“En un país bien gobernado, la pobreza es algo de lo que avergonzarse. En un país mal gobernado, la riqueza es algo de lo que avergonzarse.” Confucio

Si hacemos el esfuerzo por entender, seguramente descubriremos que se ha implantado en el ideario colectivo que la corrupción es un sinónimo de corrupto. Esa tarea fue llevada a cabo por los gabinetes de comunicación que evitan hacer la pedagogía que explica que la corrupción es un fenómeno que comprende al menos dos agentes, el corrompido y el corruptor. La corrupción es un proceso que requiere de varios participantes. Los que la proponen, los corruptores. Los que la aceptan como algo inevitable, los cómplices. Los que no quieren ver, los desertores. Los que se benefician, es decir los corrompidos. Todos ellos, y ellas, configuran la corrupción. Incluyamos a los que votan opciones políticas a sabiendas de que son portadoras de corrupción.

Como es obvio, no hablamos aquí del estruendoso fracaso de las instituciones que deberían de haber actuado como salvaguarda de que esas anomalías no se produjesen. La magistratura. La Fiscalía General del Estado. Los organismos específicos de control. Los legisladores que debieron elaborar las normas que penalizasen esos actos. Al parecer, por las consecuencias advertidas, el fracaso es general, aunque haya casos aislados de aplicación del castigo apropiado.

Los resultados de las elecciones del 28A indican que el conjunto ciudadano toma en cuenta que no resiste más el mantener un estado de cosas, al menos, cuestionable. La arquitectura de privilegios que el postfranquismo y sus soportes han construido, y consolidado, no parece contar con la aceptación con la que contaba. Es una asignatura pendiente para el CIS el medir el grado de opinión de los españoles al respecto.

Las grandilocuencias ya no resuelven las cada vez más perentorias necesidades de los españoles. Mucho menos las donaciones a la sanidad pública que tienen repercusiones fiscales benéficas para los donantes. El sistema era eficiente sin necesidad de estos aportes. La gestión neoliberal privatizadora lo empobreció. Es en este escenario en donde anida la corrupción como proceso. Se degradan sistemas. Todos. Se van corrompiendo de su finalidad original. Es una perversión que beneficia a unos pocos y perjudica a muchas personas. Pero lo grave es la implantación de la creencia de que no hay más que hacer.

Las tramas de corrupción lo van contaminando todo. Decía Pablo Neruda que “el fuero para el gran ladrón, la cárcel para el que roba un pan”. Esto debería hacernos pensar sobre el funcionamiento de la justicia. La imagen que se proyecta sobre el ciudadano medio tal vez deba sondearse. Probablemente los resultados de esa encuesta no satisfaga al núcleo del poder en España: Corona, Ejército, Ibex35 e Iglesia Católica. Tal vez por esa presunción los ciudadanos no dispongamos de tal medición.

Los gobiernos deben ser ejemplares y exigir a sus ciudadanos, a todos, esa ejemplaridad. Claro está que la generación de riqueza es un fenómeno deseable. Lo que no resulta tanto es que los medios aplicados a ese fin sean el contubernio, los privilegios, la apropiación indebida o la prevaricación. Los jueces no dan abasto y, en ciertos casos, muchos procedimientos prescriben. Los corruptos se benefician unos a otros. Mientras las personas excluidas mueren en el proceso de saqueo.

El nuevo gobierno que se forme tiene un desafío moral antes que económico. Su gestión debe atender a la recuperación ética, antes que a la financiera. Porque buena parte de la solución a nuestros males radica en ese modo avaricioso de entender lo económico. Esa voracidad desmedida que fagocita las ilusiones y posibilidades tanto de los talentosos como de los colectivos en riesgo de exclusión.

Si no se recupera la idoneidad moral de las instituciones de nada servirán las intenciones de los gestores. Serán fagocitados por los cantos de sirena de los corruptores. Quizá nos ayude un pensamiento de Albert Einstein: 

“El Mundo no está en peligro por las malas personas sino por aquellas que permiten la maldad”.

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