“No existe ninguna ley ni reglamento que nos exija someternos al control de Interior para supervisar los CIEs”, afirmaba el diputado de En Comú Podem, Marcelo Expósito, en una entrevista a Diario16.
Tanto el Ayuntamiento de Madrid como el de Barcelona nos han confirmado que las palabras de Marcelo Expósito son ciertas. “Me confirman desde el Gabinete de Salud, Seguridad y Emergencias que no hay ninguna ley, norma o directriz que prohíba expresamente la entrada a los CIEs de diputados y concejales”, nos explicó el departamento de prensa del Ayuntamiento de Madrid.
Entonces, ¿por qué no pudieron pasar los diputados de Podemos al CIE de Aluche cuando sucedió el motín hace dos semanas? ¿Quién les impidió el paso?
¿Quién da las órdenes en los CIEs?
Ahora sabemos que el encargado de la entrada a los CIEs es el director del propio centro. Nos lo confirman los ayuntamientos de Madrid y Barcelona y también Julio García, abogado de derecho administrativo.
Durante el motín de Aluche, el director del CIE no se encontraba en Madrid, y había designado un Jefe de Seguridad para que le sustituyera hasta su incorporación. A él se dirigió el Ayuntamiento cuando “solicitó en reiteradas ocasiones entrar por la situación de emergencia y apremió para que funcionaran los dispositivos para tratar la situación. La cosa fue a peor: no se le permitió la entrada durante toda la semana al Samur, que suele hacerlo habitualmente en situaciones de emergencia”. El Ayuntamiento no duda en asegurar que “ha habido opacidad durante todo este proceso. La explicación a la negativa de acceso al CIE era siempre la misma, decía que consideraba que no era pertinente”.
La última autoridad en los CIE es el director del centro
El limbo de las competencias
Nos cuenta Julio García que “los ayuntamientos en materia de migración tienen pocas competencias” y por eso el director no deja pasar a los representantes de los ayuntamientos. “Es bastante sencillo. Puede ampararse diciendo que hay un problema de seguridad, que no tienen competencias los Ayuntamientos… no es especialmente complicado.”
“Normalmente la única competencia que suelen utilizar los ayuntamientos es la de licencia de actividades”: toda actividad que se desarrolle en un término municipal está sometida a licencia. Los diputados también pueden entrar en virtud de las competencias de Investigación y Control de la agenda de gobierno”.
“Hasta el momento no ha habido relación entre el Ayuntamiento y el CIE”. Pero ahora han estudiado los diferentes informes de las organizaciones internacionales y los testimonios de los propios internos e internas y “reclaman su competencia en materia de derechos humanos porque se sabe que se vulneran”.
El problema, como explica Julio García, es que “el Estado divide muy bien las competencias entre las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos y teóricamente allá donde no hay competencias no se puede hacer nada, aunque sea un problema de interés general”.
Los ayuntamientos sólo pueden asirse a la licencia municipal de actividades
El limbo de los derechos humanos
Nos comentaban también que un tema preocupante es que “no hay atención sanitaria las 24 horas; se suspende a partir de las once de la noche. Es una vulneración del derecho a la salud muy obvia a personas privadas de libertad”.
La quebrada atención sanitaria no es más que la punta del iceberg de la vulneración de los derechos humanos en los centros de internamiento de extranjeros. “Las condiciones del CIE no cubren los derechos de los internos y las internas en muchos aspectos. Llama la atención que el patio de mujeres es muy pequeño y se dan en ocasiones condiciones de hacinamiento. La higiene, la atención sanitaria, la seguridad y cuáles son los protocolos cuando los internos se “resisten” a ser deportados, las intervenciones de la Policía Nacional… Los CIEs son opacos”
Estas malas condiciones no son un caso aislado en el CIE de Aluche. En Barcelona también critican lo que presuntamente ocurre en estos centros y por eso piden su cierre. “Vistos los incidentes ocurridos en el interior del CIE (tres muertes en los últimos tres años, motines, huelgas de hambre), el Ayuntamiento tiene la obligación de exigir a la Delegación del Gobierno el cumplimiento de la normativa de actividades y seguridad, tanto por los internos como por los propios trabajadores del centro”, nos explicaban desde el departamento de prensa del Ayuntamiento de Barcelona.
Lo que está claro es que conocer las condiciones reales de la vida en los CIEs sigue siendo inaccesible. Organizaciones sociales, partidos políticos y los propios internos llevan años denunciando lo que ocurre en estos centros. Las últimas críticas las hemos podido escuchar de la propia Alcaldesa de Madrid, que tras visitar el CIE de Aluche confesó que “las condiciones son peores que las de una cárcel”.
