Carlos B.P., residente en Valladolid compró en el año 2004 una vivienda por valor de 146.250 euros. Pasados quince años, la vendió por un valor inferior: 112.000 euros.

Al tratarse de una transacción económica, tuvo que llevar a cabo la liquidación de impuestos correspondiente. En este caso, abonó al Ayuntamiento de Valladolid una cantidad de 1.260 euros en virtud del Impuesto por el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (conocido como «impuesto de plusvalía»).

Sin embargo, al acudir a la asociación de defensa de los consumidores FACUA, desde allí le informaron de que, en realidad, este importe no debería haber sido pagado, puesto que no se daban los requisitos legalmente establecidos para tenerlo que satisfacer. Precisamente, en base a la doctrina del Tribunal Constitucional, según la sentencia 59/2017 de 11 de mayo de 2017, se señaló que varios de los artículos contemplados en la Ley que regula el pago de este impuesto eran inconstitucionales y por lo tanto, nulos. Concretamente «cuando someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor».

Se trata de un asunto de suma importancia, puesto que la recaudación que estarían haciendo distintas localidades en base a estos artículos sería nula de pleno derecho. Lógicamente, es de esperar que las administraciones se actualicen y cumplan con lo establecido por el Constitucional, pero casos como el de Valladolid, son demasiado frecuentes. ¿Y qué sucede? Pues sencillamente, si el ciudadano no está informado y no exige sus derechos, perderá el dinero abogado de manera irregular.

Al conocer esta información, Carlos acudió al Ayuntamiento de Valladolid para reclamar que le devolvieran el importe satisfecho. No le contestaron. Por esta razón, el vecino pucelano recurrió a los servicios de la asociación FACUA, para que iniciasen el procedimiento legal oportuno.

Desde Facua Castilla y León iniciaron el procedimiento para exigir al Ayuntamiento el reembolso de los 1.260,36 euros, al ser «patente la eexistencia por la transmisión de una pérdida patrimonial o detrimento del valor del inmueble de 34.250 euros, resultado o diferencia entre el valor de transmisión y el valor de adquisición». La asociación señaló que «no debió nacer la obligación tributaria por no existir en la transmisión capacidad económica o ganancia alguna susceptible de tal gravamen».

Después de esta intervención de FACUA, el Ayuntamiento ha comunicado que «se comprueba, por esta Administración, que no hay incremento en el valor del terreno del inmueble transmitido, de forma que se trataría de un supuesto de inexistencia de incremento del valor del terreno, procediendo la estimación de la reclamación formulada».

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