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La asimetría judicial del estado español

Germán Gorraiz López
Analista económico y geopolítico, colabora habitualmente en varias publicaciones digitales e impresas españolas y latinoamericanas.
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El establishment del Estado español estaría formado por las élites financiera-empresarial,política, judicial, militar, jerarquía católica,universitaria y mass media del Estado español,herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión (según se desprende de la lectura del libro “Oligarquía financiera y poder político en España” escrito por el ex-banquero Manuel Puerto Ducet). Dichos lobbys de presión estarían interconectadas mediante “una alianza inquieta basada en su comunidad de intereses económicos y amalgamada por la defensa a ultranza del Régimen del 78 y de la “unidad indisoluble de España”. 

El Tardofranquismo judicial tendría a  la Audiencia nacional como brazo ejecutor y al Tribunal Supremo como dique de contención de los recursos populares contra la parasitaria y corrupta clase política establecida en cualquier segmento de poder  mediante el status de aforado ( léase  casos  Rato y Cifuentes), a los  jueces Lamela  y Llarena como su más destacados peones y al juez Marchena como Sumo Sacerdote de unos  tribunales que estarían controlados por el llamado “clan de los políticos” en palabras del ex-Presidente de Sala del TS, Ramón Trillo, descollando la Presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel, condecorada en su día  por la Presidenta del PP de Castilla la Mancha, María Dolores de Cospedal). 

Asimismo, la libertad de expresión en España agoniza ante la nueva ofensiva represora de la Audiencia Nacional que intenta constriñir hasta el paroxismo la libertad de expresión mediante la imposición sistemática de multas estratosféricas y cuyo penúltimo episodio sería la entrada en prisión del rapero Pablo Hasel por presuntos “delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias a la Corona y a las Instituciones”.

Su encarcelamiento estaría motivado por 3 artículos del actual Código Penal  que en repetidas ocasiones han sido denunciados por la ONU y la Unión Europea como “constrictoras de la libertad de expresión”, pero la masiva respuesta popular en el Estado español así  las campañas internacionales como la de Amnistía Internacional  para denunciar la asimetría judicial entre el caso Hasel y los contenciosos del Emérito, podría forzar la aplicación por el Gobierno de un indulto a Pablo Hasel y la posterior derogación de los artículos 578 y 491 del  Código Penal relativos  a los delitos de enaltecimiento al terrorismo e injurias a la Corona.

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Para silenciar a la disidencia al sistema dominante, el Tardofranquismo judicial emplea el llamado Lawfare o Guerra Judicial, término inventado por Susan W. Tiefenbrun en su tesis “Semiotic Definition of Lawfare” publicada en Case Wester Reserve University. Con dicho término nos referimos al “abuso de los procedimientos legales e internacionales para provocar un repudio popular contra un oponente manteniendo una apariencia de legalidad”. Así, estaríamos hablando de violaciones de las reglas del proceso penal tales como la falta de imparcialidad del Jurado, la violación del principio de proporcionalidad, no respetar la inmunidad política de los cargos electos así como crear indefensión, supuestos en los que podría haber incurrido la Justicia en los casos Altsasu,  Sandro Rosell así como en el macro juicio contra los líderes del procés catalán. Para entender la exégesis de dichos juicios, habría que recurrir a la Doctrina Aznar que tendría como objetivo último ”criminalizar a grupos y entidades díscolos y refractarios al mensaje del establishment dominante del Estado español”.

Todo ello serían elementos constituyentes de la llamada “perfección negativa”, término empleado por el novelista Martín Amis para designar “la obscena justificación del uso de la crueldad extrema, masiva y premeditada por un supuesto Estado ideal”, lo cual representaría un auténtico ejercicio de “terrorismo jurídico” que han generado una amplia reacción de repulsa popular e institucional con procesos judiciales de largo recorrido que terminarán indefectiblemente en el Tribunal Europeo de Estrasburgo.

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2 Comentarios

  1. Más claro que el agua. Simplificando: Transacción del 78. Pastel para todos si participan en la penalización del Pueblo. Por cierto que, el trozo de pastel del Sr. González, debía ser muy grande. Hoy todavía estamos entre un ejército que nos amenaza, una policía que nos agrede y unos jueces que encierran a nuestros jóvenes.

  2. El Estado español no posee medios de comunicación ni élites financiera-empresarial o jerarquías católicas ni del credo que sea porque todo eso está en manos privadas. El Estado sí que posee la judicatura, policía, etc. ¡Sólo faltaría, que también los tribunales fuesen de Florentino Pérez o la policía de Patricia Botín!

    Pero sí, l ode los jueces no tiene nombre. Ahora, el gobierno «socialcomunista» no está dando ninguna muestra de ir a cambiar la elección de los jueces del Supremo o el constitucional, eh? Que aquí mucho «cambio» en la boca cuando son oposiciónl y luego, donde dije digo, digo Diego. Tampoco el nefasto sistema electoral que hace que el voto de unos ciudadanos valga más que el de otros, y que también Podemos juró desmantelar si llegaba al poder. No, la excusa de «es que somos minoría no puede servr como excusa-comodín para todo: también es minoría Esquerra o el PNV y consigue mucho más para sus intereses que Podemos para los de esa «gente» (ya no hay pueblo ni obreros, sólo un ente poco indefinido que se llama «gente») que dice representar.

    Lo de los paletos sin talento de ninguna clase que en vez de estar paseçándose como hombres anuncio les ha dado por coger un micrófono, pues hombre, si se mete en la cárcel al líder del grupo Batallón de Castigo, por cantar que «con los rojos y judíos no habrá piedad, sus mentiras y conflictos van a pagar» o «Putos demócratas de mierda, no nos vamos a detener. Os declaramos la guerra, vuestros cuerpos penderán de árboles y farolas, vuestros hijos morirán antes de que puedan nacer, en los campos os pudriréis» y terminar sus canciones con un «sieg heil», pues habrá que meter en la cárcel también al que cantaba que «Merece que explote el coche de Patxi López» o «Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora ETA! A mí no me venden el cuento de quiénes son los malos, sólo pienso en matarlos» o que le dijo a un testigo en la sala de juicios «¡Te voy a matar, hijo de puta! Ya te pillaré». ¿O no? ¿Quizá las amenazas de muerte y pedir que alguien clave piolets en cabezas ajenas son perseguibles sólo si quien lo dice es fascista pero no si es maoísta, anarquista o yo qué sé que son?
    Yo creo que hay que encerrar a ambos, y si no, si la libertad de expresión ha de ser total, entonces soltarlos a los dos y a la niñata falangista que decía que el judío es enemigo de Occidente devolverle su cuenta de Twitter y retirar a la fiscalía de investigarla a ella y su organización de delito de odio alguno. Pero creo que ese anarquismo legal sería un campo de cultivo del desastre, así que mejor entrullarlos, y ya si se pudieran instaurar los campos de reeducación como los que había en la URSS, mejor que mejor.

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