"El periodista Kiko Mestre, del Diario de Mallorca"

De todos es sabido que una democracia consta de tres pilares fundamentales: poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial. Pero hay un cuarto poder tan importante como los anteriores que si es debidamente anulado pone en jaque el funcionamiento de todo el sistema: la prensa como vehículo de información veraz, libre e independiente. Hoy el periodismo atraviesa por uno de los momentos más críticos de las últimas décadas. Algunos países como Arabia Saudí persiguen implacablemente a los periodistas (el caso de Jamal Khashoggi, el reportero asesinado y vilmente descuartizado es buena muestra de ello), Donald Trump veta a los redactores que no son de su cuerda (Vox ya se ha sumado a esa estrategia política en España) y en las redes sociales se difunde a diario el bulo (propagado sin duda por algún elemento interesado del poder) de que todos los medios de comunicación obedecen y siguen la voz de su amo, ocultando la verdad y con el consiguiente descrédito para el periodismo. Eso por no hablar de las limitaciones legales que ha sufrido el cuarto poder en España en los últimos años. Por ejemplo, filtrar y publicar un sumario podría ser condenado con penas de cárcel.

No se debe perder de vista ese contexto social de dura restricción a la libertad de información a la hora de analizar el inquietante incidente que se produjo ayer en Palma de Mallorca. A media tarde un juez de la localidad balear ordenó requisar los teléfonos móviles y ordenadores de dos periodistas que habitualmente cubren información sobre tribunales y que en las última semanas trabajaban en el conocido como caso Cursach, un turbio asunto que investiga las supuestas relaciones entre el empresario de ocio nocturno Bartolomé Cursach y algunos agentes de la Policía Local de Palma. En una decisión sin precedentes, el juez Miquel Florit ordenó el registro de Europa Press Baleares y del Diario de Mallorca. La operación, que por lo visto contó con el visto bueno de la Fiscalía, terminó con la policía entrando en las sedes de los citados medios de comunicación y con el decomiso de los teléfonos móviles y los ordenadores de sobremesa de ambos periodistas.

El caso, lejos de quedar en una simple anécdota ocurrida en el transcurso de un asunto lejano en un juzgado de provincias, va camino de convertirse en un auténtico escándalo nacional. Y lo es por varias razones. En primer lugar, porque supone un ataque intolerable a la libertad de prensa reconocido en el artículo 20 de la Constitución Española y al derecho que tiene todo periodista ‒reconocido en la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional‒, a no revelar sus fuentes de información. Pero es que además un teléfono móvil no es solo una herramienta de trabajo fundamental para cualquier profesional de los medios de comunicación, sino un soporte que almacena datos personales y familiares, fotografías, documentos y listados de contactos privados, por lo que requisarlo supone una injerencia muy grave en el derecho a la intimidad de las personas, también reconocido en la Constitución Española. El juez que ha tomado la decisión de intervenir el teléfono, y también el ordenador personal, ha asumido un riesgo muy serio y podría enfrentarse a una querella por prevaricación, tal como aseguran expertos en Derecho consultados por Diario16.

En segundo lugar, los periodistas afectados por esta medida más propia de países totalitarios que de una democracia avanzada ni siquiera figuran como investigados o imputados en el proceso, de forma que no pueden defenderse ante la medida adoptada por el juez mediante la interposición de un abogado. A falta de que el suceso sea esclarecido, se sabe que los redactores habían recibido una simple notificación judicial en la que se les avisaba de que se iba a proceder al volcado de la información contenida en sus teléfonos móviles. Sin embargo, una medida que afecta a derechos fundamentales constitucionalmente reconocidos y garantizados debe ser adoptada mediante una resolución mucho más contundente y motivada, como un auto o similar, y a esta hora se desconoce si el juez siguió tal procedimiento. Según fuentes judiciales próximas al caso, “en el procedimiento abreviado 1002/2018 se ha abierto una pieza secreta por presuntos delitos de descubrimiento y revelación de secretos en la que no se está investigando a ningún periodista”.

Además, el fiscal delegado de Anticorrupción en Mallorca ha informado “favorablemente a la diligencia solicitada por la Policía para acceder a los dispositivos de almacenamiento en poder de los periodistas a fin de obtener las necesarias evidencias en la comisión de un delito”, según las citadas fuentes judiciales.

El asunto es muy grave y estalla precisamente en un momento en que ‒tras el recorte de las libertades a causa de la Ley Mordaza promulgada por el Gobierno de Rajoy y la polémica sentencia de las hipotecas‒, la independencia judicial está en entredicho. Alguien en el Consejo General del Poder Judicial debería tomar cartas en el asunto e investigar el truculento episodio hasta sus últimas consecuencias.

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1 Comentario

  1. No hombre, no. Es propio de democracias totalitarias, exactamente igual que destituir parlamentos elegidos, cargarse mayorías parlamentarias, privar de derechos a diputados elegidos por la soberanía popular, encarcelar a la presidenta de un parlament autonómic per permitir el debate, encarcelar a dirigentes de entidades sociales pacifistas porque piensan distinto.

    Vamos hombre, que lo de los periodistas es perfectamente legal y democrático.

    Cuanta razón tenía Martin Niemöller, muchos periodistas habéis sido, sois y seréis blanqueadores de este estado totalitario, así que ajo u agua. Ah, y a la redacción hay que venir llorados de casa.

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