viernes, 18junio, 2021
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Justicia social para las víctimas del amianto

La toma en consideración de la creación de un fondo de compensación para las víctimas de amianto pone un poco de solidaridad a una historia de pasividad de la administración, irresponsabilidad de las empresas y priorización de los intereses económicos frente a la vida de los trabajadores y las personas

Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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Ayer martes, aunque la noticia del día estaba en Cataluña, otros temas importantes se trataron en el Congreso de los Diputados que nos afectan a todos de manera directa, asuntos que quedaron relegados a cuarto o quinto plano hasta incluso diluirse por completo ante la avalancha informativa que llegaba del Parlamento Catalán.

Uno de ellos fue la iniciativa que llevó el Parlamento Vasco al Congreso de los diputados instando al Gobierno a la creación de un Fondo de Compensación para las víctimas del amianto.

Ayer, la diputada socialista Rocío de Frutos en su intervención en el pleno, relató con meridiana claridad la historia del amianto y sus efectos sobre la salud.

A pesar de que desde los años 70 se sabe que el amianto es cancerígeno, en España se siguió utilizando de forma generalizada hasta la década de los 70 y se continuó usando hasta el 2001, fecha en la que se prohibió en fabricación, transporte ferrocarril, buques, fundiciones, aeronáutica, EPI, construcción (tejados, tuberías). De este uso incontrolado deriva en un dato estremecedor, 40.000 españoles morirán de mesotelioma hasta el 2030 siendo las zonas más afectadas, Galicia, País Vasco, Cartagena y Navarra.

Es un dato objetivo que 3 millones de toneladas de amianto nos rodean y que el riesgo de contaminación no existe sólo para los trabajadores que van a tener que retirarlo sino para toda la sociedad y, los riesgos para la salud de esta contaminación ambiental es altísimo.

No se trata sólo de un problema preventivo, pero su incidencia preventiva es importante y aspecto prioritario: largo periodo de latencia, irreversibilidad, sin tratamiento, persistente y sin niveles que no generen riesgo.

De Frutos aseguró en su intervención que “la prevención y compensación son dos elementos indisolubles de la protección de las personas.”

La diputada hizo una dura crítica poniendo de manifiesto deficiencias en la notificación, en la actuación de las mutuas, el infra-reconocimiento de enfermedades (solo 1,8%), en las dificultades para probar y reclamar indemnizaciones por el largo periodo de latencia -difícil de probar en los puestos de trabajo y desaparición de empresas- que están avocando en la actualidad a peregrinajes judiciales para el mero de las enfermedades reconocimiento como contingencia profesional. Afirmando que todo lo anterior “Hace que nuestro sistema de protección en el ámbito de la seguridad social sea deficiente y limitado”

El Grupo Parlamentario Socialista apuesta por una protección del fondo de compensación amplia, como el modelo francés, belga u holandés, que cubra no sólo las enfermedades derivadas de la exposición al amianto reconocidas como enfermedad profesional, sino otros tipos de cáncer y lesiones relacionadas con la exposición a este material.

La creación de un Fondo de Compensación para las víctimas del amianto es un asunto de Justicia Social que pone un poco de solidaridad a una historia de pasividad de la administración, ocultación a los trabajadores, irresponsabilidad de las empresas y priorización de los intereses económicos frente a la vida de las personas.

Para terminar su intervención, Rocío de Frutos afirmó que mientras se aprueba la Ley definitiva, es preciso que tanto INSS como las MUTUAS ejerzan con transparencia e implicación en el marco de la Seguridad Social, además de considerar preciso exigir responsabilidad a las empresas encargadas de la retirada y gestión de residuos.

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