Por la dignidad de la justicia. Ese término es el que ha generado el malestar de los jueces con su asociación mayoritaria, la Asociación Profesional de la Magistratura, que dice representar al 25% del colectivo. “Seguiremos luchando por la dignidad de la justicia”. Así se dice textualmente en el comunicado en el que la APM rechaza el acuerdo suscrito por el resto de asociaciones con los ministerios de Justicia y Hacienda, y Función Pública. Y el resto de asociaciones se lo han tomado como una afrenta. El juez Roberto García Ceniceros, dirigente del Foro Judicial Independiente, señala que “APM puede considerar el acuerdo inaceptable, defender su postura con mil y un argumentos, e incluso criticar al resto de asociaciones, pero nunca apelando genéricamente a la dignidad de la carrera judicial. APM está acusando, velada, pero inequívocamente, de falta de dignidad a quienes piensan de otra manera, y eso es inadmisible”.
En el mundo judicial han sentado muy mal este tipo de expresiones. En el comunicado de la Asociación Profesional de la Magistratura se les está acusando de ser indignos, de estar actuando indignamente, y, como dice García Ceniceros, simplemente porque “no pensamos como ellos”.
Y es que hay que estudiar en profundidad la idiosincrasia de esta asociación para entender su estrategia que, como ya se ha dicho aquí mismo, se parece más a la correa de transmisión de un partido político. En concreto, del Partido Popular.
La Asociación Profesional de la Magistratura empezó a concebirse en el parador nacional de Sigüenza en diciembre de 1979. En marzo de 1980 celebró su congreso constituyente. Los jueces no pueden llevar a cabo actividades sindicales. Se lo prohíbe la ley. Pero el entonces ministro de Justicia, Iñigo Cavero, el verdadero inspirador del movimiento que desembocó en la constitución de la asociación, buscó los resquicios que otorgan la Carta Magna y la Ley Orgánica del Poder Judicial para dar luz verde a la agrupación.
Paralelamente se van perfilando las líneas maestras de lo que será el órgano de gobierno de jueces y magistrados, el Consejo General del Poder Judicial. Se decidió que 12 de los veinte vocales que componen el CGPJ se designarían a propuesta de los jueces. El inspirador de tal propuesta era Federico Carlos Sainz de Robles, un hombre afín a Adolfo Suárez que quiso jugar sus bazas políticas a través de la recientemente creada Asociación Profesional de la Magistratura de la que era presidente.
Sainz de Robles se encargó de confecionar la lista de compañeros afiliados a la APM que propondrían para ocupar las doce vocalías que les correspondía al turno de jueces y magistrados. Eso mismo que ahora pretende el Partido Popular. Por supuesto, Sainz de Robles formaba parte de ella. Se le designó y, además, fue elegido para presidir ese primer consejo. Naturalmente tuvo que dimitir de la presidencia de la APM por aquello de las incompatibilidades.
La “doctrina Sainz de Robles” se ha seguido al pie de la letra por parte de la APM. Sus dirigentes protestan cuando se les califican de conservadores. Lo cierto es que de dos escisiones en su seno nacieron Jueces y Juezas para la Democracia y Francisco de Vitoria.
La APM se organiza por tendencias, y una de ellas era la progresista. Los miembros de esta tendencia, al comprobar las escasas posibilidades de que sus tesis se impusiesen decidieron crear su propia asociación. La escisión de los miembros que formaron la Francisco de Vitoria es algo parecida. Una tendencia “centrista” que, viendo que los dirigentes se inclinaban demasiado a la derecha decidieron crear su propia asociación. Los de la Francisco de Vitoria dicen ser centristas mientras que en la APM se les acusa de estar muy bien relacionados con ministros socialistas.
La Asociación Profesional de la Magistratura que, en principio, pretendió agrupar a la totalidad de los 5.668 jueces en ejercicio en España, aunque mayoritaria, (cuenta con 1.340 asociados, el 25%) no logró su objetivo y ahora tiene que convivir con las otras tres asociaciones con cierta relevancia en el mundo judicial: Jueces y Juezas para la Democracia, Francisco de Vitoria, y Foro Judicial Independiente. De buscar aglutinar a todas las tendencias políticas y sociales ha pasado a ser considerada como la opción mas conservadora. De hecho, entre sus presidentes se encuentran algunos jueces conocidos por expresar ideas reaccionarias. Ramón Rodríguez Arribas fue presidente y de ahí saltó al Tribunal Constitucional donde ejerció de magistrado hasta 2013. En una sentencia sobre el aborto llegó a decir que “es un derecho basado en una mentira”. Otro de los que fueron presidentes de la APM es el famoso juez de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, Pablo Llarena. Ocupó el cargo desde enero de 2013 hasta noviembre de 2015. En aquella época opinaba que el problema de Catalunya debía resolverse políticamente. Cuando se hizo cargo de la instrucción de los líderes independentistas en lo que se conoce como “el juicio al Procès” sus opiniones cambiaron radicalmente hasta tal punto que, de ser una persona querida y tolerada en Catalunya, donde residía, pasó a ser acosado. Su familia tuvo que abandonar su lugar de residencia.
Aunque no ha llegado a presidir la APM, sí fue su tesorero durante la etapa en que fue presidente Rodríguez Arribas. Se trata del conocidísimo y controvertido Manuel García Castellón. En su época activista en la asociación su neutralidad se mantuvo a prueba de bombas. Era la época de la instrucción del caso Banesto donde se llegó a cuestionar su imparcialidad por los medios controlados por el banquero de Tuy. Posteriormente vendrían los traslados como juez de apoyo a París y Roma, en la época de Aznar como presidente del Gobierno. Y dicen que es desde entonces cuando Manuel García Castellón cambia y a su vuelta a la Audiencia Nacional comienza a dictar controvertidas resoluciones en las que favorece al Partido Popular y persigue a los dirigentes de Podemos.
Otros dirigentes de la APM han logrado puestos importantes en la judicatura. Jesús Chamorro es el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, y en la época en la que Carlos Lesmes presidió el CGPJ muchos destacados miembros de la asociación han sido destinados a importantes puestos en el Tribunal Supremo y en los tribunales superiores de justicia.
La Asociación Profesional de la Magistratura se pronuncia descaradamente por la vuelta al sistema que implantó la UCD para designar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Pero esa “vuelta” debe ser “matizada”, corregida con un sistema de elección directa por parte de las asociaciones en función de su representación. Y las otras tres temen que, al final, APM monopolice la totalidad de esas doce vocalías. Que se quede con todo, en definitiva.
De ahí su deriva política. El PP de Alberto Núñez Feijóo les han prometido que harán la reforma del poder judicial que ellos pretenden. Sólo tienen que esperar. Pero la espera debe ser activa. Hay que desgastar al gobierno como sea. Y la APM sabe cómo hacerlo. Por eso no entra en sus planes firmar nada con el gobierno central. Y, por eso también entra en sus planes romper la unidad de acción que hasta ahora venían manteniendo las cuatro asociaciones que representan a los jueces y magistrados. Así, llegado el momento, no tendrán que negociar con nadie. El PP se lo dará hecho.
El zorro, que llama putas a las gallinas, vaya. Pués si quieren luchar por la libertad en la justicia que se marchen; todos ellos y que no quede un sólo juez a sueldo, su trabajo lo hace mejor los chicos y además gratis.
Valientes perras, eso es lo que son.