La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia de Colombia ha ordenado este martes la detención domiciliaria del expresidente Uribe. La decisión ha sido tomada de forma unánime, se trata de “una medida de aseguramiento”, según el ordenamiento local, contra el actual senador, quien está siendo investigado por los delitos de soborno y fraude procesal.

Esta es la primera vez que un exmandatario colombiano es detenido. De acuerdo con el alto tribunal, la decisión “se basa en un riguroso estudio jurídico que estableció que, estando en libertad, Uribe podría representar un riesgo de obstrucción de la justicia.

El alto tribunal determinó que el senador y expresidente Uribe “sí promovió acciones indebidas para manipular testigos”. Por esta razón, la Corte abrió un proceso en su contra en 2018. El abogados Diego Cadena, quien representaba a Uribe, y el socio de este, Juan José Salazar, son también investigados por la Fiscalía en una causa paralela.

La providencia fue adoptada con base en un riguroso estudio jurídico sobre la realidad procesal que indica posibles riesgos de obstrucción de la justicia, respecto al futuro recaudo de pruebas de hechos presuntamente delictivos que involucran tanto al senador Álvaro Uribe, como al representante Álvaro Hernán Prada”, explicó el alto tribunal en un comunicado de prensa.

En esa declaración la Corte señala que varias personas allegadas al senador habrían emprendido probables actos de manipulación de testigos con la presunta aprobación del expresidente Uribe”.

El caso arranca en 2012, cuando Iván Cepeda, senador del Polo, en una sesión de control político sobre el origen del paramilitarismo en Antioquia, presentó testimonios de ex paramilitares que aseguraron que el bloque Metro de las Autodefensas operó en la finca Guacharacas (Antioquia), en tiempos en que era propiedad de la familia Uribe Vélez.

En 2018, seis años después la corte decidió que Uribe debía ser investigado penalmente por presunta manipulación de testigos. La decisión del alto tribunal causó una conmoción en el mundo político y jurídico. A pesar de ello, entonces Uribe aseguró que su teléfono personal había sido interceptado de manera ilegal, acusación que negó la Corte.

En julio de 2018, la Corte Suprema abrió un nuevo expediente contra el exmandatario, esta vez fundado en pruebas aportadas por la defensa de Cepeda, que alertó al alto tribunal sobre acciones de última hora en el entorno del exmandatario para forzar la retractación de algunos testigos que reiteradamente habían señalado a Uribe de tener contactos con el paramilitarismo.

Tras estas pesquisas ordenadas por la Corte, se supo de la existencia del abogado Diego Cadena. La Corte comprobó que este letrado de Uribe se movió diligentemente durante los días previos a la posibilidad de apelar la decisión en contra del exmandatario, para tratar de alterar los testimonios que lo incriminaban. Incluso, llegando al pago de sobornos. El principal testigo, Juan Guillermo Monsalve, grabó una de sus reuniones con Cadena en la cárcel La Picota, en Bogotá.

El expresidente y senador Álvaro Uribe fue interrogado el 8 de octubre de 2019, declaración que paralizó las actividades en el Palacio de Justicia y provocó manifestaciones en las calles en favor y en contra del expresidente. Siete horas duro su declaración ante el magistrado instructor César Reyes.

Uribe ha mantenido que nunca ha cometido acto ilegal. Minutos después de que la Sala de Instrucción le notificó la decisión de su medida de aseguramiento, el expresidente escribió en Twitter:

 “La privación de mi libertad me causa profunda tristeza por mi señora, por mi familia y por los colombianos que todavía creen que algo bueno he hecho por la patria”.

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