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La decisión de la fiscalía sobre el emérito Juan Carlos I

Manel Mas
Estudié contabilidad y economía, fui perito y profesor mercantil, ejercí de profesor en Alesco (Altos Estudios Comerciales) en Barcelona dando clases de contabilidad, cálculo y derecho mercantil.
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La decisión de la Fiscalía del Tribunal Supremo – aprovechando el estallido de la guerra en Ucrania – ha renunciado a la posible querella contra Juan Carlos I y, ha abierto el debate sobre el hipotético retorno a España del rey emérito, que ya hace más de un año y medio que se marchó a Abu Dabi asediado por sus irregularidades cometidas en su mandato y no perjudicar a la Corona según se dijo oficialmente.

Pero esta decisión no significa que sea inocente, significa que a pesar de ser culpable de varios delitos no será juzgado, bien porque en algunos casos han prescrito en el tiempo, bien porque lo protege su inmunidad mientras era Jefa de Estado. Aun así, el final de la vía judicial no supone, en ningún caso, la absolución del rey emérito a ojos de todo el mundo menos a los interesados en restaurar su figura.

Más que disculparlo lo que hace el ministerio público es justificar el motivo de porque no se puede juzgar al emérito por irregularidades que, aun así, considera plausible que haya cometido. Su posible retorno continua siendo una patata caliente para Felipe VI y, en consecuencia, para el gobierno español que ya ha topado muchas veces por el papel de la Corona y que continúa sin atreverse a llevar a cabo las reformas alrededor de la monarquía que Pedro Sánchez lleva anunciando desde hace también un año y medio.

Vean el siguiente video de Borbones, donde padre e hijo hablan de cumplir la ley empezando por los cargos públicos y que estos no se deben aprovechar de ellos en beneficio propio y atacando la corrupción.

La corrupción de la monarquía borbónica ha sido una constante a lo largo de la historia, por lo tanto, no nos tendría que sorprender. Lo peor no es que el rey robe, sino que los organismos del Estado se conjuren para garantizar su impunidad. Lo han hecho la Fiscalía, los tribunales, el poder legislativo, los diferentes gobiernos que se han alternando en el poder, y también los funcionarios que se han prestado. Esta es la constatación de la podredumbre no de la institución, sino del régimen. Ciertamente, el artículo 56.3 de la Constitución española señala que «La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad».

Los que, como yo mismo, no somos juristas ni expertos en la materia, no llegamos a entender el tema de la inviolabilidad del emérito. Podría entenderse que el jefe del Estado es inviolable en el ejercicio de sus funciones, igual como los diputados tienen cierta inmunidad también en el ejercicio de sus funciones para poder defenderse de los ataques de los poderosos, pero no. Se ha interpretado que el rey, mientras lo sea, puede robar, matar, violar, atropellar alguien saltándose un semáforo en rojo y cometer cualquier barbaridad impunemente, lo cual es incompatible con los cimientos de un estado de derecho.

La monarquía se considera un sistema útil y eficiente que aporta estabilidad, pero en España para salvar la institución se han socavado las leyes y los cimientos del estado de derecho. Los partidarios de esta monarquía parlamentaria sostienen que es un sistema útil y eficaz que aporta una estabilidad que hay que preservar, pero nos hemos encontrado que, para salvarlo, los poderes del Estado han tenido que saltarse o interpretar de manera muy arbitraria una infinidad de leyes como muy bien describe el periodista Jordi Barbeta, en su artículo del  Nacional.cat. Se ha publicado y, nadie lo ha desmentido, que el Estado ha tenido que sobornar con cifras millonarias el silencio de famosas amantes del monarca, mediante dinero público que pagamos los ciudadanos a través de los impuestos.

Desde este punto de vista, la legitimidad de la monarquía española ha hecho aguas por todas partes, no ha resultado tan útil y eficiente como se proclama, pero lo más insólito es que para salvar esta institución ha sido necesario que el mismo estado socave sus propias leyes, con lo cual resulta que la utilidad y la eficiencia de la monarquía solo lo es para unos cuántos que se benefician de su favor y acontece incompatible con el correcto funcionamiento de un estado de derecho.

¿Qué piensan ustedes, queridos lectores? ¿La Justicia es igual para todos? ¿Es España un verdadero estado de derecho o… la calificación que ha hecho público The Economist (una democracia defectuosa) es, por desgracia, la que corresponde realmente al estado español?

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