Irene Lozano, Secretaria de Estado, compara la votación del 1 de octubre con una violación sexual

Irene Lozano ha vuelto a manifestar sus opiniones, después de que ya fuera criticada por sus afirmaciones en una entrevista a la BBC, donde pasó por alto la presunción de inocencia de las personas que hoy se sientan en el banquillo de los acusados por el juicio al Proceso soberanista de Cataluña.

Precisamente ayer, en la vista en la que la acusación daba respuesta a las cuestiones previas planteadas por la defensa, la Abogacía del Estado defendía a la Secretaria de Estado, argumentando la necesaria «contextualización» de sus palabras.

Después de que la Señora Seoane, Abogada del Estado, tratase de relajar las críticas contra la Secretaria de Estado por sus declaraciones ante medios internacionales, ese mismo día, Irene Lozano comparecía de nuevo ante un medio internacional. Y en su intervención fue mucho más explícita que en la entrevista tan comentada de la BBC.

Concretamente, Lozano comparaba el hecho de votar sin autorización con una violación sexual. Tratando de explicar así que ambas cuestiones son delictivas, cosa que según el ordenamiento jurídico español, es falso.

Precisamente el delito de convocar un referendum sin autorización fue eliminado del código penal durante el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, y a este respecto se pronunciaba hace pocos días Pablo Casado, lider del PP, en uno de sus mítines. Allí, anunciaba que, de estar en su mano, modificaría el código penal «para que organizar un referendum volviera a ser delito en el código penal».

Desde distintas instancias hoy se está exigiendo la dimisión de la Secretaria de Estado, que ha realizado unas declaraciones en las que menosprecia, por un lado, a las mujeres que han sufrido violaciones sexuales, utilizando semejante cuestión como argumento político en una cuestión que es incomparable. Por su parte, desde el soberanismo, afean su brutal comparación: primero por respeto a las víctimas de la citada violación; pero también por la falsedad y exageración injustificable de las palabras que una responsable de Estado no debería realizar, sobre todo cuando este asunto está sub judice.