El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dio a conocer el pasado jueves su última sentencia respecto a la aplicación del índice de referencia IRPH en los préstamos hipotecarios. La sentencia, tal y como publicamos en Diario16, es rotundamente favorable a los intereses de los afectados por la mayor estafa bancaria de la historia. Además, supone un nuevo tirón de orejas al Tribunal Supremo español, que intentó dar por cerrado el litigio afirmando que ningún préstamo IRPH puede considerarse abusivo y que no es necesario analizar dichos préstamos de manera individualizada.
Sin embargo, el TJUE corrige nuevamente al Supremo y le recuerda a los jueces españoles que deben analizar cada caso. Además, fija unos criterios que dejan muy poco margen para seguir declarando válido el IRPH sin incurrir en una prevaricación notoria.
Hay que dejar claro que el TJUE no ha anulado el IRPH ni ha dicho que su aplicación en el caso juzgado ha sido abusiva. No es su competencia y esa decisión está fuera de su alcance. «El Tribunal de Justicia no resuelve el litigio nacional y es el tribunal nacional quien debe resolver el litigio de conformidad con la decisión del Tribunal de Justicia. Dicha decisión vincula igualmente a los demás tribunales nacionales que conozcan de un problema similar», afirmaba el TJUE en su comunicado de prensa.
La sentencia responde con rotundidad a la pregunta planteada por la magistrada Margarita Isabel Poveda Bernal, que cuestionaba si puede considerarse contrario a la buena fe ocultar a los consumidores que el IRPH debía acompañarse de un diferencial negativo.
La pregunta hace referencia a una circular de 1994 mediante la cual el Banco de España recordó que el IRPH, al incluir comisiones y gastos en su cálculo, opera y operará siempre por encima del tipo de mercado, e indicó a las entidades bancarias que debían aplicar un diferencial negativo para compensar dicha anomalía. De lo contrario, el consumidor quedaría atado por un contrato que le obligaría a pagar siempre un precio superior al del mercado.
El Tribunal de Justicia, por tanto, ha determinado que corresponde a los jueces españoles verificar que los préstamos con IRPH llevan efectivamente un diferencial negativo. Si no lo llevan, como ocurre el 99% de los casos, el banco deberá demostrar que informó al consumidor del hecho de que su préstamo incumplía una circular del Banco de España y que en consecuencia sería siempre más caro que la media.
Los jueces españoles, incluido el Supremo, están ahora obligados a hacer esta verificación. El hecho de que la circular de 1994 fuera dirigida a las entidades bancarias, y no a los consumidores, deja bien claro que se trata de una información de la que el profesional sí disponía y que no era fácilmente accesible para el consumidor. La entidad bancaria, en esas circunstancias, estaba obligada a valorar si ocultar dicha información al consumidor podría hacer que éste tomara una decisión que de otro modo no tomaría.
Por eso, desde el pasado jueves se puede afirmar que a los jueces españoles les resultará todavía más difícil declarar válido un préstamo IRPH sin prevaricar.
Hasta ahora, el Tribunal Supremo ha hecho siempre una interpretación distinta de las sentencias del TJUE respecto al IRPH, y esto ha motivado acusaciones de prevaricación. Tras la cuarta sentencia, la del pasado jueves, se estrecha el cerco a su postura siempre favorable a la banca. Si con el criterio dictado por el TJUE el Supremo español sigue sin declarar nulo el IRPH las sospechas de prevaricación se harán todavía más notorias.
Además, cabe destacar que habrá una quinta sentencia del TJUE, pues en mayo de 2023 el Tribunal aceptó a trámite una cuestión prejudicial de un Juzgado donostiarra que pregunta expresamente, y con mucho detalle, sobre la interpretación que el Supremo ha hecho de las anteriores sentencias.
También hay que tener en cuenta la postura del gobierno español, gobernara el partido que gobernara, respecto a las sentencias sobre el IRPH dictadas en Luxemburgo. El gobierno español siempre ha ejercido su derecho a participar en el litigio, defendiendo siempre los intereses de la banca y actuando en contra de sus ciudadanos. PP y PSOE han invertido recursos públicos en presentar alegaciones, tanto escritas como verbales, para intentar convencer al TJUE de las bondades del IRPH. Diario16 publicó en exclusiva la argumentación presentada en el asunto que ha generado la sentencia del pasado jueves, y la actuación de la Abogacía del Estado es para avergonzarse de ser español.
La realidad es que miles de familias tienen cada vez más cerca la devolución de las cantidades cobradas indebidamente por la banca. Lamentablemente, ya será demasiado tarde para todos aquellos que han perdido su hogar por no poder hacer frente a las mensualidades infladas por este índice. También será tarde para las familias que se atrevieron a demandar a la banca y recibieron una sentencia contraria que, tal y como ha quedado demostrado, incumplía la normativa europea de defensa del consumidor. ¿Quién reparará el daño causado por estas sentencias contrarias a la ley? Sánchez o Feijóo, Feijóo o Sánchez, están obligados a dar respuesta y obligar a la banca a devolver los 70.000 millones de euros cobrados de más. Ahí se verá quién tiene un verdadero compromiso con la ciudadanía.
Ningún compromiso con ciudadanos estos dos perros no van hacer nada salvo que sumar gobiernen con el psoe
claroo que govierne y te ocupe la casa los peros flauta
Ninguno de los dos partidos políticos moverá un dedo por defender los intereses de los miles de afectados por el IRPH. Ciertos partidos políticos y la banca se deben muchos favores.