El reinado de Juan Carlos I está siendo defendido a ultranza por los partidos del Bloque de la Transición (PP, PSOE y Vox). Sin embargo, para mantenerse en el trono, el actual rey emérito ha ido dejando «cadáveres» en las cunetas para poder mantener tanto su nivel y forma de vida como sus negocios. Desde el año 1975 en que fue nombrado rey por las Cortes franquistas (que lo despidieron al grito de ¡Franco, Franco Franco!, mientras una emocionada Carmen Franco acogía los aplausos de los procuradores) en base a la voluntad del dictador y jurando cumplir y hacer cumplir con las leyes del Régimen, Juan Carlos I no ha dudado en deshacerse de sus más leales consejeros y amigos que, sorprendentemente, no tuvieron ningún ánimo de venganza y mantuvieron su lealtad hasta la muerte.

Sin embargo, el ansia de poder y de garantizarse el trono le llevó a permitir acciones que vulneraban el derecho internacional y que han sido declaradas nulas por Naciones Unidas. Ocurrió en 1975, cuando ni siquiera había sido coronado por las Cortes franquistas pero ocupaba la Jefatura de Estado mientras el dictador agonizaba en una cama del Hospital de La Paz.

Documentos desclasificados de la CIA destapan el papel que jugó Juan Carlos de Borbón en la entrega del Sáhara Occidental a Marruecos.

En agosto de 1975, el Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó un proyecto secreto de la CIA y financiado por Arabia Saudí para arrebatar el Sáhara Occidental a España. En medio de la Guerra Fría, el territorio era vital desde un punto de vista geoestratégico y, sobre todo, por los recursos naturales de los que dispone. En octubre del mismo año, la inteligencia militar española informó a Franco del plan de los Estados Unidos.

Una vez que Hassan II anunció la Marcha Verde, tras rechazar el Tribunal de Justicia de la ONU las pretensiones de Marruecos sobre el Sáhara, Juan Carlos de Borbón, aún príncipe pero heredero del dictador, se negó a aceptar una nueva Jefatura del Estado interina porque, entre otras cosas, pretendía tener poderes absolutos sobre el Sáhara.

Tras el fallido viaje de José Solís a Rabat, donde no pudo frenar la Marcha Verde, Juan Carlos de Borbón se hizo cargo de la Jefatura del Estado. Se mostró preocupado por la situación del Sáhara, sobre todo porque aún estaba demasiado reciente la Revolución de los Claveles portuguesa y no quería que algo parecido sucediera tras la muerte de Franco.

En su primer Consejo de Ministros, Juan Carlos de Borbón manifestó su intención de ponerse al frente de la situación del Sáhara, pero no informa al Gobierno de Arias Navarro de que había enviado a Washington a Manual Prado y Colón de Carvajal para hablar con Henry Kissinger e intentar evitar una guerra colonial que podría traducirse en una revolución por la que perdiera su corona. Kissinger aceptó mediar con Hassan II y se firmó un pacto secreto por el que Juan Carlos de Borbón entregaría el Sáhara a Marruecos a cambio del total apoyo político de los Estados Unidos a su Jefatura de Estado.

Tras la Marcha Verde, el 12 de noviembre de 1975 se produjo la Declaración de Madrid por la que se entregó el Sáhara a Marruecos y Mauritania.

De todo este proceso, controlado por la CIA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, nadie supo nada. Juan Carlos de Borbón movió los hilos a través de sus hombres de confianza.

Sin embargo, el actual rey emérito sabía perfectamente que los Acuerdos de Madrid eran ilegales ya que el Gobierno de Carlos Arias Navarro fue advertido en diferentes ocasiones por Jaime de Piniés, embajador en Naciones Unidas, que entregar el territorio a Marruecos era ilegal. Aún así, se siguió adelante.

En el año 1979 Marruecos estaba perdiendo la guerra contra el Frente Polisario hasta que varios países, entre ellos España, decidieron ayudar a Hassan II: Estados Unidos, Francia, España y Arabía Saudí. Todo esto fue posible gracias a las buenas relaciones del rey marroquí con Henry Kissinger, consejero de seguridad nacional de los Estados Unidos y con los Saud de Arabia Saudí.

Desde el año 1979 Marruecos ocupa y administra el territorio a pesar de no figurar como potencia administradora en la lista de la ONU, ya que Naciones Unidas jamás lo ha considerado como tal. Así quedó establecido en el año 2.002 por un informe jurídico firmado por Hans Corell, secretario general adjunto de Asuntos Jurídicos de Naciones Unidas. Por tanto, el Sáhara Occidental sigue siendo territorio español. Legalmente y en base al derecho internacional España es la potencia administradora y, por tanto, está permitiendo que una nación extranjera ocupe ilegalmente el territorio.

Apúntate a nuestra newsletter

Dejar respuesta

Comentario
Introduce tu nombre