La renuencia de la Conferencia Episcopal Española (CEE) a colaborar en la elaboración de un informe global sobre los abusos sexuales cometidos en sus colegios e instituciones evidencia, una vez más, que la cúpula eclesial sigue considerándose una estructura de poder al margen del Estado, porque el suyo no es de este mundo y, por ello, solo responde ante sí misma de los desmanes que su ejército de sacerdotes y prelados puedan cometer. Es por ello, que no se siente obligada a compartir sus archivos —que almacenan sus vergüenzas sobre los casos de pederastia cometidos durante décadas— como le reclaman el Defensor del Pueblo y el Fiscal General del Estado, que ha tenido que convocar a la prensa para denunciar la <<escasísima información>> que ha recibido a la solitud enviada a 70 diócesis españolas: solo han respondido 29, y la mayoría con evasivas.
Desobediencia contumaz que contradice los principios éticos del mensaje pastoral y doctrinal que propala, cuyo eje axial es ayudar y amparar a los pobres, desvalidos, agredidos, abusados o violados. Falta de colaboración justificada por el informe que la CEE encargo hace un año al despacho de abogados Cremades & Calvo Sotelo, sobre los casos de pederastia habidos—sin especificar el período de tiempo—, los posibles encubrimientos de esos delitos, y las indemnizaciones pagadas a escondidas a algunos afectados para que no presentaran denuncias. Informe del que no se sabe nada, porque se elabora con la misma opacidad que caracteriza a la CEE en la toma de decisiones; más centrada en criticar con dureza todo aquello que, a su juicio, va en contra u ofende a la doctrina de la Iglesia.
CEE que se distancia, por voluntad propia, de la política de reconocimiento público de los abusos cometidos por la que han optado, por ejemplo, las Conferencias Episcopales de Francia, Portugal o Estados Unidos que ha indemnizado conmásde 400 millones de dólares a las víctimas de abusos sexuales; o del Reino Unido dónde 390 miembros de la Iglesia Anglicana han sido condenados por abusos cometidos entre 1940 y 2018, que han llevado al Primado Arzobispo de Canterbury a disculparse públicamente por el comportamiento vergonzoso de la iglesia oficial inglesa.
En España, ni el Arzobispo Omella, Presidente de la CEE, ni ningún Arzobispo u Obispo ha entonado ningún mea culpa, por los casos de pederastia habidos en su seno. Ni han justificado su política de ocultación con traslados de parroquias, de colegios o diócesis a los pederastas detectados. Estrategia nefanda descubierta por las denuncias públicas de las víctimas que solo permite intuir cifras aproximadas de afectados que, según las investigaciones oficiales ascienden, de momento, a 910 casos de los que han sido víctimas 1.741 menores; según las denuncias judiciales presentadas o publicadas en medios de comunicación.
El único dato que el Presidente de la CEE ha hecho público, en la inauguración de la Asamblea plenaria del pasado mes de noviembre, señala a 39 obispos acusados de encubrir casos de pederastia, de los que 14 siguen vivos. Eso es todo. Ninguna disculpa ante la sociedad y sus feligreses. Datos expresados con una frialdad impropia de quién debe proteger y dar apoyo a los afligidos; y más cuando se trata de niños y niñas puestos al cuidado de la Iglesia para su formación, por padres y madres creyentes. Hechos que despojan de autoridad moral a la CEE para enjuiciar y valorar los cambios sociales que se producen, mientras no limpie y borre el pecado original que anida en su seno.
