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La defensa de Alberto Rodríguez presenta ante el Supremo solicitud de suspensión de condena

Solicitan la suspensión temporal de la condena mientras resuelve el Tribunal Constitucional

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análisis

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Los letrados que defienden al ex diputado Alberto Rodriguez, Gonzalo Boye e Isabel Elbal han presentado hoy en su representación escrito ante el Tribunal Supremo solicitando la suspensión temporal de la ejecución de la condena impuesta.

Los letrados denuncian que la ejecución «se ha comenzado sin dar pie» a que su mandante «pudiese acudir a los únicos remedios previstos en nuestro ordenamiento frente a sentencias dictadas en única instancia».

Se refieren al incidente de nulidad tras haber presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.

No se trata de solicitar un indulto o una eliminación de su condena, sino una suspensión temporal de la misma mientras el Tribunal Constitucional responde al escrito ayer presentado.

Según los letrados, las consecuencias de ejecutar su condena ahora serían de carácter «permanente» y por esta razón, lo «razonable» sería «suspender la ejecución de esta en tanto en cuanto se puedan ejercitar los mecanismos sanadores que aún caben, como son el incidente de nulidad de actuaciones en contra de la sentencia y, de ser necesarios, el de amparo».

Si la Sala Segunda no accediera a la ejecución, los letrados solicitan que «se inste y advierta a la Excelentísima Presidenta del Congreso de los Diputados» para que ejecute la condena pero «en los mismos términos en que viene establecida en la sentencia sin que pueda realizar ninguna modificación de la pena impuesta».

Respecto a Meritxell Batet, presidenta de la Mesa del Congreso, han señalado los abogados que su actuación, respecto a la retirada del escaño, se ha hecho «prescindiendo total y absolutamente del principio de separación de poderes, entrando de lleno en la función jurisdiccional». Consideran que «se ha procedido a actuar en un sentido distinto al dispuesto» en la sentencia. Según su criterio, compartido por muchos expertos juristas, el fallo no comportaría la pérdida automática del escaño.

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