Las conclusiones publicadas por el abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en lo sucesivo TJUE) no invitan a la esperanza del independentismo.
Tampoco lo hace el revés judicial de la semana pasada respecto de los recursos formulados por el ex presidente Carles Puigdemont y el ex consejero Toni Comín sobre su veto inicial de acceso a la Eurocámara.
Cuestión prejudicial: ¿Bélgica aplicó correctamente el derecho comunitario?
El magistrado instructor de la causa seguida frente a los líderes soberanistas catalanes, Pablo Llarena, elevó una cuestión prejudicial al TJUE para que aclarara si un Estado miembro podía denegar una euroorden en base a motivos de derecho nacional que no estuvieran recogidos en la Decisión Marco 2002/584/JAI relativa a la orden de detención europea.
El Tribunal de Apelación belga – siguiendo la interpretación de su inferior jerárquico – había entendido que la euroorden emitida frente al ex consejerog Lluís Puig no podía prosperar dada cuenta que el Tribunal Supremo español carecía de competencia para su enjuiciamiento, lo cual podría derivar en la vulneración al investigado del derecho a un juez predeterminado por ley.
No obstante, las conclusiones del abogado general conocidas en el día de ayer parecen ser completamente antagónicas al criterio de los tribunales belgas, entendiendo que una euroorden no puede ser rechazada sobre la base de elementos que no vengan contemplados en la Decisión Marco.
Precisamente todo lo contrario a lo que hicieron los Tribunales belgas, quiénes fundamentaron el rechazo de la euroorden sobre la base de su propio derecho nacional, obviando que en España existe la condición de aforado que se atribuye a ciertos dirigentes políticos y, entre ellos, a los que eran objeto de la euroorden.
Aun cuando las conclusiones del abogado general no vinculan a la Sala, no es menos cierto que presuponen el camino que puede seguir el TJUE en su resolución. Así lo explicaba el abogado Gonzalo Boye ayer, quien llegó a asumir que no era el resultado que se esperaban pero que su confianza en la justicia europea seguía intacta.
Puigdemont y Comín: ¿Por qué desestimaron sus recursos?
En primer lugar, debemos recordar que el partido de Junts per Catalunya ganó las elecciones al Parlamento Europeo de 2019 en Catalunya, pertocándoles dos escaños en la eurocámara. Así lo hizo constar la Junta Electoral Central en su listado provisional.
No obstante, y según el derecho nacional español, los diputados deben jurar lealtad a la Constitución para tomar cargo de diputados. Es evidente que ni uno ni otro podían hacerlo por cuanto ya se encontraban fuera de Cataluña en aquellos momentos dada la acusación que pesaba sobre ellos.
Así, la Junta Electoral Central elevaría a la eurocámara el listado definitivo de eurodiputados del que se excluirían a los dos candidatos electos por no haber jurado la Constitución.
Ante ello, los agraviados recurrieron al Tribunal General de la Unión Europea (en lo sucesivo TGUE) quien, la semana pasada, haría publica su sentencia desestimatoria sobre la base que la Eurocámara no podía entrar a analizar ni discutir el derecho nacional de los estados miembros.
Ahora bien, de esta sentencia se dedujo que las euroórdenes emitidas en el año 2019 frente a Comín y Puigdemont podían adolecer de nulidad. Y eso es así porque, según recoge la propia sentencia sobre la inmunidad de Oriol Junqueras, los eurodiputados adquieren la precitada condición con su mera elección en las urnas, sin necesidad de más trámites burocráticos.
En consecuencia, habiendo sido elegidos como eurodiputados – aun cuando no pudieron tomar posesión de su acta – en el mes de mayo de 2019; las euroórdenes reactivadas por el magistrado instructor Pablo Llarena en el mes de octubre de 2019 no contaban con el suplicatorio de la eurocámara preceptivo para el inicio de acciones legales frente a cualesquiera diputados.
La causa judicial independentista hace tambalear a la Unión Europea
En definitiva, lo único que es evidente es que la Unión Europea y sus instituciones están lidiando con una causa de incomparable envergadura. Los independentistas catalanes han confiado siempre en la justicia europea. Pero es que, además, todo ello asentará un precedente para futuras ocasiones que puede poner de relieve el futuro de la Unión.
Los Estados miembros deben colaborar entre sí y conformar un derecho europeo único. Sólo de esta manera lograremos acabar con los choques de poder y de leyes que, a mi entender, no ayudan en nada al fin último de la Unión: la eliminación de fronteras y la libre circulación de personas y capitales.
