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La Comisión Europea apoya proyectos mineros basados en «técnicas y manuales militares de contrainsurgencia»

Algunos de los proyectos mineros aprobados en España serían ilegales según la legislación de países como Brasil, Chile, China, Ecuador o Perú

Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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Así lo ha puesto de manifiesto Alexander Dunlap, investigador de la Universidad de Oslo, en una audiencia reciente sobre «Impactos ambientales y sociales de la actividad minera en la UE», organizada por la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) en asociación con la Comisión ENVI, que desarrolla su actividad en tres grandes áreas: la seguridad alimentaria, la salud pública y el medio ambiente.

Más de 100 millones de euros en ayudas

Dunlap ha criticado el apoyo económico de la Comisión Europea a proyectos de «licencia social» que, según sus investigaciones, «se basan en las técnicas y manuales militares de contrainsurgencia». En los cinco últimos años, la Comisión ha destinado más de 100 millones de euros a proyectos de «contrainsurgencia suave» para la «aceptabilidad de la minería» que buscan «debilitar la capacidad y voluntad de las comunidades afectadas a identificar y denunciar la corrupción y daños ecológicos causados por las minas».

La Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo (PETI) ha recibido, en los últimos años, numerosas denuncias sobre las malas consecuencias de las actividades mineras imprudentes en diferentes Estados miembros, que infringen las diferentes disposiciones medioambientales de la UE y tienen implicaciones socioeconómicas negativas, por ejemplo, en el ámbito de la agricultura, el turismo rural y la salud pública.

En el transcurso del encuentro se presentó un estudio encargado por el Departamento de Política de Derechos Ciudadanos y Asuntos Constitucionales de la Comisión de Peticiones. Además del punto de vista académico sobre la legislación minera, se expusieron los estándares de seguridad, los impactos sociales y ambientales de las minas y la ciudadanía ambiental, la participación pública y la transparencia en el sector minero en la UE. La audiencia ha permitido conocer mejor la situación en la Unión, las limitaciones y deficiencias legislativas, con el fin de dar una respuesta estructurada y un horizonte a las diferentes peticiones recibidas hasta el momento por la comisión. También se presentaron experiencias en el tratamiento de los impactos ambientales y sociales del sector minero a nivel de la UE por parte de ONG.

Río Tinto, Cobre las Cruces o San Finx incumplen las directivas

Ecologistas en Acción es una de las organizaciones que ha testificado en la audiencia de la PETI. Elena Solís, coordinadora del área de minería de la organización, ha ilustrado el incumplimiento de las directivas europeas exponiendo varios casos de minas españolas como la de Río Tinto (Huelva), Cobre las Cruces (Sevilla) o San Finx (A Coruña).

También el hidrólogo estadunidense Steven H. Emerman ha alertado sobre muchos aspectos de las normas europeas en materia de seguridad de instalaciones mineras que están muy por detrás de las de países como Brasil, Chile, China, Ecuador o Perú. En este sentido, las técnicas aplicadas a algunos proyectos en España y Portugal serían ilegales. Emerman, utilizó datos de los proyectos mineros de Touro, Río Tinto y San Finx para evidenciar estas deficiencias y advertir al Parlamento y la Comisión que «no deben tener tanta prisa en abrir nuevas minas o ampliar las existentes sin antes demostrar de forma convincente que no se producirán efectos adversos en el ambiente y la población».

Ecologistas en Acción ha defendido ante el Parlamento Europeo que los casos de vulneraciones de la legislación europea «no son casos aislados, sino que es una consecuencia sistemática de la corrupción y la indiferencia». Frente a estos impactos ambientales y sociales, Elena Solís ha exigido «apoyo a las organizaciones ecologistas y comunidades locales empoderándolos para ejercer sus derechos y obligaciones de ciudadanía ambiental activa ante el boom minero que amenaza en convertir las periferias europeas en un «salvaje oeste» extractivista».

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