Inmigrantes: ¿ciudadanos de segunda?

Leía estos días un interesante artículo de la versión española del New York Times en el que se trataba el hecho del censo que se está preparando en Estados Unidos. Un procedimiento que se hace cada diez años y que en esta ocasión no está exento de polémica. La importancia de poder determinar con mayor o menor exactitud el censo es fundamental para poder realizar la planificación del presupuesto: sobre todo en infraestructuras públicas.

El asunto está sobre la mesa y tiene mucha importancia: recientemente, la Corte Suprema paró los pies a la Oficina del Censo, indicándole que no consideraba oportuno -al menos por el momento- ir preguntándole a la gente si es o no ciudadana estadounidense.

Por su parte, el gobierno ha sido acusado de intentar usar la pregunta, según dice el NYT, para disuadir a las comunidades de inmigrantes de participar en el censo. Y se advierte de que un conteo en el que no se incluya a estas comunidades (que suelen vivir en distritos electorales demócratas) podría inclinar el poder político en el congreso y las legislaturas estatales hacia el Partido Republicano.

Las consecuencias de que no se registre a los inmigrantes en el censo, según los expertos, afectaría a la financiación federal para los programas dirigidos a la pobreza y a la atención médica, por ejemplo; al transporte, a la planificación escolar y a las inversiones del sector privado.

La alarma se está expandiendo entre los barrios donde habita población inmigrante: por un lado, les han recomendado que se apunten en el censo si vienen a preguntarles. Por otro lado, les han recomendado que tengan prudencia y no abran la puerta a cualquiera, puesto que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas está realizando redadas programadas.

El 70% de los extranjeros que viven legalmente en España no tienen derecho al voto

Durante las pasadas elecciones ha habido millones de personas que, aún estando con sus «papales en regla», no han podido votar en España. Pagan impuestos, son usuarios de los servicios públicos, pero no tienen derecho a votar.

Concretamente, en España viven de manera regular casi 5 millones de extranjeros mayores de 18 años, según ha informado Eldiario.es. De todos ellos, cumplen los requisitos para poder votar el 27% (1.263.000), por lo que más del 70% no puede hacerlo.

En las elecciones europeas pueden votar nacionales de los países miembro de la Unión Europea que residan en territorio español.

En las elecciones municipales la legislación establece que los inmigrantes podrán votar si proceden de algún estado miembro de la UE o de un tercer país que tenga un acuerdo recíproco con España en este sentido. Concretamente España tiene 12 acuerdos con terceros países, fundamentalmente de América del Sur. No se contempla, por lo tanto, que las personas provenientes de China y de Marruecos (que son casi un millón) puedan votar.

Pero hay algo más que los inmigrantes deben hacer para poder votar: apuntarse en el censo electoral. Y aquí es donde se produce un descuadre entre la realidad y los números. En total, solamente figuran 466.191 extranjeros en el último censo, lo que supone el 10% de la población inmigrante. Y de los inscritos, solamente 16.648 provienen de terceros países con acuerdos recíprocos para el sufragio.

Precisamente el profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Abierta de Barcelona, Rafael Naranjo, señalaba para eldiario.es que «Desde el punto de vista democrático, lo ideal sería que tengan derecho al voto aquellas personas que de manera estable quedan sujetas a las normas que dictan los poderes públicos del país en el que viven, que elijan a quien las elabora. Es uno de nuestros principales déficit democráticos, que además está muy asumido y normalizado».

Según reconoce el Migran Intergration Policy Index a través de un estudio sobre esta cuestión,, la participación política de los inmigrantes es uno de los ámbitos más débiles dentro de los procesos de integración y podría suponer uno de los más positivos.