La Comisión Europea acaba de presentar por primera vez el informe que analiza la situación del Estado de Derecho en la Unión Europea.
Estos días se había filtrado parte de la información que contenía el informe, pero ahora tenemos acceso de manera pública y oficial al documento completo. A través de Diario16.com queremos compartirlo íntegramente con nuestros lectores:
- En este enlace puede acceder a todos los documentos que conforman el informe general
- Informe de la situación general en Europa, pulsando aquí
- Informe relativo a Bélgica, pulsando aquí
- Informe relativo a Chipre, pulsando aquí
- Informe por países, pulsando aquí
En la presentación del informe han estado el Comisario Didier Reynders y la vicepresidenta de la Comisión Europea Vĕra JOUROVÁ.
Cuestiones generales del Informe
El comisario Reynders ha presentado el informe, que muestra una visión de conjunto de la UE. Supone una fuente importante de información, que es de utilidad para las futuras deliberaciones: a nivel europeo, nacional y local.
Este informe permite abrir una nueva etapa en la protección del Estado de Derecho y en la promoción de la cultura del Estado de Derecho en la UE.
El mecanismo europeo de Estado de Derecho, en cuyo núcleo se centra el informe servirá para profundizar en la conciencia conjunta de toda la UE.
Es un mecanismo anual, mediante el cual se quiere evitar que haya problemas profundos.
Procedimiento de elaboración del informe
En enero se escribió a todos los ministros de la UE para establecer el mecanismo. Ha resultado fundamental: no sólo como un canal de comunicación constante sino para debatir la metodología del informe. Sobre esta base, los 27 facilitaron sus comentarios por escrito. Además, se ha llevado una consulta específica a las partes interesadas, donde han participado Agencias Nacionales, Organizaciones de la Sociedad Civil y Asociaciones Profesionales. Se han llevado a cabo más de 300 visitas virtuales donde se ha debatido con las autoridades nacionales, autoridades independientes y judiciales, así como partes interesadas, como asociaciones de prensa.
Cada Estado Miembro ha tenido la oportunidad de comprobar los proyectos por capítulo de informe por país para poder comprobar la información antes de ser publicada.
A todos se les ha tratado por igual, con la misma metodología, garantizando la coherencia.
Han asegurado un proceso sólido, transparente.
Este informe es la valoración que hace la propia Comisión Europea.
Estructura general del Informe
1.- Independencia, calidad e independencia judicial: hay una serie de estados miembros donde hay en marcha esfuerzos para aumentar la independencia y reducir la influencia del ejecutivo sobre el judicial.
Hay preocupaciones estructurales sobre una influencia creciente de la rama ejecutiva y legislativa sobre el funcionamiento de los tribunales, lo que incluye a los tribunales Constitucionales y Supremos.
La pandemia ha puesto en relieve la importancia de la informatización del sistema judicial, para garantizar mejoras para los usuarios. Algunos sistemas ya se han adaptado a las nuevas tecnologías, que son buenas prácticas para compartir.
2.- Lucha contra la corrupción: Se ha valorado que varios estados miembro han adoptado nuevas estrategias contra la corrupción. Es fundamental que estas estrategias se pongan en práctica y se haga un seguimiento para evaluar su evolución. El seguimiento muestra preocupación por algunos estados miembro en los que a las investigaciones se refiere y al seguimiento judicial: hay casos de corrupción de alto nivel que no se persiguen de forma sistemática.
3.- Garantías para la información independiente de los medios de comunicación: la independencia y competencia de las autoridades responsables de los medios de comunicación está consagrada por ley en todos los estados miembro. En algunos estados miembro, la influencia política, la falta de transparencia a la hora de saber quién es el propietario del medio, los riesgos de los profesionales al llevar a cabo su trabajo.
4.- Otras herramientas complementarias: Hay un sano debate para fortalecer las salvaguardias legales y constitucionales. En algunos estados se han abierto nuevos canales que permitan a los ciudadanos cuestionar el ejercicio del poder ejecutivo, legislativo y judicial. La Comisión de Venecia puede apoyar estos procesos.
La pandemia ha servido para conocer ejemplos de buenas prácticas. Las medidas adoptadas han sido revisadas por los tribunales, algo positivo.
Objetivos durante la presidencia alemana de la UE
El mecanismo global que el Estado de Derecho es más amplio que lo que aborda el informe. Con él se quiere establecer las bases para un diálogo entre las instituciones europeas y los estados miembros. Es un mecanismo clave para promover la cultura del Estado de Derecho en toda la UE. La presidencia alemana tiene la intención de mantener un diálogo en el Consejo, donde se llevará a cabo un debate transversal que abarque la evolución general y a nivel específico por países en noviembre. Serán cinco los Estados Miembro analizados.
El Parlamento Europeo también participará y se invita a los parlamentos nacionales y a la sociedad civil para participar en el debate.
La Comisión Europea acudirá a parlamentos nacionales, bien presencialmente o mediante video para debatir este informe.
A partir de 2021 se repetirá el ejercicio para publicar el siguiente informe
¿Qué dice el informe sobre España?
Independencia judicial: El texto relativo a España puede encontrarse en este enlace, en la página 13. El resumen inicial sobre España señala: que el sistema judicial español se enfrenta a desafíos relacionados con su eficiencia, ante un aumento de los procesos judiciales que se prolongan en el tiempo. En este sentido, apuntan a la necesidad de la creación de una nueva legislación en materia de normas procesales en el ámbito penal, que vayan destinadas a acelerar la preparación del proceso, así como también señalan la necesidad de un proyecto específico sobre nuevas tecnologías y derecho procesal. El uso de medios electrónicos (nuevas tecnologías) se considera bien implantado, y se indica que están realizándose mejoras, aunque hay problemas persistentes, concretamente las relativas a la interoperabilidad entre sistemas que se utilizan en las diferentes regiones.
Otro de los desafíos para España es la situación del Consejo General del Poder Judicial, cuyos cargos todavía no han sido renovados.
También se subraya la relación entre el Fiscal General y el Ejecutivo (Gobierno), algo que se apunta como «sujeto a discusión», particularmente, el proceso de nombramiento del Fiscal General, su mandato y el registro de las comunicaciones con el Ministro de Justicia.
Lucha contra la corrupción: Se señala que España ha reforzado su marco anticorrupción en los últimos años, tanto en la dimensión preventiva como en la represiva. Aunque se apunta al hecho de que «España no cuenta con una estrategia global anticorrupción», a pesar de contar con la Estrategia Nacional contra el Crimen Organizado, adoptada en 2019, que tiene como objetivo mejorar la capacidad de investigación y el acceso a las bases de datos financieras, mejorando también la cooperación interinstitucional.
Señala el informe que «aunque el Código Penal y la Ley procesal penal han sido revisadas en febrero de 2019, se está llevando a cabo una nueva modificación del Código Penal y de las normas procesales.»
España, señala el documento, «ha implementado una mejora del marco legal para la integridad en el sector público, fortalecimiento de los mecanismos de integridad en el Parlamento», y ha reforzado los mecanismos de transparencia, conflicto de intereses e incompatibilidades de altos funcionarios de la Administración central del Estado. Cuenta ahora con un desarrollo legal que establece las limitaciones, y que atiende a casos de delitos graves y relacionados con la corrupción, que pueden sancionarse con mayor severidad, incluso con periodos más largos de inhabilitación para cargos públicos.
Se pone de manifiesto la puesta en marcha de legislación dirigida a la protección de los denunciantes y un proyecto de ley general contra la corrupción está ya sobre la mesa, pero aún no se ha aprobado.
En el año 2019 se aprobó un código ético para los miembros del Parlamento, que ha creado además una Oficina específica para gestionar los conflictos que puedan generarse.
Libertad de expresión y garantía de acceso a información: El informe señala que la Constitución Española consagra el derecho a la libertad de expresión y de los medios de comunicación, así como el derecho a la información. Sin embargo, apunta a que «los sectores de televisión y radio están sujetos a normas que indican la transparencia sobre la propiedad de los mismos, no sucede igual en los medios impresos». La información disponible en el registro mercantil es la misma que para cualquier otro tipo de empresa en España, lo que dificulta poder saber, para el público general, quién es el propietario de los medios de prensa escrita.
También se señala en el informe la inquietud que genera la Ley de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza), que restringe la libertad de información y de expresión.
Sobre el proceso legislativo: El informe señala que en España se prevén garantías de transparencia y participación de las partes interesadas, sobre todo a través de consultas públicas. El marco de transparencia, señala el informe, sigue aplicándose a todas las regiones españolas que ahora cuentan con su propio marco legal en este ámbito.
La iniciativa legislativa de los gobiernos, y su derecho a emitir decretos-ley está sujeta al control del Parlamento y del Tribunal Constitucional. El Defensor del Pueblo tiene un mandato amplio, pudiendo ejercer la defensa de los ciudadanos.
El Gobierno, señala el informe, «viene desarrollando políticas de gobierno abierto con el objetivo de involucrar aún más a los ciudadanos en el desarrollo de políticas públicas».
He leído el documento y no encuentro mención alguna ni condenas a España por la violación de los derechos en Cataluña, y de los supuestos «presos políticos» (No hacía falta leerlo porque si los hubiera Beatriz los hubiera puesto de titular)
Luego si la comisión no menciona ninguna violación, ni menciona a los políticos presos, es porque entiende que el estado español y la justicia española han actuado ajustándose a la ley y a la legalidad democrática.
De lo que se desprende que la UE considera que los golpistas del proceso están en la cárcel por haber actuado como golpistas, no por sus ideas.