El Ministerio de Justicia ha solicitado a la Fiscalía General del Estado que inicie una investigación sobre las actividades de las agencias de vientres de alquiler que operan en España.

El Gobierno recuerda que la gestación por vientres de alquiler es una práctica prohibida por la legislación española y que las agencias que ofrecen estos servicios en nuestro país se lucran mediante esta actividad ilegal que realizan en terceros países.

Otras circunstancias que tiene en cuenta el Ejecutivo es la posibilidad de que en esos terceros países se vulneren los derechos de las mujeres gestantes y que, en ocasiones, se hagan pasar por hijos a niños nacidos sin relación genética alguna con las parejas.

Todo ello sin perjuicio de dar solución a las situaciones de hecho que se hayan creado atendiendo al interés superior del menor.

El artículo 221 del Código Penal establece en su artículo primero que “Los que, mediando compensación económica, entreguen a otra persona un hijo, descendiente o cualquier menor aunque no concurra relación de filiación o parentesco, eludiendo los procedimientos legales de la guarda, acogimiento o adopción, con la finalidad de establecer una relación análoga a la de filiación, serán castigados con las penas de prisión de uno a cinco años y de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de la patria potestad, tutela, curatela o guarda por tiempo de cuatro a 10 años”.

Aunque la gestación subrogada no está permitida en España, sí se puede realizar en otro país donde esta práctica es legal, siempre que se respeten las leyes locales del país de origen. Un español puede firmar un contrato en el extranjero para este fin y volver con su bebé a España después del parto.

La Ley 14/2006 de 26 de mayo sobre Técnicas de Reproducción Asistida establece en el artículo 10 que será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o un tercero.

Desde el Gobierno, la ministra de Justicia en funciones, Dolores Delgado, aseguró que se perseguiría “a las mafias que trafican con los vientres de las mujeres aquí y dónde sea”. Por su parte las titulares de Sanidad, María Luisa Carcedo, y la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celaá, la cotejaron con “la compraventa de niños”.

El concepto de la gestación subrogada es antitético con los principios fundamentales de la izquierda, del feminismo, de la defensa de la igualdad entre mujeres y hombres y del respeto a los derechos humanos.

El cuerpo de una mujer no puede monetizarse porque nos encontramos ante un caso flagrante de trata de personas o una tipología encubierta de esclavitud.

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