A diferencia de lo que está ocurriendo en las audiencias provinciales, el Alto Tribunal ha decidido empezar a admitir a trámite los recursos presentados por los afectados del IRPH.
En auto al que ha tenido acceso Diario16 se indica que el recurso de casación ha sido admitido porque «se han justificado los presupuestos que determinan el acceso al recurso».
Por otro lado, la Sala de Civil ha decidido abrir un plazo de 20 días en el que las partes «podrán hacer alegaciones sobre la sentencia del TJUE de 3 de marzo de 2020».
Patricia Suárez, presidenta de Asufin, en declaraciones a Diario16, ha afirmado «se están admitiendo los recursos de IRPH presentados en los primeros meses de 2017. Los estuvieron reteniendo hasta que hubiera una sentencia del TJUE. Ahora los están poniendo en marcha».
Las últimas sentencias de las audiencias provinciales que daban la razón a la banca han generado cierto pesimismo entre los afectados, lo que, desde algunos sectores, está siendo interpretado como una estrategia para, precisamente, desincentivar la interposición de recursos y romper la burbuja de optimismo que la sentencia del TJUE había creado entre las víctimas de este índice.
Sin embargo, la decisión de admitir a trámite por parte del Supremo los recursos y la petición de alegaciones respecto a la sentencia del TJUE es un hecho positivo dado que el Alto Tribunal asume, de manera subliminal, que «se encuentra en una situación novedosa», tal y como afirma Patricia Suárez.
Además, según ex magistrados del Supremo, la decisión de admitir a trámite y preguntar a las partes es algo inédito, nunca se había visto nada así.
En consecuencia, el Supremo abre una línea totalmente contraria a la iniciada (¿coordinadamente?) por las audiencias provinciales que se han posicionado claramente en contra de lo indicado por el TJUE, hecho por el que se les han interpuesto diferentes querellas por la comisión de un presunto delito de prevaricación, uno de los más graves que puede cometer un juez, si no el que más.
