Joaquim Bosch: “En España los bancos tienen unos privilegios legales enormes”

Joaquim Bosch (Cullera, 1965) es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de la localidad valenciana de Moncada. Magistrado de ideas progresistas, juez mediático, Bosch es una rara avis dentro del siempre hermético y conservador mundo de la Justicia. Su militancia por los derechos civiles y su profunda conciencia social le han llevado a dirigir la asociación Juezas y Jueces para la Democracia de la que hoy es portavoz territorial en la comunidad valenciana. Su nombre llegó a barajarse para ocupar el cargo de conseller de Justicia de la Generalitat Valenciana con el PSOE y Compromís y Pablo Iglesias le ofreció ir en sus listas por Podemos. Finalmente rechazó ambas propuestas por razones personales y profesionales. Hoy, desde su pequeño juzgado valenciano, y en sus frecuentes apariciones en televisión, Bosch desmenuza casi a diario los males endémicos de la Justicia española.

La sentencia de las hipotecas ha supuesto un antes y un después en la Justicia española. Los ciudadanos, como consumidores que se sienten engañados, han dicho basta ya ante los abusos bancarios y se han echado a la calle para mostrar su indignación. ¿Cómo calificaría usted el fallo del Tribunal Supremo, como un desacierto o una mala gestión, como un error judicial o simplemente un escándalo?

Ha sido un síntoma, pero la enfermedad ya estaba ahí y consistía en las potenciales injerencias externas en las decisiones de los tribunales. Eso es así porque el poder político tiene el control de la cúpula judicial como acabamos de ver estos días con el reparto de cuotas del Consejo General del Poder Judicial entre los principales partidos. En el caso concreto de la sentencia de las hipotecas hay que recordar que la sección competente en materia de tributos del Tribunal Supremo había considerado que el impuesto de actos jurídicos documentados tenía que ser pagado por el banco y lo hizo de manera muy razonable y muy bien explicada porque consideraba que el banco es el que se beneficia del hecho de que se haga una escritura pública y de que haya una inscripción registral.

Por tanto, el impuesto grava eso: la documentación del acto. Y por eso el banco tiene que pagar el impuesto. Anteriormente se habían dictado infinidad de sentencias a favor de la banca que nadie las había cuestionado, todo el mundo las había acatado, y siempre se había respetado la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pero en este caso concreto, cuando ya había una decisión explicada y motivada y el presidente de la Sala –que forma parte de ese contexto de designaciones marcadas por el poder político y está muy cuestionado en su momento–, plantea que se rectifique esa decisión, y finalmente se rectifica fundamentalmente con su voto, la apariencia de que hay poderes externos, poderes políticos, poderes económicos, no solo se hace visible sino incluso evidente y la sociedad lo que percibe es que a veces la Justicia puede ser influenciada de forma externa. En ese sentido, por la rotundidad de esa consternación social ante lo que ha pasado, sí que puede haber un antes y un después en la Justicia española tras esta sentencia.

Luego esas injerencias políticas en la Justicia existen…

Yo no puedo saber si en este caso concreto se han producido presiones directamente sobre los magistrados. Lo que sí quiero constatar es que la actuación del tribunal no tiene precedentes. Las avocaciones al Pleno se producen cuando hay discrepancias entre dos secciones diferentes dentro de un mismo tribunal. Aquí no las había porque solamente hay una sección competente en materia de tributos. Por tanto, desde el momento en que nuestro sistema institucional está diseñado para permitir presiones potenciales es lógico que se generen dudas y que la sociedad se muestre disconforme con lo que ha ocurrido.

En cualquier caso la desafección ciudadana está cundiendo, como demuestran las movilizaciones multitudinarias que se han producido en protesta contra la sentencia de las hipotecas. Algo funciona mal en el sistema judicial español, algo que es preciso reparar cuanto antes…

Me parece muy respetable que la ciudadanía proteste en el sentido que sea: puede protestar para defender lo que ha dicho el Tribunal Supremo o puede protestar para criticarlo. Yo creo que hay que aceptar que la Justicia es un poder del Estado y como todo poder puede estar sometido a crítica. Y en situaciones como esta, en las cuales hay dudas sobre la actuación correcta del propio tribunal y por las formas utilizadas, a mí me parece comprensible que se produzcan protestas.

Una Justicia controlada en su cúpula judicial por los políticos rompe con la
propia idea de imparcialidad

¿Es ético o estético que magistrados del Tribunal Supremo impartan cursos para Cunef, la universidad de la banca?

Estéticamente no es positivo, pero éticamente tampoco. Hay cuestiones que pueden generar perturbaciones, pero yo creo que en este caso se tendría que regular, precisamente por el principio de imparcialidad, que los magistrados no puedan ejercer actividades que formalmente puedan provocar sospechas de que su actuación no ha sido imparcial. Y por supuesto me parece evidente que un presidente de Sala del Tribunal Supremo no tiene ninguna necesidad ni económica ni profesional de dar estas clases y por ello puede quedar contaminado al poder percibirse una proximidad a una de las partes. Por eso creo que se debería ir a otro tipo de regulación de cuáles son las actividades que deben realizar los jueces.

¿Quién debería regular estas prácticas docentes, digamos, “fuera del horario laboral…”?

Debería regularlo el Parlamento a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el capítulo de incompatibilidades porque en el ámbito deontológico sí que existe una regulación, que dice que los jueces, en sus actuaciones al margen de los tribunales, deben comportarse de manera que no se ponga en peligro su independencia e imparcialidad. Por tanto, no es suficiente con una regulación deontológica, sino que debe haber una incompatibilidad en la Ley Orgánica del Poder Judicial.

El cambalache, el pacto, el mercadeo entre PSOE y PP para renovar a los vocales del Consejo General del Poder Judicial tampoco parece muy edificante en una sociedad democrática…

Una Justicia controlada en su cúpula judicial por los políticos rompe con la propia idea de imparcialidad. No olvidemos que el Consejo es el máximo garante de la independencia de los jueces. Por ello es fundamental su neutralidad, sin que quede la más mínima duda, sobre todo en casos de gran relevancia pública. Pensemos que al Tribunal Supremo llegan casos de corrupción con políticos aforados, llegan temas tan sensibles como es el impuesto de las hipotecas o cuestiones de relevancia tan extraordinarias como el asunto del conflicto catalán.

El Consejo de Europa nos está diciendo reiteradamente que nuestro sistema de independencia judicial no se adapta a los estándares europeos precisamente por eso, porque no sigue el mismo sistema de Consejo de Judicaturas de otros países de nuestro entorno. Y todo por culpa del sistema de reparto de cuotas y porque no se nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y de los altos tribunales con criterios objetivos. Claro, si no hay parámetros neutrales e imparciales y encima los parámetros son partidistas las decisiones luego también pueden serlo. Este es el problema.

En otros países con Consejos de la Judicatura se sigue un sistema mixto que está regulado en la Carta Europea sobre derechos del juez, en diversas recomendaciones del Comité de Ministros y del Consejo de Jueces Europeos y que consiste en que al menos la mitad de los miembros del Consejo del Poder Judicial tienen que ser elegidos democráticamente por los jueces y la otra mitad por el Parlamento. Lo que se busca, yo creo que de manera muy acertada, es aceptar que no hay ningún poder sin límites que sea bueno, que todo poder por naturaleza tiende al abuso, sea el poder político o el judicial, y por eso ese sistema de reparto lo que busca es que haya un equilibrio de poderes y que haya espacios de vigilancia institucional con controles, con frenos y contrapesos. Eso es lo que se gestiona en otros países europeos y en general funciona. Aquí los políticos se reparten por cuotas la cúpula judicial, como si fuera una tarta, y ello no permite esos contrapesos; eso lo que hace es que las principales decisiones en materia de Justicia sean decisiones muy vinculadas al poder político.

Y en este caso, con el pacto PSOE/PP, además se han saltado los reglamentos porque se da a conocer el nombramiento del futuro presidente, el señor Marchena, antes de elegirse a los vocales, aunque después el candidato no haya aceptado el puesto. Es un procedimiento completamente anormal…

Es la ley orgánica la que dice que son los vocales reunidos los que tienen que elegir quién es el presidente. Y es lógico en cualquier sistema de separación de poderes que sean los integrantes del poder judicial los que nombren a la persona que crean más preparada y más capacitada. En este caso los políticos ya han decidido quién será el presidente del Tribunal Supremo, sin dar ninguna explicación de por qué es el mejor o por qué es mejor que otros candidatos posibles. Simplemente se hace así porque es el mejor para los partidos, porque es el mejor para un pacto entre dos partidos. Si nos fijamos, esta es una decisión muy importante y si los vocales de este organismo, en su primera decisión, hacen lo que les mandan los partidos es una ingenuidad pensar que en otras cuestiones importantes no van a seguir haciendo lo mismo. Esto supone acabar con la propia noción de separación de poderes. Es un tema simbólico con tremendas consecuencias de fondo.

Los jueces en el ámbito de su jurisdicción pueden generar muchos contactos y esto puede servir después a los grandes bufetes que llevan asuntos de corrupción y mafia, a los que les puede interesar contar con un juez que les puede abrir muchas puertas. Eso debería llevar a algún tipo de regulación

Pero sería recurrible, alguna asociación de jueces ya lo ha anunciado…

Se puede recurrir, pero no olvidemos que quien resolverá será la misma sala del Supremo que resolvió el tema de las hipotecas, con un presidente cuestionado y con muchas injerencias potenciales en su entorno. Pero sí, normalmente se puede recurrir, de hecho el Tribunal Constitucional ya resolvió si el sistema español es constitucional o no porque en la Constitución Española lo que se pretendía era un sistema similar al del Consejo de Europa, un sistema mixto, pero como el texto constitucional tenía algunas ambigüedades se podía interpretar que lo importante era que fuesen elegidos 12 vocales de 20 entre jueces y magistrados y no quién los elegía. Pero el espíritu de la norma, y los debates parlamentarios previos, lo que pretendían era claramente ir a un sistema como el de Europa.

El Tribunal Constitucional dijo que efectivamente la intención del constituyente era otra distinta, pero que podía interpretarse en el sentido del sistema actual solo si se nombraba a los integrantes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo con criterios de capacidad, profesionales, y no a través de pactos y repartos de cuotas que reprodujeran un mini-parlamento en el Consejo General del Poder Judicial. En la práctica se han cumplido todos los temores del Tribunal Constitucional y por eso yo creo que sí sería recurrible este tipo de acuerdos.

Puertas giratorias: tampoco parece muy ético que un magistrado que ha estado en el Supremo se pase a la política y luego regrese otra vez a la carrera judicial. O que después de haber sido un magistrado que ha tenido acceso a un montón de información pase a la empresa privada, a bufetes de abogados, etcétera…

Yo creo que se debe regular porque los jueces en el ámbito de su jurisdicción pueden generar muchos contactos y esto puede servir después a los grandes bufetes que llevan asuntos de corrupción y mafia, a los que les puede interesar contar con un juez que les puede abrir muchas puertas. Eso debería llevar a algún tipo de regulación. Por otra parte, el tema de los jueces que entran en política se puede solucionar de una forma muy sencilla pero hasta ahora no se ha querido resolver. Por tanto, aquí se plantean dos cuestiones distintas.

Yo creo que sí es bueno para la sociedad que los jueces estén en los parlamentos y en otras instituciones por las aportaciones que puedan realizar. Sinceramente, creo que eso puede ser bueno, no habría ningún problema. La ciudadanía se queja muchas veces de que sus políticos tienen un nivel insuficiente, de que faltan buenos profesionales. Las instituciones elaboran normas y disposiciones, por tanto yo creo que los jueces son tan buenos profesionales como cualquiera para ese trabajo, o incluso mejores. El problema no es tanto la entrada como la vuelta a salir. Y aquí yo creo que sí se deberían establecer determinadas incompatibilidades, que no tendrían que ser absolutas, ya que el hecho de que un juez haya sido diputado, por ejemplo, no genera ningún conflicto ni perjuicio para la sociedad si luego vuelve y es Juez de Familia o Juez de Menores o de lo Laboral.

Por tanto, sería desproporcionado que un juez por haber aportado sus servicios a la sociedad en el ámbito de las instituciones tenga que dejar de ser juez y no pueda seguir prestando otros servicios en el ámbito de la judicatura. En cambio hay otros ámbitos como el penal o el contencioso administrativo u otros en los que puede haber problemas de apariencia de imparcialidad. Y ahí es donde deberían establecerse mecanismos más duros para que, en el caso de que un juez entre en política, no pueda haber dudas sobre su falta de imparcialidad.

En gran parte han tenido que ser los jueces españoles los que han planteado unas cuestiones ante la jurisdicción europea porque las propias leyes españolas protegían esa situación

Caso de las hipotecas, cláusulas suelo, preferentes, Banco Popular, el ciudadano tiene la sensación de que los grandes asuntos que afectan a la banca siempre se cierran en falso… ¿Qué está pasando? ¿Realmente la Justicia no tiene recursos o lo que falta es voluntad para actuar contra los bancos?

En nuestro país las entidades bancarias han tenido unos privilegios legales enormes, pero realmente es poco comprensible una situación tan favorecida como la que han tenido. En gran parte han tenido que ser los jueces españoles los que han planteado unas cuestiones ante la jurisdicción europea porque las propias leyes españolas protegían esa situación. Y la contradicción era entre las directivas y normas europeas de protección al consumidor y las españolas. No era una disposición ni dos, sino muchas, había infinidad de cláusulas abusivas que han estado imponiendo las entidades bancarias desde hace muchísimo tiempo.

Desde contratos preferentes, acciones, cláusulas suelo, cláusulas de vencimiento anticipado y todas las cláusulas de repercusión al consumidor hasta los gastos de notarías, gastos de inscripción en el Registro de la Propiedad, gastos de gestoría, una infinidad de cláusulas. Y lo peor de todo es que era fácil de controlar. Hay otras situaciones, como en el ámbito laboral, donde es imposible controlar absolutamente a todas las empresas, pero en el ámbito bancario estamos en una situación prácticamente de oligopolio, hay muy pocos bancos, con lo cual con un mínimo servicio de inspección y unas instrucciones claras y una normativa que hubiera regulado las cláusulas abusivas −como los contratos siempre son idénticos porque son contratos tipo que solo se firman, no se discuten−, hubiera sido muy fácil detectar esas cláusulas abusivas y sancionar con contundencia a las entidades bancarias.

El problema es que no hubo voluntad política de acabar con esos privilegios y ha tenido que ser el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que ha tenido que actuar. Ya digo que ha sido decidida la actuación de la jurisdicción europea porque hay tantas cláusulas que se han tenido que declarar nulas, al no ajustarse a las normas de la Unión Europea, que la situación no es normal. Aunque lo hayamos ido asumiendo, es realmente exagerada tanta actuación contraria a las normas oficiales. El problema es que, aunque la Justicia europea lo haya dejado claro, no se ha terminado de cerrar bien porque ello exigía de un complemento legislativo que tampoco se ha tenido la voluntad política concreta de llevarlo a cabo. Y luego ha habido decisiones estructurales que todavía lo han complicado más. Pensemos por ejemplo en las cláusulas suelo.

El Tribunal Supremo dijo que no se tenía que devolver todo el dinero a los consumidores por razones parecidas a lo que se ha dicho ahora con el impuesto de las hipotecas: por la gran repercusión que ello suponía para la economía. Pues resulta que esto llegó al Tribunal Europeo y con toda la razón dijo que lo que era nulo era nulo desde el principio, que se tenía que devolver todo el dinero a los afectados y que la repercusión económica efectivamente no era una razón jurídica para no devolver ese dinero. La realidad es que ha empezado a devolverse el dinero y no parece que se hayan producido grandes fenómenos en la economía. ¿Pero qué ha ocurrido? Que en lugar de ir a un sistema eficaz y rápido de presentación de acciones y demandas de los consumidores, en lugar de facilitar un marco procesal para que esas acciones judiciales pudieran ejercerse, se ha hecho todo lo contrario: desde el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial se han creado unos tribunales específicos solamente para estas acciones derivadas de las cláusulas suelo.

Es decir, en lugar de ir a un sistema en previsión del volumen de demandas que se conocía  para que se pudieran presentar y tramitar rápidamente, o al menos si no rápidamente con el mismo margen temporal que tienen otros juicios en el país, repartiendo las demandas en los juzgados como cualquier otro asunto −como un accidente de tráfico, como una acción de desahucio por alquiler, como una herencia, al mismo ritmo−, finalmente se ha apostado por otra solución: lo que hizo el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial fue crear en cada provincia un tribunal único específico para estos juicios que no tiene capacidad ni de lejos para resolver los asuntos y por eso están paralizadas decenas de miles de demandas sin que se pueda devolver el dinero. En definitiva, estos juzgados son una especie de pozo del que no se puede salir y que perjudica claramente al consumidor y que está claro que a quien beneficia es a las entidades bancarias, que así pueden organizarse para ir devolviendo el dinero con un mayor margen temporal.

Los abusos en el mercado bancario son solo comparables a los que se producen en el mercado laboral. Cientos de miles de trabajadores está contratados ya como falsos autónomos en todo el país, otro enorme fraude que favorece la precariedad y la explotación. ¿No sería preciso crear un juzgado o una fiscalía especial para perseguir estos abusos masivos en el mercado laboral?

En nuestro país fallan mucho los mecanismos de inspección, de control, en otra medida diferente a lo que pasa con las entidades bancarias, pero si hubiera voluntad se podría perseguir. Pensemos por ejemplo en lo que nos dicen desde el Sindicato de Inspectores de Hacienda, Gestha: que una gran parte de la falta de ingresos en nuestro país se debe a prácticas fraudulentas en empresas de cierta entidad, a las que se podría llegar con más voluntad y con más instrumentos de detección, pero en líneas generales hasta ahora no se ha querido hacer.

Últimamente hemos asistido a otra tanda de sentencias contra los derechos de la mujer. ¿Es machista la Justicia? También se lo pregunto por resoluciones como la de La Manada…

Al margen de las sentencias, si vivimos en una sociedad bastante machista sería una ilusión creer que no ocurre lo mismo en la judicatura. Es una profesión que tiene tendencia a cierto conservadurismo, a mantener ciertas visiones de orden, y sobre todo tiene una jurisprudencia masculinizada con ideas como que cuando una mujer dice que no a las relaciones sexuales está diciendo que sí, que es la mujer la que provoca con la minifalda, etcétera… Hay decisiones de este tipo que están muy asentadas en la judicatura. Yo creo que nuestra Justicia ha hecho grandes aportaciones en materia de lucha contra la corrupción, pero en el ámbito de la violencia machista creo que hay que hacer más autocrítica. Creo que estamos en una profesión que con las medidas adecuadas, con más formación de los jueces, más sensibilización y más especialización en la materia puede mejorar mucho.

¿Está de acuerdo con la petición de penas de la Fiscalía para los impulsores del procés o cree que son desproporcionadas?

El delito de rebelión exige un alzamiento violento, en este caso para declarar la independencia, y es muy discutible que lo haya habido. Por otro lado se exige que la violencia utilizada sea la que establece el delito de rebelión. Estamos hablando de actuaciones que fueron de tipo pacífico, como la que hubo frente a la Conselleria de Hacienda, donde no hubo una violencia para imponer la independencia propiamente, o lo que pasó el 1 de octubre, que fueron actos de resistencia pasiva, no actos armados o similares como exige el delito de rebelión. Como sabemos hay un debate jurídico muy intenso en nuestro país, como también lo hay en los tribunales europeos, en Alemania, en Bélgica, que consideran que la violencia de la rebelión debe tener otro tipo de intensidad. Creo que hay que esperar al resultado del juicio y que se impongan criterios jurídicos que sean más de ese tipo. Solo desde posiciones muy defensivas se puede considerar que lo que ha pasado en el procés puede encajar en el delito de rebelión y si no la hubo se podrá valorar si existió otro tipo delictivo.

Al margen de las sentencias, si vivimos en una sociedad bastante machista sería una ilusión creer que no ocurre lo mismo en la judicatura

¿Sería partidario del indulto para los implicados?

Yo prefiero no hablar de indulto, esta figura en nuestro país se ha utilizado de una manera muy criticable, se ha indultado sin motivación a políticos corruptos, a policías que han torturado, a acusados de matar a otras personas… Creo que el indulto debe ser excepcional y basado en causas de equidad o de utilidad pública. Yo lo que espero es que en un tema tan importante como el del procés haya un juicio justo en el cual se apliquen criterios fundamentalmente de derecho penal. No es el momento de hablar de indulto cuando no hay sentencia firme y cuando no podemos valorar las causas de justificación del indulto.

Los funcionarios han vuelto a la huelga en demanda de mejoras estructurales y laborales. ¿A su juicio qué puntos básicos debería acometer con urgencia un Gobierno para empezar a reformar de una vez por todas la Administración de Justicia?

Creo que hace falta un nuevo sistema de poder judicial que aparte a los políticos de su control, tenemos que ir a un sistema más equilibrado de separación de poderes. Por otro lado, necesitamos inversiones en Justicia para no seguir a la cola de Europa junto a países como Albania o Moldavia. Esto es especialmente peligroso en asuntos de corrupción, donde los juicios se eternizan y ello hace que los ciudadanos tengan la sensación de que hay cierta impunidad.

De todas maneras creo que es justo reconocer que se han producido sentencias condenatorias gracias a las cuales hay personas muy relevantes en prisión, aunque hay muchas causas todavía pendientes. La sentencia llega pero con dificultades para salir adelante. Por otro lado, es necesaria una modernización de las instituciones judiciales, hay que acabar ya con el papel; a pesar de todas las promesas no existe una oficina eficaz en nuestro sistema judicial. Hace falta más inversión en juzgados de violencia machista, más formación de jueces y fiscales en perspectiva de género, hace falta una regulación que tienda a la mayor especialización de los jueces en asuntos que tienen una complejidad específica y que requieren un mayor conocimiento de la materia.