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Irune Costumero: “Hace tres años que me arrancaron a mi hija por el inexistente Síndrome de Alienación Parental”

Los servicios sociales de la Diputación de Bizkaia imputados por arrebatar a una niña a su madre advierten que el juez les dará la razón, mientras retrasan sus informes para el otro juicio para que la pequeña vuelva con su madre

María José Pintor
Directora Diario16.com Periodista en cuerpo y alma, licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad del País Vasco, tras 15 años en medíos de comunicación, creó Comunica2 con su compañero de vida y también periodista, Sergio Arestizabal, para demostrar que otra forma de comunicar es posible. Tras sufrir censura y presiones de los poderes públicos en el ejercicio de su profesión, hoy es libre. Durante años ha asesorado personas y empresas en crisis o injustamente juzgados por la opinión pública y publicada. Hoy tiene el reto de que el Periodismo abra un profundo debate interno sobre cómo recuperar la honorabilidad de aquellas personas a las que por error enturbió su imagen pública. Inconformista y crítica, como debe ser una periodista.
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Los Servicios Sociales de la Diputación de Bizkaia, con su diputado a la cabeza, Sergio Murillo, están imputados por arrebatar a un niña a su madre bajo el falso Síndrome de Alienación Parental. No contentos con eso, ahora retrasan sus informes para el otro juicio, el que permitirá que la menor vuelva con su progenitora. Y para rematar su actuación, advierten a algunos medios que los tribunales les darán la razón. Saben lo que va a ocurrir antes de que se celebre el juicio. Toda una bofetada al Estado de Derecho.

Mientras, una de las dos víctimas de esta tragedia, la madre: Irune Costumero, vuelve a pedir Justicia. Así, ha organizado una rueda de prensa en la que ha denunciado, una vez más, que llevo tres años separada de mi hija y no hay fecha de juicio”.

Según ha explicado, “Desde el 4 de agosto de 2017 llevo separada de mi hija, a la que me la arrancaron por la fuerza tras citarme con ella sin decirme para qué. Fue una emboscada. Tres ertzainas, seguridad privada y los técnicos se la llevaron entre gritos, porque ella no quería». La hija de Costumero tenía entonces 5 años y ahora tiene 8. «La Diputación se quedó la tutela y ahora está con su padre y sus abuelos”, explica.

Sin verla

Costumero insiste en “el dolor de no poder verla en todo este tiempo”. “Tengo solo cuatro horas de visita dos días a la semana, sin fines de semana ni vacaciones. Y no es porque no lo pida, ya que lo pido continuamente y me lo niegan. Durante los primeros seis meses tenía que verla en el Punto de Encuentro, y hasta el pasado enero tuvimos que ir siempre acompañadas por educadores. Sólo tres sábados he podido ir a comer con ella, de 12 a 20 horas, y eso lo consideran vacaciones”, afirma muy afectada.

En casos como éste es cuando más se acusa la lentitud de la Justicia y la potestad de los servicios sociales de hacer lo que les parezca sin necesidad de contar con un respaldo de los tribunales.

La acusación particular ha pedido penas de cárcel para Murillo y las tres funcionarias por “un delito de prevaricación administrativa, otro de maltrato de obra y dos delitos de lesiones físicas y psíquicas” y pide penas de hasta 5 años y 6 meses de cárcel y 15 años de inhabilitación, además de una indemnización de 600.000 euros.

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