En estos días la ciudadanía está contemplando perpleja que, mientras ellos están cumpliendo a rajatabla las indicaciones del Gobierno y se mantienen en sus casas saliendo a la calle lo imprescindible, hay poderes del Estado, tanto públicos como privados, que se están rebelando contra lo indicado en el decreto del estado de alarma. Hemos visto cómo ha habido federaciones de fútbol que, a pesar del estado de alarma, han mantenido sus procesos electorales. Por ello, ha tenido que ser el Gobierno, a través del CSD, quien suspendiera o aplazara la convocatoria de estas elecciones.
En el mundo económico los accionistas de las principales empresas participadas, sobre todo los minoritarios, contemplan con perplejidad cómo las juntas de accionistas no se han suspendido o aplazado. Este es el punto en el que el supervisor de los mercados en España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tiene la obligación para con los accionistas, por un lado, y para con toda la ciudadanía, por otro, de tomar la decisión que más se adapte al cumplimiento del decreto de alarma.
Las juntas de accionistas no se encuentran entre los servicios esenciales que permiten una movilidad parcial a la ciudadanía. Por tanto, tal y como se afirmaba en la solicitud de un minorista del Santander enviada a Ana Patricia Botín, «sería un acto de manifiesta irresponsabilidad por su parte y por el Consejo de Administración difícilmente justificable ante la situación actual, salvo que su único deseo sea celebrar una junta “inaudita parte” sin la participación de los accionistas privándoles de sus derechos a asistir, intervenir y votar».
Según indica la ley, las empresas cotizadas están obligadas a presentar ante sus accionistas las cuentas del ejercicio en las próximas semanas para su aprobación. Sin embargo, del mismo modo en que se están paralizando eventos multitudinarios, concentraciones, reuniones, congresos, conferencias o competiciones deportivas, la CNMV debe dar el paso y solicitar al gobierno la publicación de un decreto de aplazamiento de ese requisito legal. La urgencia sanitaria que se está viviendo en España exige una medida así porque las grandes empresas cotizadas no van a ganar o perder más si las juntas se suspenden o se aplazan al momento en que el Gobierno levante el estado de alarma.
En las juntas de accionistas se pueden juntar miles de personas. Esto supone un riesgo sanitario muy elevado. Mientras millones de personas están confinadas en sus casas, la pasividad de la CNMV respecto a la suspensión de las juntas coloca al país en una situación de elevado riesgo, sobre todo si tenemos en cuenta que un 66% de los contagios por coronavirus se producen a través de personas asintomáticas.
La CNMV, en una comunicación fechada el día 10 de marzo indicaba lo siguiente: «Se considera muy razonable en las actuales circunstancias, y acorde con las normas de derecho societario, estimular cuanto sea posible la asistencia de los accionistas a la junta general por representación en lugar de presencialmente. Se estima igualmente razonable maximizar la utilización de mecanismos de asistencia remota y voto a distancia de los accionistas, incluyendo mediante sistemas de telepresencia o conexión telemática en tiempo real o cualquier otro medio previsto en los estatutos o en el reglamento de la junta general de accionistas. Si estos medios están disponibles y resultan efectivos, puede incluso ser factible una junta general íntegramente telemática». Resulta incomprensible que no se haya tenido en cuenta la suspensión de las juntas.
Algunas de estas empresas cotizadas, como el Santander, por ejemplo, han decidido que la junta se celebre de forma telemática. Podría ser una solución, pero no es la solución, dado que es desigualitaria con los minoritarios, porque ¿cómo podrán los accionistas indicar al notario que quieren intervenir o que quieren incluir un asunto fuera del orden del día? Es imposible.
Además, hay empresas cotizadas que no están preparadas o que no tienen capacidad de maniobra para poder habilitar medios telemáticos. El principal problema está, no tanto en la capacidad técnica sino en los certificados o firmas digitales, ya que son muchas las sociedades que no lo tienen implementando.
La otra opción que se está barajando es una delegación masiva de voto. Sin embargo, tal y como hemos publicado Diario16, los métodos de captación de delegaciones están en duda. Un accionista minoritario ha interpuesto en estos días una demanda contra Ana Patricia Botín y el Santander en la que se acusa de la comisión de graves irregularidades en dicho proceso. La delegación de voto, por tanto, lo que supondría es que los minoritarios estarían dando un cheque en blanco a los consejos de administración.
Por tanto, en medio de la incertidumbre social y económica que está provocando la crisis del coronavirus, la actitud de la CNMV lo que está provocando es un riesgo de contagio masivo del virus.
La economía no sufrirá más de lo que ya está sufriendo si las juntas se aplazan o suspenden. En una situación de emergencia es necesario adoptar medidas de emergencia y, si hay empresas que se han visto obligadas a cerrar por responsabilidad con toda la sociedad, ¿por qué las cotizadas no pueden aprobar sus cuentas cuando pase el estado de alerta? No hacerlo, sería incomprensible y una irresponsabilidad.
