidentes autonómicos que tanto hablan y que llaman a Carmen Calvo casi a diario o los empresarios que se pegan por escuchar una conferencia o un desayuno de la exvicepresidenta? ¿Dónde están ahora sus supuestas aliadas feministas? Todos callados ante la injusticia por el miedo a la represalia de líder supremo.
