España no es un país que se caracterice por cumplir los plazos dados por la Unión Europea a la hora de trasponer al ordenamiento jurídico nacional las diferentes directivas aprobadas en Bruselas. En muchos casos, esa especie de oposición a aplicar el Derecho de la UE ha provocado que España haya tenido que pagar indemnizaciones millonarias como ocurrió, por ejemplo, por la no trasposición de una Directiva de protección de datos en el ámbito de investigaciones penales que le costó a España 15 millones de euros.
La Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión [Directiva (UE) 2019/1937], conocida como Directiva Whistleblowing o de protección a los denunciantes de corrupción, obligaba a todos los Estados miembros a trasponerla a sus ordenamientos jurídicos el 17 de diciembre de 2021. Sin embargo, España no lo hizo.
Según un documento del Comité de Peticiones del Parlamento Europeo, al que Diario16 ha tenido acceso, señala que dos ciudadanos españoles, miembros de la Alianza contra la Corrupción, denunciaron a España por incumplir esta Directiva. «Adjunta a su petición una serie de casos que ilustran, a su entender, la corrupción judicial existente en España, los conflictos de intereses entre el poder ejecutivo y judicial y el abuso de derecho […] y solicita que se impongan sanciones al Estado español por ello», señala el documento.
Las peticiones fueron admitidas a trámite el 5 de abril de 2022. La Comisión Europea respondió al Parlamento el día 28 de junio: «Dado que España no había notificado medidas que garantizaran la transposición completa de la Directiva antes del plazo del 17 de diciembre de 2021, la Comisión envió a España una carta de emplazamiento el 27 de enero de 2022. La Comisión está evaluando actualmente la respuesta del Gobierno español para decidir los próximos pasos, en particular la emisión de un dictamen motivado, en caso necesario […] Además, está decidida a adoptar todas las medidas necesarias para hacer cumplir la Directiva (UE) 2019/1937 por parte de todos los Estados miembros, incluida España».
El día 17 de julio, la Comisión Europea remitió a España el Dictamen Motivado de infracción.
España aún no ha traspuesto la Directiva
Ante la presión de la Comisión Europea y el riesgo que supone en este momento un incumplimiento del Derecho de la Unión, el pasado 13 de septiembre el Ejecutivo aprobó en Consejo de Ministros el proyecto de ley para la trasposición de la Directiva.
El proyecto pasó al Congreso de los Diputados que lo está tramitando por vía urgente desde el 23 de septiembre, fecha en que fue publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Actualmente se encuentra en la Comisión de Justicia en fase de enmiendas que, según los plazos publicados por el Congreso, finalizará el próximo 19 de octubre.
