Dos jóvenes griegos pueden ir a la cárcel por salvar vidas de inmigrantes y refugiados en el mar. Es un caso sangrante que recuerda a lo que ya le ocurrió el pasado verano a Carola Rackete, la capitana del barco Sea Watch 3 encarcelada por rescatar a 40 náufragos y trasladarlos al puerto italiano de Lampedusa. La ignominia se repite una y otra vez, para vergüenza de la vieja Europa, y ahora la injusticia se ceba con Sarah Mardini y Seán Biden, dos chicos griegos que han cometido el “horrible crimen” de salvar a personas a punto de perecer en el Mediterráneo. Según Amnistía Internacional, ambos se enfrentan a 25 años de prisión por intervenir sin el permiso de las autoridades locales. Se les acusa de espionaje, tráfico de personas y pertenencia a una organización criminal. De hecho, ya pasaron más de 100 días en la cárcel antes de quedar en libertad bajo fianza en diciembre de 2018. “Transgredir la ley es lo último que se les pasó por la cabeza cuando cumplían su cometido en la isla griega. Solo trataban de avistar embarcaciones en peligro y ayudar a las personas que estaban en ellas para que no se ahogasen”, aseguran fuentes de la oenegé.
La historia de Sarah y Seán es solo un ejemplo más de cómo las fronteras turca y griega se han convertido en un auténtico polvorín. Miles de refugiados sirios que huyen de la guerra se agolpan estos días ante los muros y alambradas tratando de entrar en territorio de la UE. Durante años, la respuesta de Bruselas ha sido mirar para otro lado y ahora todavía más, cuando la neurosis por el coronavirus se extiende por todo el continente y el terror al contagio puede más que el deseo de afrontar el inmenso drama humanitario de la inmigración. Hoy por hoy, la política migratoria de la UE es un rotundo fiasco generado por la idea equivocada de que el problema es solo competencia de los estados miembros del sur (véase España, Italia, Grecia o Malta). Los países ricos se lavan las manos, como si los inmigrantes no terminaran llegando finalmente a sus calles en busca de una vida mejor. Las ideologías xenófobas imperantes en muchos estados europeos han terminado por distorsionar la realidad, que no es otra que nos encontramos ante una tragedia global que exige medidas conjuntas que nunca llegan.
Y mientras la desidia de los mandatarios de Bruselas resulta cada día más intolerable y preocupante, el Gobierno griego ha decidido actuar por su cuenta reprimiendo duramente a miles de refugiados. Los desplazados −hombres, mujeres, ancianos y niños que huyen del infierno sirio−, son recibidos con gases lacrimógenos y duras porras, algunas de ellas no solo de los agentes antidisturbios sino también de los grupos ultraderechistas que se han sumado alegremente a la brutal represión que atenta contra los más elementales derechos humanos.
La tensa situación en la frontera sureste de Europa puede estallar en cualquier momento, causando un grave conflicto internacional, después de que al menos 33 militares de las Fuerzas Armadas de Turquía murieran hace solo unos días en un ataque del Gobierno sirio y de su aliada Rusia. Tras la refriega, el presidente turco Erdogan ha amenazado a la Unión Europea con abrir las puertas a los refugiados si no se implica más a fondo en la crisis humanitaria. La advertencia del mandatario ha provocado que cientos de migrantes se hayan agolpado en el límite entre Grecia y Turquía en un intento desesperado por entrar a la UE. Sin embargo, ni el catastrófico escenario que se ha creado en la región ni las presiones de Erdogan parecen hacer mella en Bruselas. En las últimas horas, la Unión Europea ha emitido un comunicado en el que asegura que “no tolerará” el paso irregular de personas a través de su frontera exterior y que tomará “todas las medidas necesarias” para impedirlo. De esta manera, los ministros de Interior de los Veintisiete visualizan su respaldo a Grecia, dándole licencia para casi cualquier cosa, tras la decisión de Turquía de dejar de contener el flujo migratorio.
Según informa Europa Press, la declaración pactada por los máximos responsables de seguridad europeos incluye, en su versión final, el acuerdo de que tales medidas se tomarán con arreglo al Derecho Europeo e Internacional, después de que Atenas anunciara el pasado domingo que suspendía durante un mes el derecho fundamental de los refugiados a solicitar asilo en su frontera. Parece evidente que Bruselas está tratando de mantener una posición ambigua, equidistante, en toda esta crisis: por un lado le da la placa de sheriff de policía a Grecia, para que reprima la marabunta humana que trata de salir de su reserva de miseria y muerte, y al mismo tiempo apela inútilmente al Derecho Internacional que no se cumple. “Nadie puede decir eso con seguridad (si las autoridades griegas respetan las leyes internacionales) porque hay mucha falta de información”, se defienden fuentes próximas a la reunión de ministros.
La declaración común advierte además de que los inmigrantes “no deberían ser alentados a poner en riesgo su vida” para tratar de llegar a suelo europeo a través de rutas ilegales, ya sea por tierra o por mar, y emplaza a Turquía y a las oenegés a difundir este mensaje para contrarrestar “la difusión de información falsa”. “La UE seguirá luchando activamente contra el tráfico de seres humanos”, continúa el texto suscrito en las últimas horas.
En cuanto a la estrategia de Erdogan, los Veintisiete han “rechazado con firmeza” la decisión del Gobierno de Ankara de “usar la presión migratoria con fines políticos” y avisan de que esta táctica “no es aceptable”. También le recuerdan al gobernante turco su compromiso con la UE para contener el paso de migrantes y refugiados en base al acuerdo de 6.000 millones de euros sellado en 2016. Erdogan, por su parte, ha respondido que en los últimos ocho años Turquía ha destinado más de 30.000 millones de euros de su presupuesto a gastos de acogida. En el fondo, como todo en la vida, tras la cuestión de los refugiados también subyace un problema de dinero.
Los ministros europeos han mostrado su deseo de apoyar a Grecia con más efectivos y recursos que le permitan “gestionar mejor el flujo migratorio y controlar la frontera, aunque el encuentro ha concluido sin compromisos formales”, añade Europa Press. ¿Y cuál es la posición del Gobierno español al respecto? El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, cree que cualquier respuesta de la Unión Europea para apoyar a Grecia estaría “en línea con el Estado de Derecho y la protección de los derechos fundamentales”. Marlaska asegura que nuestro país “estudiará” la posibilidad de ampliar la aportación de España a las operaciones de Frontex en la zona con más medios materiales y personales de Policía Nacional y Guardia Civil, sin ofrecer más detalles de sobre el alcance de la contribución. Es decir, más policía y mas porras cuando de lo que se trata es de dar un trato digno y ayuda humanitaria a miles de personas que no hacen más que huir de la guerra para salvar sus vidas.
