Los Servicios Sociales de la Diputación de Bizkaia, con su diputado a la cabeza, Sergio Murillo, están imputados por arrebatar a un niña a su madre bajo el falso Síndrome de Alienación Parental. No contentos con eso, ahora retrasan sus informes para el otro juicio, el que permitirá que la menor vuelva con su progenitora. Y para rematar su actuación, advierten a algunos medios que los tribunales les darán la razón. Saben lo que va a ocurrir antes de que se celebre el juicio. Toda una bofetada al Estado de Derecho.
Mientras, una de las dos víctimas de esta tragedia, la madre: Irune Costumero, vuelve a pedir Justicia. Así, ha organizado una rueda de prensa en la que ha denunciado, una vez más, que ”llevo tres años separada de mi hija y no hay fecha de juicio”.
Según ha explicado, “Desde el 4 de agosto de 2017 llevo separada de mi hija, a la que me la arrancaron por la fuerza tras citarme con ella sin decirme para qué. Fue una emboscada. Tres ertzainas, seguridad privada y los técnicos se la llevaron entre gritos, porque ella no quería». La hija de Costumero tenía entonces 5 años y ahora tiene 8. «La Diputación se quedó la tutela y ahora está con su padre y sus abuelos”, explica.
Sin verla
Costumero insiste en “el dolor de no poder verla en todo este tiempo”. “Tengo solo cuatro horas de visita dos días a la semana, sin fines de semana ni vacaciones. Y no es porque no lo pida, ya que lo pido continuamente y me lo niegan. Durante los primeros seis meses tenía que verla en el Punto de Encuentro, y hasta el pasado enero tuvimos que ir siempre acompañadas por educadores. Sólo tres sábados he podido ir a comer con ella, de 12 a 20 horas, y eso lo consideran vacaciones”, afirma muy afectada.
En casos como éste es cuando más se acusa la lentitud de la Justicia y la potestad de los servicios sociales de hacer lo que les parezca sin necesidad de contar con un respaldo de los tribunales.
La acusación particular ha pedido penas de cárcel para Murillo y las tres funcionarias por “un delito de prevaricación administrativa, otro de maltrato de obra y dos delitos de lesiones físicas y psíquicas” y pide penas de hasta 5 años y 6 meses de cárcel y 15 años de inhabilitación, además de una indemnización de 600.000 euros.
