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Instagramers ponen en peligro su vida en la mina abandonada de Monte Neme ante la pasividad de la Xunta de Galicia

La Xunta de Galicia intentó un lavado de cara verde de la contaminación existente en la mina utilizando imágenes de las balsas de residuos en la publicidad turística, una medida que fue muy criticada

Juan Carlos Ruiz
Juan Carlos Ruiz
Periodista y Licenciado en Ciencias de la Información
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El precio de plasmar en una fotografía para Instagram esa aventura exótica y única que mostrar a los seguidores, en un entorno de tonalidades cromáticas imposibles, como es la mina abandonada de Monte Neme y sus balsas, en A Coruña, puede tener serias consecuencias para la salud. Son ya varios los jóvenes que han terminado en urgencias por bañarse en sus aguas, y después lo han contado en sus redes sociales.

La mina está contigua a la ZEPA (Zona de Especial Protección para las Aves) de la Costa da Morte. En sus orígenes se extraía wolframio, y en los últimos años áridos. Fue abandonada en 2014 sin que se llegara a restaurar, ni avales económicos que permitieran acometer la recuperación de los terrenos, una vez extinguida la empresa. Ese mismo año, se produjo una falla crítica de las balsas, de 20.000 litros de capacidad, lo que ocasionó la contaminación continuada de metales pesados en las aguas superficiales y subterráneas, por falta de medidas correctoras.

Tanto los ayuntamientos afectados como la Xunta de Galicia iniciaron demandas civiles contra la empresa minera y su aseguradora por los daños asociados a la rotura de las balsas de residuos en 2014 y la falta de restauración. Estas acciones solo tuvieron un éxito limitado tras la disolución de la empresa.

Varias asociaciones ecologistas han presentado repetidas peticiones a la Xunta de Galicia, al Defensor del Pueblo y al Parlamento Europeo (petición 42/2018, cerrada), sin que se hayan tomado medidas significativas. Tras una denuncia penal presentada por una asociación ecologista, un alto cargo fue imputado en 2021 por presuntos delitos de corrupción y contra el medio ambiente, según datos recogidos por el Observatorio Ibérico de la Minería.

Para Cristóbal López, portavoz del Área de Minería de Ecologistas en Acción, «tanto en España como en Portugal tenemos la Ley de Minas más retrógrada. Y a las empresas mineras se les pide muy poco aval. A lo mejor 10.000 o 15.000 euros en previsión de un desastre en la mina. No pagan por extraer. En cualquier otro país si tú extraes tienes un canon. Ser permisivo ha llevado a esto. Y deberíamos tener una Administración mucho más vigilante. Este es asunto de salud pública».

López reprocha que no haya «ni un sólo cartel diciendo: oiga, no se meta ahí que es peligroso. O no pasen por aquí que puede haber derrumbes»

Contaminación de aguas para consumo humano

El Observatorio Ibérico de la Minería ha constatado que las concentraciones tóxicas de metales pesados por los vertidos de drenajes ácidos de la mina han sido relacionadas con la elevada presencia de aluminio y otros metales en las aguas para consumo humano de las poblaciones próximas. Aunque la empresa fue sancionada en 2018 por vertidos ilegales, ya había sido disuelta en 2015.

Por su parte, Manuel Ferreiro, médico de urgencias del Hospital Universitario de A Coruña explica que «ese color turquesa que tienen las aguas, tan atractivo, es por la sílice, que no es tóxica, pero son balsas de residuos de explotación minera que tienen como tal trazas de metales pesados, fundamentalmente aluminio, pero puede haber otros metales como plomo, arsénico…entonces el baño está contraindicado, porque no es un baño seguro. Aparte de que el terreno es inestable, demás puede haber restos de maquinaria de exploración minera, como hierros, que pueden generar traumatismos graves si te bañas o te caes».

La mayoría de los últimos casos de intoxicación se han tratado en centros de salud de A Coruña. «Han tenido reacciones cutáneas como ronchas, irritación de mucosas, de los ojos sobre todo, y luego ha habido un caso que vino al hospital de una persona que había tragado un poquito de agua y el cuadro era más fuerte, con nauseas y algún vomito, pero nada grave».

Instalaciones de la vieja mina de wolframio y áridos

Daños al Patrimonio

La puesta en marcha de la mina ya estuvo marcada por la polémica, pues supuso la destrucción del cromlech megalítico de la «Eira das Meigas» o «Circo dos Xogos«, dónde se localizó en los años 50 una singular pieza de oro de la Edad del Bronce denominada «Arracada de Cances«. Por la zona afectada por la explotación transcurre también un ramal de una antigua ruta de peregrinación a Santiago de Compostela.

Tierra sin ley

Monte Neme ilustra, en palabras del Observatorio Ibérico de la Minería, «la negligencia administrativa y la ausencia de aplicación de la ley, ya que la mina fue abandonada sin garantías financieras para aplicar el plan de restauración, que también era inadecuado. Las autoridades sólo empezaron a exigir pagos financieros y garantías a la empresa, en vano, una vez que se disolvió en un procedimiento de liquidación. Las concesiones mineras se declararon caducadas antes de que se llevara a cabo la restauración».

Matriz propietaria y casos de corrupción

La matriz propietaria de la mina «ya se había visto implicada en varios casos de corrupción, y en 2021 se iniciaron procedimientos penales contra un alto funcionario público en relación con la contaminación que se estaba produciendo en la mina y con presuntas falsedades en documento público».

Varios grupos ecologistas solicitaron acceso a los expedientes administrativos relativos a la mina, «pero las autoridades lo denegaron con la excusa de que se debía dar audiencia a la empresa minera, aunque se sabía que ésta había sido disuelta judicialmente. Estos hechos formaron parte de una denuncia penal contra altos cargos de la Xunta».

Aspecto del agua de las balsas de residuos con altas concentraciones en metales pesados

Greenwashing a la gallega y el «sentidiño» de Feijoo

En 2019, el expresidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo, presidente del PP y senador, pedía «prudencia e sentidiño» descargando de cualquier responsabilidad a la Administración autonómica.«Porque es la antigua compañía explotadora la que tiene la obligación de recuperar el espacio», decía entonces. Pero la Xunta de Galicia «también intentó hacer un lavado de cara verde de la contaminación existente en la mina utilizando imágenes de las balsas de residuos en la publicidad turística, una medida que fue muy criticada», explica el Observatorio Ibérico de la Minería.

Tampoco ha habido mayor preocupación en todo este tiempo por señalizar o acordonar la zona para impedir la entrada de personas, ante el peligro que representan no sólo las balsas, si no las montañas de lodos que las rodean. Cuando llueve es frecuente que se produzcan derrumbes y hundimientos, algo que tolera la Xunta de Galicia, escudándose en la empresa gestora de la mina.

Fondos Next Generation de la UE para restaurar la mina

Antes de su liquidación, y a pesar de que la mina no contaba con garantías financieras ni con un plan de restauración, la empresa minera recibió más de 600.000 euros de financiación pública por parte de la Xunta de Galicia. En 2021, la misma Xunta solicitó 1 millón de euros de los fondos Next Generation de la UE para restaurar la minadespués de haber invertido ya 794.000 euros que la empresa nunca pagó.

Tanto los ayuntamientos afectados como la Xunta de Galicia iniciaron demandas civiles contra la empresa minera y su aseguradora por los daños asociados a la rotura de las balsas de residuos en 2014 y la falta de restauración. Estas acciones solo tuvieron un éxito limitado tras la disolución de la empresa.

Varias asociaciones ecologistas han presentado peticiones a la Xunta de Galicia, al Defensor del Pueblo y al Parlamento Europeo (petición 42/2018, cerrada), sin que se hayan tomado medidas significativas. Tras una denuncia penal presentada por una asociación ecologista, un alto cargo fue imputado en 2021 por presuntos delitos de corrupción y contra el medio ambiente.

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