El Juzgado número 12 de Palma de Mallorca, que investiga el caso Cursach, ha entregado los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos que les fueron incautados por el juez Miguel Florit, a los periodistas Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press. El magistrado asegura que los periodistas acordaron la entrega voluntaria de los objetos requeridos “sin manifestar protesta alguna”.

Los arrestos y la incautación de los móviles se produjeron tras la investigación abierta por el juez Miguel Florit contra el empresario Bartolomé Cursach y su mano derecha, Bartolomé Sbert, y la filtración a la prensa de un informe policial que acusaba al magnate y su entorno de un fraude fiscal millonario, lo que propició que se requisaran los móviles y otros materiales de los periodistas que investigaban el caso.

Mestre y Pou han recibido sus pertenencias, tal como se dictó el pasado miércoles por el juez. Ellos mismos presentaron la pasada semana un escrito en el Juzgado balear para solicitar formalmente la devolución del material.

En las últimas horas se conoció un auto dictado por el juez Miguel Florit, magistrado que instruye el caso Cursach, quien revocó el pasado 21 de diciembre la decisión de intervenir los móviles a los dos periodistas. Lo hizo “con la certificación de que no habían sido abiertos, volcados ni examinados sus contenidos. La resolución se les notificó el pasado 24 de diciembre.

La Federación y la Asociación de la Prensa de las Islas Baleares (APIB) respalda la petición de los periodistas para que el juez explique si el material incautado ha sido abierto o manipulado.

La FAPE califica como un primer paso positivo la orden del juez instructor del caso Cursach para que se devuelva el material incautado a ambos profesionales, al mismo tiempo que respalda la solicitud de los informadores de que se les comunique por escrito si se ha realizado o no cualquier “apertura, examen, inspección, registro, copia o manipulación” de los mismos.

En un escrito, los periodistas han solicitado que se les cite para la devolución de los objetos −dos teléfonos móviles y dos ordenadores corporativos− y se les notifique en debida forma la resolución para su restitución.

En la solicitud, presentada ante el Juzgado de Instrucción número 12 de Palma, también piden que se les informe por escrito sobre “el lugar o lugares” donde han estado los dispositivos, “las personas que han tenido acceso a los mismos” y sobre la “realización o no” de cualquier “apertura, examen, inspección, registro, copia o manipulación” de los mismos.

Asimismo, reclaman que en el caso de que se hayan extraído, copiado o examinados datos, se les informe por escrito acerca de qué datos han sido y en qué lugar se han almacenado.

El secreto profesional no solo es un derecho constitucional fundamental de los periodistas, sino que es un deber que les obliga a mantener la confidencialidad de sus fuentes.

Sin el secreto profesional, muchos de los casos de corrupción y abusos de poder ocurridos en nuestro país nunca hubieran sido conocidos por los ciudadanos y eso fue posible gracias al trabajo de los periodistas, en cumplimiento de su función democrática de difundir información veraz y de interés general.

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2 Comentarios

  1. ésta democracia es pero con diferencia peor que la de FRANCO que ya es decir, la diferencia es que en época de Franco no podias hablar de politica, habia corrupción, pero lo que tenemos ahora es una corrupción total a todos los niveles, lo que prima es la pasta, el color del dinero, no puedes decir nada que les suene mal a algunos (LEY MORDAZA ) por cierto que el guapeton y el coletas decían que la iban a quitar, que cachondos verdad?

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