¡Qué barata sale la justicia en España si te apellidas Botín! En estos días hemos conocido cómo el tío de la actual presidenta del Santander y uno de los máximos accionistas de Bankinter —a través de su empresa Cartival S.A., ha sido condenado a una pena de 18 meses de cárcel y al pago de una multa de 52,4 millones de euros por un delito de contrabando al intentar sacar un cuadro de Picasso de manera ilegal al no haber obtenido la autorización primero del Gobierno de Mariano Rajoy y, posteriormente, los tribunales le denegaran el permiso para sacarlo del país.
La comisión de este delito a Jaime Botín le ha salido barato, como suele salirle siempre a cualquier miembro de su familia o al Santander. Ejemplos de ello se cuentan por decenas en algunos tribunales españoles. Alguien podrá decir que una multa de 52,4 millones es muy elevada. Sin embargo, la Fiscalía, en su escrito de acusación, solicitaba una pena de cárcel de 6 años y una multa de 100 millones de euros. Por otro lado, la petición de la Abogacía del Estado incluía, además, el embargo de la goleta en la que intentó llevarse el cuadro.
Sin embargo, apellidarse Botín en este país es suficiente como para que algunos miembros de la Administración de Justicia busquen la manera de no dañar mucho el prestigio de la familia cántabra y, si es posible, hallar cualquier resquicio para absolver de los presuntos delitos cometidos, ya sea de manera personal, ya sea el propio Santander.
Este comportamiento de una parte de la Justicia para con la familia Botín o para con el Santander sí que daña la imagen de la Justicia española y no lo que dijo el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en un programa de televisión. En concreto, el líder de Podemos dijo que la Justicia española había sido humillada por los tribunales europeos en relación a la sentencia del TJUE.
La propia declaración institucional, emitida por el CGPJ para desmentir a Pablo Iglesias, estaba llena de inexactitudes e, incluso, llegaba a decir que la Justicia española sólo debe colaborar con el TJUE y con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos «formando parte sus pronunciamientos del normal funcionamiento del sistema de derechos y garantías de que gozan todos los españoles en su condición de ciudadanos europeos», lo que no hacía otra cosa que negar parcialmente la existencia de un espacio judicial común en la UE.
Sin entrar en si Pablo Iglesias tenía o no tenía razón en sus declaraciones, aunque bastante de verdad sí que contenían, la realidad es que a la Justicia española lo que de verdad le dañan son sentencias como la de Jaime Botín, como las de algunos juzgados en los que son archivadas todas las causas que entran en las que el Santander está demandado, mientras que con otras entidades financieras sí que existen sentencias condenatorias. A la Justicia española lo que le daña son las decisiones adoptadas para defender los intereses de las multinacionales, las empresas del IBEX o la banca, como bien se pudo comprobar con la marcha atrás del Tribunal Supremo respecto a la sentencia sobre el pago del impuesto de las hipotecas.
Lo que de verdad daña a la Justicia española es que, en los casos de cláusulas abusivas de la banca, tenga que ser Europa la que dicte sentencia justa después de que las diferentes instancias españolas hayan negado, incluso, la abusividad de dichos contratos o productos financieros. Véase el caso de las cláusulas suelo o, próximamente, la del IRPH.
La Administración de Justicia no necesita ser desprestigiada por Pablo Iglesias o por cualquier otro miembro del Gobierno. Ya se encarga ella sola de hacerlo, como ocurre en el Caso Popular en el que la pasividad de los tribunales permitió que 305.000 familias fueran arruinadas o que el anterior juez instructor de la Audiencia Nacional no aplicara medidas cautelares para evitar que el Santander eliminara la marca y la personalidad jurídica del Banco Popular creando un escenario de tierra quemada.
Lo que de verdad daña a la Justicia, por poner otro ejemplo más, es que el Santander dé una interpretación de un contrato y, después de ganar el procedimiento con esa versión la cambió en otra causa porque esa misma interpretación le perjudicaba y le valdría para ganar el pleito a la parte contraria, lo que contradecía sus actos propios. Esto por ejemplo, con el caso de la promotora Inversión Hogar y, lo peor de todo, es que la jueza le permitió al banco presidido por Ana Patricia Botin cambiar la interpretación de dicho contrato.
Para finalizar, el abogado defensor de Jaime Botín es el ex magistrado Javier Gómez Bermúdez, protagonista de una de las puertas giratorias de la Justicia más vergonzosas de la historia de España. Eso sí que daña al tercer poder de la democracia y no lo que dijo Pablo Iglesias puesto que Gómez Bermúdez fue el juez que firmó la «doctrina Botín» que absolvió a Emilio Botín de la acusación de las cesiones de crédito. La omisión de este caso y su “doctrina” resulta incomprensible o, tal vez, puede ser el resultado de tratar de ocultar tal hecho al haber sido una doctrina fuertemente discutida entre la judicatura y la sociedad española.
Tras años de magistrado en la Audiencia Nacional la abandonó en el año 2015 marchando como magistrado de enlace a Francia. A mediados del pasado año, Gómez Bermúdez fichó por el despacho Ramón y Cajal que se hizo cargo de la defensa de Jaime Botín, que no es el único, puesto que también está defendiendo al hermano de Emilio Botín en la acusación por delito fiscal por la compra de un avión privado en Portugal a través de un entramado de sociedades en el paraíso fiscal de Jersey.
Lo que realmente daña a la Justicia española es su desprestigio absoluto por ejemplos como los referidos anteriormente. No son todos los jueces, fiscales o magistrados los que lo hacen, puesto que hay muchos profesionales que sí entienden que la Justicia debe ser justa y no defender sólo a los intereses de las élites. Sin embargo, la deriva que se está adoptando en los tribunales no ayuda a que el pueblo se sienta protegido por el tercer poder de la democracia.
La IN-justicia en este país está para dejar indefensos a los ciudadanos ante la banca y las chusmas parasitarias como los grandes defraudadores de la lista Falciani y SATANder, que son los que corrompen absolutamente todo. Hasta que algún Juez no termine denunciado en Europa y en la cárcel por prevaricador, esto seguirá así. Como siempre, tendrán que venir de fuera a limpiar un poco, porque la podredumbre en la IN-justicia española es enorme.
Que verguenza. En este pais casi todos callan y tragan. Lo raro es que con todas las injusticias y corrupcion que tenemos no se salga a la calle en masa a exigir justicia. Los gobernantes nos engañan a diario. Las instituciones no funcionan y el sistema es corrupto e ineficaz. El monarca no quiere saber nada y la justicia en las altas esferas se pliegan a los mas poderoso. Que nos queda?