En la localidad de Williamson, en West Virginia la población es de unas 2.800 personas. Una localidad a priori normal que ha pasado a ser un punto en el mapa que ha preocupado a la Casa Blanca recientemente, y es que es el lugar de EEUU donde más opiáceos al día se consumen. Según los informes, la media de consumo es de 2 pastillas al día por persona. 

Los datos no se han obtenido a través de la policía, sino gracias a la información que han facilitado las farmacias, donde señalan que se han comercializado más de 20,8 millones de analgésicos: cantidad suficiente para generar una adición que podría reflejarse en un periódo de 10 años. Durante una década cada ciudadano habría ingerido 7.400 pastillas.

El estado de West Virginia ha sido líder absoluto en muertes por sobredosis: 1.040 fallecimientos (en un Estado con 1,8 millones de población). El Confidencial establece una comparativa: en España, con 45 millones de habitantes más, han muerto a causa de esta misma cuestión 550 personas.

Crisis de los opioides

Para la Casa Blanca hay cinco cuestiones de alerta: economía, seguridad nacional, presupuestos, inmigración y la crisis de los opiáceos. Pueden verlo en su web.

Allí se explica que, cuando el presidente Trump asumió el cargo, «la crisis de los opiáceos estaba devastando comunidades en todo Estados Unidos. Casi 64,000 estadounidenses murieron de una sobredosis de drogas solamente en 2016. Las sobredosis de opioides representaron más de 42.000 de estas muertes, más que cualquier año anterior registrado.

En octubre de 2017 el presidente Trump declaró que la crisis de opioides era una emergencia de salud pública. Desde entonces, la Administración Trump ha aplicado un enfoque integral de gobierno a la epidemia, tomando una gama extraordinaria de acciones que reflejan el compromiso del presidente de detener la crisis en su camino».

Entre las acciones tomadas, señalan en la web de la Casa Blanca las siguientes:

  • Hasta octubre de 2018, la ADministración Trump había asegurado seis mil millones en nuevos fondos durante un período de dos años para luchar contra el abuso de opioides.
  • Para frenar la prescripción excesiva, el Presidente implementó un Plan de prescripción más seguro que reducirá los surtidos de prescripción de opioides en un tercio en tres años.
  • El presidente Trump está luchando para mantener las drogas peligrosas fuera de los Estados Unidos asegurando las fronteras terrestres, los puertos de entrada y las vías fluviales contra el contrabando.
  • En 2018 el presidente Trump trabajó con el Congreso para aprobar la Ley de Apoyo: el paquete legislativo más grande que aborda una sola crisis de droga en la historia. 

La DEA permitió una mayor producción de opioides durante la crisis de sobredosis

A pesar de las medidas que dice la Administración Trump haber tomado, hoy se conoce la noticia de que la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) permitió que los fabricantes de medicamentos aumentasen la producción mientras aumentaban las muertes por opioides.

Según un informe publicado por la  Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia, un organismo de control del gobierno, se describe a la DEA como responsable de la regulación de las sustancias controladas, y se apunta a que fue «lenta» para abordar la epidemia que se estaba generando. La DEA dio luz verde a los fabricantes para producir «cantidades sustancialmente mayores de opioides». «Descubrimos que la DEA tardó en responder a esta creciente crisis de salud pública y que sus esfuerzos de regulación y cumplimiento podrían haber sido más efectivos», ha señalado el inspector general, Michael Horowitz a través de un comunicado. 

Juicio histórico en agosto

El pasado mes de agosto se produjo el primer juicio contra las farmacéuticas en relación con los opioides. Se denunció a distintas empresas como Johnson & Johnson, Purdue Pharma y Teva Pharma. Las dos últimas llegaron a acuerdos con la acusación para no tener que hacer frente al proceso judicial.

El acuerdo al que llegó Purdue Pharma, celebrado el pasado mes de marzo, se cerró aceptando pagar 270 millones de dólares, por un lado. Teva, por su parte aceptó la sanción en 85 millones de dólares, cifra que le beneficiaba más.

Tras estos acuerdos, la única empresa que seguía peleando en los tribunales era Johnson & Johnson y el 26 de agosto se dictó sentencia: «Los mensajes y el marketing de la empresa fueron engañosos y peligrosos (…), provocaron un aumento en las tasas de adicción y en las muertes por sobredosis«. La multa impuesta a esta gran industria farmacéutica fue de 572 millones de dólares, y les atribuyeron responsabilidad del 60% de los casos. La empresa por su parte anunció en ese momento que recurriría la decisión judicial.

En octubre comienza la batalla

La sentencia dictada en agosto abre la puerta a lo que viene ahora: más de 2.000 denuncias presentadas por Estados, ciudades y tribus indígenas que esperan ser protegidas.

La primera en caer ante esta batalla ha sido Purdue  Pharma, que se ha declarado en bancarrota antes de comenzar la contienda.

La familia que es dueña de la compañía (Sackler) llegó a un acuerdo para hacer frente al pago de las denuncias que se van presentando: 12.000 millones de dólares. Sin embargo, un estudio posterior ante la avalancha que se avecina, ha hecho a la empresa anunciar su disolución. Su idea, según se ha publicado en medios como El Confidencial, es usar lo que quede de sus estructuras para crear una asociación dedicada a distribuir medicamentos para tratar los casos de sobredosis.

No ha sido la única que ha cerrado sus puertas: Insys había logrado un acuerdo, que pasaba por indemnizar con 87,6 millones en un principio. Pero en vista de lo que vendrá, también ha anunciado su disolución. Sin embargo su problema no «sólo» se circunscribe en los opiáceos, sino que también se ha visto salpicada en un escándalo de presunta trama de sobornos a médicos para que recetasen sus medicamentos.

Otras empresas como Teva Pharma, a pesar de haber cumplido con el acuerdo -y librarse de una sanción mucho mayor- están en peligro, pues los accionistas están saliendo despavoridos. Desde el mes de mayo ha perdido hasta un 44% de su valor en bolsa, con un desplome de sus acciones de un 82%.

Esto no le ha ocurrido a Johnson & Johnson: sus acciones están 20 dólares por debajo de su precio objetivo, pero su valor en bolsa subió un 1,5% desde que se conoció la sentencia. Una empresa que no para de superar crisis, ya que ha tenido que pagar más de 5.000 millones de euros por los -presuntos- efectos cancerígenos de sus polvos de talco.

El opio en España

Alcaliber es la dueña del monopolio del opio legal en España, según ha publicado El Diario.es. Ha ocupado titulares de prensa recientemente por haber ocultado los sueldos de su cúpula en sus cuentas del ejercicio del año pasado, 2018, que fue característico por la salida de su capital del multimillonario Juan Abelló (una de las mayores fortunas de España).

Según señalaba Deloitte en su auditoria de Alcaliber, ésta habría omitido «la información exigida por la legislación vigente referente al importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del Consejo de Administración».

La dueña de Alcaliber es Alfa Topco (Spain) SA, propiedad de la luxemburguesa Alfa Luxco, que tiene como socio mayoritario a Healthcare Capital Luxco, de FHP Capital Fund I L.P., domiciliado en paraíso fiscal.

La fecha en la que Abelló puso en venta sus acciones no fue casual: en el año 2017 cuando estallaba la crisis de los opiáceos en EEUU. Pero Abelló no lo vendió todo: se quedó con el cultivo de cannabis medicinal a través de una sociedad creada en 2018: «linneo Health», para la que realizó un préstamo de 8 millones de euros.

En el año 2019 España era la segunda productora mundial de opio legal: en el término municipal de Córdoba, en Puente Genil, en Écija, en Málaga, en las Dos Castillas… Ya hace casi veinte años se estimaba que unas 12.000 hectáreas de terreno en toda España estaban dedicadas al cultivo de adormidera. España se ubicaba así solamente por detrás de Australia en la producción de opio legal.

En un documento del Ministerio de Sanidad que cita El Mundo, puede conocerse que «en los años 70 se generó un grabe problema de abastecimiento de estupefacientes a nivel mundial, por lo que Australia y España fueron requeridas para que se involucraran en el cultivo de adormidera y poder remediar así la escasez de estas materias». Fue precisamente en la década de los años 70 cuando se creó Alcaliber.

Los agricultores cobraban por la producción de la amapola blanca, y al mismo tiempo también por las subvenciones de la PAC, ya que se cultivaba en lo que se denominaban «tierras de retirada».

Ley del silencio para los agricultores de opio en España 

En 2018 los datos más recientes apuntan a que solamente hay 301 parcelas autorizadas a sus agricultores, y están obligados a cumplir con una «ley de silencio» oficial.

No hay prácticamente información, y entre la poca que hay, podemos conocer que aproximadamente se obtienen entre 1800 y 2400 kilos por hectárea.

La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios debe dar un visado previo y la única empresa que comercializa con este producto es Alcaliber. El agricultor que obtiene la licencia tiene que someterse a las medidas de seguridad que se le imponen, a cambio de tener un mínimo de ganancia garantizado, sea cual sea la cosecha.

Lo siguiente, el Cannabis

Es un debate que, poco a poco va moviéndose. Sin embargo la sociedad va por detrás del negocio, como siempre.

En 2016 Alcaliber se convirtió en la primera empresa española en conseguir licencia para «cultivo, producción, fabricación, importación, distribución y comercialización del cannabis».

 

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